La Intervención General de la Comunidad ratifica, que hubo irregularidades en el 'caso Ibercoop'

Las conclusiones del informe de control financiero de la Intervención General de la Comunidad sobre las subvenciones concedidas por la Dirección Regional de Empleo en 1991 ya están terminadas. La Intervención pone en solfa la gestión del director de Empleo, Juan Navarro, con 353 páginas y en tres volúmenes, por numerosas "irregularidades". Los consultores ratifican la existencia de una trama de empresas, que denominan grupo Hades, beneficiadas con ayudas millonarias de esa dirección por entregar trabajos "muy limitados" copiados entre sí o de libros. Los auditores reflejan la relación con ese grupo de Navarro, su asesor José Bravo y Bernardino Seoane, contratado de esa consejería.

La mayor aportación de la auditoría definitiva de la Intervención General, que Navarro recibió el pasado viernes y que se ha finalizado durante el mes de octubre, es precisamente la implicación del director de Empleo con Bravo, Seoane esa trama de empresas. Estas fueron fundadas por otro ex socio que acaparó la mayoría de las subvenciones entregadas por ese departamento para favorecer proyectos de asistencia técnica en las pequeñas empresas. Navarro y Bravo coincidieron en la fundación de la cooperativa Ibercoop en diciembre de 1986 con Cipriano Uceda Aragoneses, el auténtico promotor del Grupo Hades. Tres años después, esa sociedad cambia de responsables y entre los nuevos figura Bernardino Seoane.En 1991, el año analizado por los auditores de la Comunidad, Navarro ya es director de Empleo, Bravo es su asesor para estudiar las subvenciones -tras ser contratado por un tribunal-, y Seoane es administrador o accionista de todas las empresas de la trama. Bernardino Seoane, además, actúa en ese momento como asesor, mediante trabajos copiados que reciben subvenciones de la Dirección de Empleo, y firma un contrato de servicios con el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), organismo dependiente de la Consejería de Economía, de la que es alto cargo Navarro.

Comisión de investigación

Las conclusiones finales de la Intervención General serán determinantes para la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid, destinada a esclarecer el, funcionamiento de esas empresas del Grupo Hades, que de 1989 a 1992 recibieron más de 700 millones de pesetas de subvenciones y contratos de distintas administraciones públicas.

La intervención de la Comunidad señala, por ejemplo, que los 10 estudios entregados en 1991 por 10 empresas del Grupo Hades para justificar las ayudas "son idénticos y fueron realizados por la consultora Ibercoop, también relacionada con ese grupo". Esos proyectos recibieron 29 millones de pesetas. Los auditores han comprobado que esos mismos documentos -"fótocopias de un libro, un curso y la documentación de un congreso"- fueron presentados ya en 1990 por nueve empresas de la trama y por otras tres en 1989.

Los auditores visitaron, las sedes de algunas de esas empresas el 27 y 28 de enero de 1993 y revisaron sus estados contables. En los mismos se comprobó que "gran parte de las facturas presentadas como justificantes de los estudios realizados no están contabilizadas o han sido contabilizadas por menor valor".

Sobre los trabajos efectuados por Ibercoop para las empresas del Grupo Hades, los auditores deducen que todas esas sociedades "están relacionadas entre sí, tienen participaciones cruzadas en sus capitales sociales y hay un grupo de personas físicas que son promotores o accionistas de varias de ellas". Los nombres que más se repiten en el registro de esas sociedades son los de Uceda, Seoane y Fermín Bretón, miembro fundador con Carlos Sotos y Paulino Barrabés de la cooperativa PSV.

El equipo auditor relata que informó a, Jose Bravo -"el técnico que había firmado los infórmes correspondientes a estas empresas - de las deficiencias y mala, calidad de esos estudios. Bravo, continúa la auditoría, reclamó entonces del presidente de Ibercoop más información Y dos meses más tarde proporcionó nuevos documentos. En ellos, sin embargo, vuelven a observarse fallos, como la empresa que pretende demostrar 13 empleados en 1990 cuando no contrata hasta 1992 a su primer trabajador.

El informe auditor dedica 111 páginas a las alegaciones presentadas para su defensa por Juan Navarro. Éste dedica gran parte de ellas a atacar a sus auditores por no comprender la carga de trabajo -2.600 expedientes presentados- y la escasez de plantilla -32 funcionarios de carrera- de su dirección.

Además, pone en duda la profesíonalidad de los analistas por no mantener "un punto de vista independiente" y por incurrir "varias veces en falta de exactitud, objetividad y ponderación".