El juez Moreiras fija una fianza de 65.000 millones a cuatro ex directivos de PSV

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, ha impuesto una fianza de 65.000 millones de pesetas a cuatro directivos de PSV -Carlos Sotos, Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Francisco Hernández- en concepto de responsabilidad civil directa en el sumario que instruye por el caso PSV, según confirmaron fuentes jurídicas. El magistrado de la Audiencia Nacional, en un auto notificado ayer, ha declarado a PSV-IGS y a la central sindical UGT responsables civiles subsidiarios para el caso de que los directivos no depositen la fianza citada.

Los 65.000 millones de pesetas tienen como objetivo asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del proceso abierto por estafa, apropiación indebida y falsedades en documentos mercantiles, en el que figuran como inculpados la cúpula directiva de PSV e IGS y parte de la anterior ejecutiva de UGT, entre los que destaca su ex secretario general Nicolás Redondo.Tanto los cuatro directivos de PSV-IGS como UGT tienen un plazo de tres días para presentar recurso contra la decisión del juez, que en su auto advierte que en caso de que no sea satisfecha la citada cantidad, se procederá al embargo de los bienes de los cuatro directivos, las dos sociedades, y la central sindical. Miguel Bajo y Luz Almeida, abogados de Carlos Sotos informaron ayer que presentarán recurso contra la decisión de Moreiras por entender que la fianza es excesiva.

Indicios de criminalidad

Moreiras considera que existen indicios de criminalidad en los cuatro inculpados citados "de cuyas conductas personales e intervención ( ... ) en la gestión de IGS y de la cooperativa PSV, se han derivado graves perjuicios patrimoniales en multitud de personas". En el auto de Moreiras se señala que el perjuicio para los cooperativistas de PSV se eleva a "unos 49.000 millones de pesetas", si bien exige una fianza de 65.000 millones de forma solidaria entre los inculpados citados.

La cantidad, probablemente la más alta fijada nunca en la justicia española, ha causado cierta sorpresa en medios jurídicos. No obstante, el abogado Juan Ramón Montero, en representación de la Asociación de Dados de Baja de la PSV, había solicitado la imposición de una fianza de 130.000 millones de pesetas. Montero dijo ayer que la decisión está en la línea de lo solicitado por la asociación a la que representa porque el juez ya acordó hace meses la intervención de las letras pendientes de pago de los cooperativistas por lo que el perjuicio se redujo. El letrado de la acusación entiende que la medida del juez Moreiras es ilustrativa y refleja la insolvencia grave en la que está la cooperativa. Para Montero no se puede hacer la segregación de las promociones hasta que se conozca la situación real de PSV y después hacer un reparto proporcional de lo que haya.

, Miguel Bajo, por su parte, indicó que el auto de Moreiras sólo constituye un perjuicio para los cooperativistas, porque descapitaliza IGS y PSV, e imposibilita el inicio de la construcción de las viviendas. Al mismo tiempo no permite un convenio de acreedores idóneo en la suspensión de pagos de IGS-PSV, dificulta la segregación de las promociones de la cooperativa y hace prácticamente imposible la concesión de créditos a los cooperativistas. En este sentido abundaron fuentes jurídicas de la UGT, quienes mostraron su preocupación de que la medida afecte a la viabilidad del plan de segregación de las promociones y por tanto al objetivo de construir las viviendas.

[Por su parte, el secretario general del sindicato, Cándido Méndez, afirmó anoche que lo que más le preocupaba era que la medida "pueda perjudicar a la salida, que ya estaba correctamente encauzada, para el gravísimo problema que tiene los cooperativistas", según citó Europa Press.]

Mientras tanto, uno de los abogados de la acusación Francisco Méndez Goas señalaba: "La fianza no es tan exagerada como para no poder prestarse. Son miles de perjudicados los que han aportado sus cantidades y se les han causado daños materiales y morales".

Adolfo Alvarado, presidente de la Asociación Madrid Sur, una de las promociones de PSV, afirmó ayer que lo que debe primar es que las viviendas se terminen. "A lo mejor", precisó Alvarado, "esta decisión judicial es contraproducente para la separación de las promociones y la viabilidad en, la terminación de las casas. No obstante, se demuestra que estos señores tenían que estar en la cárcel".

El único de los acusados que permanece en prisión, desde el pasado 29 de junio, es Sotos, que era presidente ejecutivo de IGS y gerente de PSV. Barrabés, que fue presidente del consejo rector de la cooperativa PSV y vicepresidente del consejo de administración de IGS, estuvo 15 días en prisión pero fue puesto en libertad tras constituir una fianza de 10 millones de pesetas.