El tribunal hace pública hoy la sentencia contra Hormaechea y sus consejeros

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria hará pública hoy la sentencia del juicio contra el presidente cántabro, Juan Hormaechea, y nueve miembros de su primer equipo de gobierno, por varios delitos de prevaricación y malversación. Tras dos meses de juicio, tres aplazamientos y sesiones plagadas de incidentes, el caso Hormaechea llega a su fin: el presidente cántabro se enfrenta a una petición del fiscal de 18 años de inhabilitación. En medios judiciales se da por segura la condena, aunque no por la totalidad de los delitos que se le imputan.

La lectura pública de la sentencia, anunciada para el pasado día 21, fue aplazada a hoy lunes a fin de que la difusión del veredicto no coincidiese con la jornada de reflexión de las elecciones vascas. Hormaechea no escuchará la sentencia sentado en el banquillo ya que, en la última fase de la vista, prescindió de su letrado y asumió su propia defensa.En medios judiciales se da como seguro que uno de los tres magistrados que juzgaron a los procesados, José Redondo, emitirá un voto particular, lo que da indicios del carácter condenatorio de la sentencia. Redondo podría solicitar la absolución basándose en defectos de forma y de procedimiento. Hormaechea podría quedar absuelto de algunos de los cargos que se imputan y ser condenado por otros.

La petición inicial del fiscal Lucio Valcárce, consistente en 33 años de inhabilitación especial para Hormaechea por cuatro delitos de prevaricación, fue rebajada después a 18 años, al entender el ministerio público que los cuatro delitos independientes podían subsumirse en un delito continuado. La petición de pena también incluye un delito de malversación.

Indemnización

Por su parte, el letrado de la acusación particular -cuatro diputados adscritos a los grupos socialista, mixto, regionalista, y CDS- solicitó 31 años de inhabilitación para el presidente regional, así como 24.años de prisión menor y el pago de una indemnización de 40,5 millones de pesetas a la Diputación regional, que debería abonarse solidariamente por todos los procesados. La acusación particular también pide que se imponga a Hormaechea el pago de una indemnización de tres millones a título personal.En cuanto a los demás procesados, el fiscal solicita penas que rondan los 18 años de inhabilitación para el ex vicepresidente del Gobierno Roberto Bedoya y los ex consejeros de Economía y Obras Públicas. Todos están acusados de los mismos delitos de prevaricación continuada y malversación. Las penas solicitadas para el resto de los consejeros oscilan entre los 15 años de inhabilitación para los ex consejeros de Turismo, Ecología y Cultura, ocho para el ex titular de Ganadería, y seis para el actual consejero de Cultura y el extitular de Sanidad.

El periódico Alerta recogía ayer en sus páginas que en la Diputación cántabra se esperaba con "serenidad y buen ánimo" el veredicto y aseguraba que si se emite un voto particular "constituirá un hecho moral muy trascendente para Seguir luchando contra una querella política que no tiene legitimidad y va a ser enjuiciada por jueces con connotación política muy marcada, precisamente de izquierda".

Hormaechea puede recurrir ante el Tribunal Supremo y solicitar también el amparo del Constitucional, además de acogerse finalmente al Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo. Mientras la sentencia no sea firme podrá seguir al frente del Ejecutivo regional y presentarse a las elecciones autonómicas de mayo de 1995.