Un árbitro 'tarjetero'

Creado por la Constitución de 1978 como su máximo intérprete y árbitro, el Tribunal Constitucional es un órgano que no puede actuar por iniciativa propia, y que ha corregido a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sus tarjetazos han molestado en especial a algunos miembros de este último, que en febrero de 1994 plantearon protestar al Rey.La maquinaria que funciona en el moderno edificio de la madrileña calle de Doménico Scarlatti, número 6, con un presupuesto para 1994 de 1.400 millones de pesetas, está integrada -además de por los 12 magistrados- por 117 funcionarios, 57 de ellos procedentes de la Administración civil, más tres documentalistas y un jefe de informática. El resto procede de la Administración de Justicia: el secretario general, 24 letrados, 3 secretarios de justicia, 6 oficiales, 17 auxiliares y 5 agentes. Es notable el peso jurídico de los letrados, a los que corresponden funciones de estudio y asesoramiento de los magistrados.

El procedimiento es fundamentalmente escrito. Sólo ha celebrado cinco vistas públicas de otros tantos recursos de amparo: en 1985, una impugnación de una comisión municipal y un recurso sobre el derecho de educación; en 1986, sobre un hábeas corpus; en 1990, una demanda electoral, y en 1994, por la expulsión de un argelino.

Los 12 magistrados actúan en pleno, para decidir sobre la impugnación de normas legales por los políticos -50 diputados, 50 senadores, Gobierno, Defensor del Pueblo o comunidades autónomas- o los jueces -cuando éstos dudan de la constitucionalidad de una ley- o para resolver conflictos entre el Estado y las autonomías. También se dividen en dos salas -cada una de seis miembros, presididas, respectivamente, por el presidente y vicepresidente del tribunal-, para resolver los numerosos recursos de amparo de los ciudadanos que creen vulnerados los derechos y libertades que la Constitución les reconoce.Los recurrentes reclaman sobre todo el derecho a la tutela judicial efectiva, que se ha convertido en un recurso escoba frente a las resoluciones judiciales poco acordes con las exigencias de la Constitución. Invocan también los derechos a la igualdad y no discriminación; integridad física y moral; libertad ideológica, religiosa y de culto; honor, intimidad y propia imagen; inviolabilidad de domicilio; libertad de expresión e información; asociación, reunión y manifestación; educación; sindicación y huelga, y objeción de conciencia.

El trabajo de la casa gira en torno a los 12 magistrados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, "independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato" de nueve años. De los 28 integrantes del alto tribunal desde su constitución en 1980, 19 proceden de la Universidad, ocho de la carrera judicial y uno de la abogacía. No ha habido ningún fiscal, jurista también previsto en la Constitución para formar parte del alto tribunal.

De los 12 jueces constitucionales, cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado -en ambos casos por mayoría de tres quintos-, dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En sus 14 años de funcionamiento han integra do el alto tribunal 28 juristas sólo uno de ellos mujer, Gloria Begué, que fue vicepresidenta. Los presidentes sucesivos fueron tres catedráticos: Manuel García-Pelayo, de Derecho Constitucional; Francisco Tomás y Valiente, de Historia del Derecho, y el actual, Miguel Rodríguez-Piñero, de Derecho del Trabajo.

Cada tres años corresponde renovar cuatro magistrados. La última renovación se produjo en 1992 y afectó a los propuestos por el Congreso. La próxima se producirá en 1995 y afectará a los dos propuestos por el Gobierno -el actual presidente y el vicepresidente, Luis López Guerra- y a los dos propuestos por el CGPJ -Carlos de la Vega y Eugenio Díaz Eimil-, todos ellos en 1986. Así pues, en 1995, además del relevo de cuatro magistrados, se renovará la cúpula del alto tribunal. Si se confirma la dimisión de Fernando García-Mon, los grupos del Senado tendrán que ponerse de acuerdo sobre su sustituto.

Desde el 15 de julio de 1980 -fecha de inicio del tribunal- hasta el 31 de julio de 1994, el total de asuntos ingresados en el Constitucional fue de 28.361, de los que 26.684 (un 94 %) fueron recursos de amparo. En esos 14 años, el total de asuntos resueltos fue de 25.157, en su gran mayoría -24.276- por las salas, a las que habitualménte compete resolver los recursos de amparo. El número de resoluciones es inferior al de asuntos resueltos, ya que algunas sentencias ponen fin a varios de ellos acumulados.