El buque insignia se hunde

A la tercera basta. Después de desembolsar más de 52.000 millones de pesetas en 14 años, el Gobierno no está dispuesto a que las cifras sigan engordando, ni tampoco arriesgarse a un nuevo proceso de privatizacion de la factoría de General Textil España (antes Intelhorce) tras el fracaso de los dos intentos anteriores. La presentación del expediente de suspensión de pagos el viernes puede suponer el primer paso en la muerte definitiva de una empresa -la intención de Patrimonio es liquidar la sociedad- cuyos trabajadores han vivido estos años amenazados por una constante incertidumbre. La previsible muerte de Intelhorce marca también el fin de un modelo, el desarrollismo, en el que Intelhorce abanderó la esperanza de consolidar un sector industrial que equilibrara una economía monodependiente de un sector tan inestable como el turístico.Desde su fundación en 1957 como empresa pública con vocación de impulsar la industria textil en Andalucía, Intelhorce se fue convirtiendo poco a poco en un buque insignia para el desarrollo de Málaga. Posiblemente no haya otra empresa cuya crisis pueda ser tan sentida por la población, de ahí que se empiece a hablar de una nueva Santana. Pero la historia de Intelhorce es también una muerte anunciada, al menos desde que el Estado asumiera por segunda vez su titularidad en 1992.

La aventura nunca fue fácil. Ante las continuas pérdidas económicas, en 1972 el Instituto Nacional de Industria, presidido por Claudio Boada, vendió la factoría al grupo catalán Castell. Pero la gestión privada del Grupo Castell, en el que recaló Boada tras dejar el INI, resultó un fracaso y en 1980 se volvió a nacionalizar, integrándose en el grupo de Patrimonio del Estado. Hasta 1989, este organismo gastó en la factoría 38.353 millones de pesetas que no sirvieron para frenar la carrera de pérdidas, que en esa década sumaron 17.584 millones, según datos del Ministerio de Economía. Intelhorce, que en su origen llegó a tener una plantilla en torno a los 3.000 trabajadores, ya había perdido para entonces casi la mitad.La desgracia hizo entonces que la historia de Intelhorce entrara en oscuros capítulos de culebrón, muchos de los cuales siguen sin ser resueltos. Tras una costosa operación de saneamiento, General Textil España pasó a manos de las sociedades Benorbe y Berservice, propiedad del empresario italiano Giovanni Orefici, a quien se entregaron además 5.869 millones de pesetas para ampliar un capital social, que llegó a alcanzar los 26.000 millones de pesetas. Las razones de por qué fue Orefici el comprador elegido nunca se han explicado suficientemente. Los sindicatos consiguieron demostrar la falsedad de una de las razones, la presunta vinculación de Orefici con el grupo Benetton, del que tan sólo era concesionario de algunas tiendas, y aún no se explican hoy por qué se vendió una sociedad de 21.500 millones de capital social a otra con sólo 10 millones.

Por las operaciones que se realizaron en aquel proceso de privatización, el Tribunal Europeo de Luxemburgo ha ratificado recientemente una sentencia que obliga a Intelhorce a devolver al Estado 4.200 millones de pesetas de ayudas que vulneraron la legislación comunitaria. Esta obligación constituye ahora uno de los argumentos de Patrimonio para sostener la inviabilidad de la empresa.

Oreficí se descolgó con una petición de 9.000 millones de pesetas para garantizar el futuro de la compañía. Esta es la versión del ministerio sobre la gestión de Orefici: "Se centró en un constante desvío de los fondos sociales para atenciones particulares y para cubrir los cuantiosos quebrantos del resto de sociedades de su propiedad". La factoría llegó a paralizarse por falta de suministros y una auditoría de Deloitte and Touch, además de pérdidas de 3.461 millones en un solo ejercicio, el de 1990, llegó a detectar ciertas anomalías como impago a Hacienda y Seguridad Social, desvío de fondos y sobrevaloración de existencias. Orefici tampoco atendió el primer plazo de pago de la venta, 700 millones de pesetas, que debió pagar en julio de 1991.

CC 00 e Izquierda Unida llegaron a presentar una denuncia por siete presuntos delitos distintos que la Fiscalía General del Estado ordenó archivar de inmediato. Tres años más tarde, en julio pasado, tras conocer nuevas auditorías, fue la propia Dirección General del Patrimonio la que denunció judicialmente a Orefici por presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, falsedad documental, contra la libertad y seguridad en el trabajo y contra la hacienda pública.