El Gobierno reduce al 5% el umbral de privatización para mantener el control

La Comisión de Subsecretarios del pasado miércoles introdujo un cambio esencial en la Ley de Privatización, o, por decirlo más exactamente, la Ley que regula la Continuidad de la Actividad Empresarial en caso de Enajenación de Participaciones Públicas en Determinadas Empresas, dicho sea con el florido y poco arriesgado lenguaje de los administrativistas. En la redacción inicial del texto, se facultaba al Gobierno a reservarse el derecho de aprobación por decreto de actividades estratégicas en el momento en que la empresa vendía el 10 % de su capital; la Comisión, más radical, redujo este umbral y lo situó en el 5%.

Con esta modificación, la clave legal para el proceso de privatización funcionará de acuerdo con el siguiente mecanismo: en el momento en que una empresa pública, con participación estatal superior al 25%, privatice más del 5% de su capital, el Gobierno puede aplicar la claúsula de reserva admitida en la Ley y decidir por decreto: a)la venta de activos de esa empresa; b)las operaciones de fusión, segregación o liquidación de la sociedad y c)privatizaciones superiores al 5%, cifra que se desprende de la premisa contenida en el primer párrafo.

Es importante recordar que el texto del borrador que ayer fue a Consejo de Ministros no reconoce la retroactividad -es. decir, no puede ser aplicado a empresas con participación menor del 25% en el momento de la aplicación de la Ley, aunque con anterioridad fuese superior- y es aplicable asimismo a las empresas participadas por las CC AA en ese porcentaje mínimo y por los Ayuntamientos.

Manos libres

En la práctica, el borrador de la Ley establece que el Gobierno tiene las manos libres para ejecutar cualquier proceso de privatización que desee y en as condiciones que considere oportunas. Porque el hecho de que pueda decidir por decreto sobre decisiones estratégicas de las compañías privatizadas no impide que gestione una a una cada privatización y en cada caso empresarial, aplique una solución distinta, si lo desea.El departamento de Industria, que es quien ha redactado la Ley, considera que el texto podía

Ministros de ayer -finalmente no lo fue- o en el próximo. Según las versiones recogidas por EL PAÍS, el texto cuenta inicialmente con el visto bueno del presidente del Gobierno, Felipe González -quien calificó la Lewy como una norma de "pantalones largos"-, aunque en algunos niveles ministeriales se temen posibles ataques de la oposición por supuesto intervencionismo. Al terminar el Consejo de Ministros de ayer se daba por seguro que la Ley será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo viernes.