Todos quieren ser Jordi Pujol

Felipe González suele comentar frecuentemente, con sorna melancólica, que su poder empieza y termina en los límites del Palacio de la Moncloa porque a partir de sus lindes son los presidentes autonómicos, los 17 barones, quienes gobiernan y deciden.El jueves de la semana pasada González se sentó en el Palacio de la Moncloa ante nueve de esos barones -los de militancia socialista- que representan la gestión de unos siete a ocho billones de pesetas, nada menos que la tercera parte del presupuesto nacional. Iban a preparar el debate sobre el estado de las autonomías que se celebrará los días 26, 27 y 28 en el Senado. Por primera vez los presidentes autonómicos y el jefe del Gobierno tendrán oportunidad de discutir en un foro público el modelo del Estado español y su futuro.

En La Moncloa tuvo González la oportunidad de comprobar cómo la ideología socialista ha cedido a un pragmatismo territorial, a un particularismo regional, en la inmensa mayoría de sus nueve interlocutores, presidentes socialistas.

El de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, fue el único que mantuvo un discurso ideológico sobre la vertebración de España, que se elevaba por encima de los problemas regionales y locales. Y no por casualidad. Además de la afición inveterada de Leguina a la teorización política, sucede que gobierna la comunidad con menos relieve de España, tapada por las sombras que proyectan la sede del Gobiemo central y la Zarzuela.

José Bono, el presidente de Castilla-La Mancha, envuelto desde el verano en una cadena de contenciosos con el Gobierno central y algunas comunidades vecinas -la guerra del agua, las Hoces del Cabriel- afirmó en la reunión que no puede renunciar a hacer un discurso reivindicativo de la región que representa durante el debate sobre el Estado de las autonomías. Lo mismo sucedió con José Marco, el presidente de Aragón, ahora a la cabeza de la manifestación aragonesa que pide la reforma unilateral del estatuto de autonomía para igualarlo en competencias al vasco y catalán. Una reivindicación a la que se mostró reticente cuando estaba en la oposición y a cuyo frente se ha puesto hace sólo unos meses, cuando consiguió la presidencia del Gobierno regional con el apoyo de un tránsfuga.

El presidente andaluz, Manuel Chaves, que representa la comunidad con más presupuesto de España, estuvo más discreto, pero, tras las elecciones autonómicas de junio, ha radicalizado su discurso andalucista. Los populares de Javier Arenas y los comunistas de Luis Carlos Rejón, que suman mayoría en el Parlamento regional, quieren imponerle el discurso que leerá el día 26 en el Senado. El presidente de La Rioja, José Ignacio Pérez Sáenz, también tiene sus propias cuitas: gobernar un territorio encajonado entre Navarra y el País Vasco, que gozan de ventajas fiscales gracias al Concierto Económico. La expectativa de una reforma estatutaria también está cantada.

Curiosamente, el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, -que representa a la región más pobre de España mantuvo una actitud más discreta. Su antípujolismo de hace un año, cuando los vivos debates sobre la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas, ha decaído. Los viajes frecuentes de González a Extremadura, en fines de semana, han suavizado las aristas de Ibarra.

La necesidad de un hecho diferencial para la propia comunidad, rentable electoralmente, en unos casos, y el mimetismo, la necesidad de igualar en atribuciones a otras autonomías donde la demanda política ha sido más fuerte, en otros, planearon en algunas de las intervenciones de la reunión en La Moncloa de presidentes socialistas. La mayoría quiere aprovechar un debate de impacto con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de mayo.

Casi todos los presidentes quieren ser Jordi Pujol, el presidente autonómico más veterano y poderoso, que ha sabido rentabilizar de manera inigualable sus 14 años al frente de la Generafitat catalana. En el fondo, la inmensa mayoría de los presidentes autonómicos, socialistas y también populares, le admiran y envidian por el poder que ejerce hacia dentro y fuera de su comunidad. González reprochó suavemente a los suyos el exceso de localismo, les pidió una visión del conjunto de España y que reduzcan al mínimo sus reproches a la Administración central, porque el debate del Senado no debe ser de control del Gobierno sino versar sobre la manera de construir el Estado autonómico y mejorarlo.

El panorama disperso de los socialistas no se diferencia de los presidentes del PP. Juan José Lucas, presidente de Castilla y León, la región más extensa de España, se ha convertido en la punta de lanza del aznarismo en materia autonómica, desplazando al presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga. El veterano político conservador, reconvertido al galleguismo desde el comienzo de su presidencia y, según creen los socialistas, aspirante a presidir el Senado cuando el PP obtenga mayoría, frena el discurso victimista que pudieran hacer los presidentes autonómicos del PP frente a las comunidades autónomas de vía rápida, gobernadas por nacionalistas. El Gobierno central ha procurado ofrecer siempre a Fraga, presidente de una comunidad de vía rápida, lo mismo que a Pujol.

Pese a todo, el popular Juan José Lucas ha anunciado su beligerancia en este debate frente al Gobierno. El temor más extendido entre los socialistas es que los dardos de Lucas se desplacen contra el nacionalismo catalán y la Generalitat, algo que se cree muy improbable en Fraga o en el presidente balear, Gabriel Cañellas, un conservador moderado que gobierna la comunidad más rica de España y que, además, asumió la cesión del 15% del IRPF frente a la posición generalizada del PP contraria a ella. Un debate sobre el estado de las autonomías, centrado en un cruce de reproches entre unas comunidades y otras, sería un auténtico fracaso, según, ha manifestado uno de sus principales impulsores, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña.

El discurso nacionalista español del PP también encuentra una quiebra en el presidente de Navarra, Juan Cruz Alli, -de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en las elecciones autonómicas y del PP en las generales-, un político foralista. El cuasi nacionalismo navarro de Allí se escapa totalmente al control del PP. La política del Gobierno navarro la decide él y una expresión de ello ha sido su reciente decisión de no investigar al ex presidente de la comunidad, Gabriel Urralburu.

Los presidentes cántabro, Juan Hormaechea, y canario, Manuel Hermoso, son la expresión de la dispersión de los conservadores. Regionalista uno y con pretensiones nacionalistas el otro, cuestionan los objetivos vertebradores del centro-derecha español de Aznar. Un flanco por el que siempre penetran los socialistas cuando reprochan al PP la reproducción de la conservadora y dispersa Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de los tiempos de la República.

Una comunidad no estará representada en el debate, la vasca. El lehendakari Ardanzá, del PNV, será el único de los 17 presidentes que no asistirá. Los nacionalistas vascos han decidido desentenderse del debate para no consagrar un foro que no les gusta por su multilateralidad.