Bofetadas perdidas

La falta de colaboración entre socialistas y populares para cubrir los cargos institucionales vacantes desde la pasada legislatura (el Defensor del Pueblo, entre otros) ha conducido al Parlamento al callejón sin salida de incumplir sus deberes constitucionales. Las elecciones del 64 y el quórum exigido para los nombramientos (tres quintos de cada Cámara) se combinan para hacer obligatorio el acuerdo entre los 159 diputados del PSOE y los 141 diputados del PP: ninguno de los dos partidos podría alcanzar los 210 votos requeridos sin la ayuda del otro, aun contando con el respaldo de los restantes grupos.Socialistas y populares han utilizado esa capacidad de bloqueo mutuo no sólo para tratar de aumentar o conservar su respectiva cuota de poder institucional; también han empleado la situación de empate como arma de guerra psicológica orientada a mostrar ante la opinión pública la impoluta nobleza de las intenciones propias y la torva malicia de los móviles ajenos. Durante estos meses, los dirigentes del PSOE y del PP han inventado triquiñuelas y tendido trampas para que el adversario cayera en una celada, pisara un cepo o perdiese los papeles; socialistas y populares han alternado los papeles de íncubo y de súcubo en, esa comedia de enredo cuyo único argumento era aislar al rival y ponerle contra las cuerdas.

Después de las elecciones europeas, pareció que socialistas y populares habían llegado a un acuerdo para cubrir las vacantes institucionales; al regreso de vacaciones, sin embargo, los palos de ese sombrajo veraniego se han caído con estrépito. El motivo del nuevo fracaso ha sido la presentación oficial en el registro del Congreso por el PP -con el respaldo de IU, Coalición Canaria y Esquerra Republicana- de la candidatura del magistrado Martín Pallín para Defensor del Pueblo. Los socialistas consideran que esa iniciativa rompe de manera unilateral las negociaciones en curso con el PP para la renovación de los órganos constitucionales; pero la maniobra de los populares, aunque seguramente desleal, es la devolución de tarjeta de una maquinación simétrica realizada hace pocos meses por el PSOE. El Gobierno parece interesado en salvar el principio de autoridad; como ocurrió hace dos años con algunas candidaturas para el Constitucional, los socialistas consideran una traición que Martín Pallín -un veterano defensor de los derechos humanos- sea apadrinado por el PP.

Si esa fobia fuese legítima, los partidos sólo podrían presentar para los cargos institucionales a sus afiliados o simpatizantes; ocurre, sin embargo, que la renuncia a las cuotas partidistas y los méritos propios de los candidatos (sean o no militantes) son los únicos criterios compatibles con el espíritu constitucional. Pero a los partidos les ha importado menos el contenido de las propuestas que ' su origen; menos la idoneidad de los candidatos que las siglas de su patrocinador; menos la dignidad de las instituciones -que su control. Los profesionales de la política han desviado ahora hacia Martín Pallín las bofetadas perdidas en sus cerrados juegos de poder; el veto del Gobierno socialista es tanto más incongruente cuanto que su candidatura había sido patrocinada inicialmente por las Organizaciones No Gubernamentales. Sin duda, cabría buscar gente con iguales méritos que Martín Pallín; pero difícilmente se encontrará a un candidato con mayores cualificaciones para ser Defensor del Pueblo que este magistrado del Supremo, militante de Justicia Democrática, fundador de la Asociación Progresista de Fiscales y ex presidente de la Asociación pro Derechos Humanos. El trato dado a Martín Pallín por los socialistas no humilla. a quien lo recibe, sino a quien lo impone; aunque los partidos se crean ungidos de poderes taumatúrgicos para absolver a los oportunistas de sus pecados, esa autoatribuida capacidad sacramental resulta ineficaz para excomulgar y lapidar a quienes acampan más allá de sus fronteras disciplinarias.