Fraude del avestruz
CASI CUATRO años después de detectarse, en unas oposiciones del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), un fraude masivo en favor de personas del entorno del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), la reacción de la dirección de esa formación ha consistido en criticar al juez por haber hecho público el auto en periodo preelectoral y por haber acusado a su dirigente a partir de "meras conjeturas con débil apoyatura jurídica". Eso ha sido todo. No ha habido dimisiones ni ceses; ni siquiera petición de excusas a los 50.000 opositores burlados (ni a los contribuyentes, a quienes el asunto ha costado 231 millones de pesetas).Semejante reacción se produce meses después de que una comisión de investigación del Parlamento vasco constatase que habían sido manipulados más de 500 exámenes de opositores miembros del PSE-EE o próximos al mismo -o a la UGT-; y después de que el congreso del PSE-EE aprobase, en mayo pasado, la creación de una comisión de ética destinada a dilucidar las responsabilidades derivadas de comportamientos corruptos de sus militantes, al margen de que existan o no consecuencias penales.
A lo largo de estos cuatro años, la dirección del PSE ha amagado con dar ejemplo de honestidad tantas veces como ha decidido aplazar esta intención para mejor ocasión. Siempre ha deslizado el argumento de que los demás -en referencia, sobre todo, al PNV- han hecho lo mismo cuando han podido. Cuando aparecieron las pruebas que comprometían a su vicesecretario general, el argumento se completó con la matización de que "no se ha llevado un duro". Él mismo manifestó que se dedicaba a hacer gestiones gratis en favor de los más desfavorecidos, pero fue incapaz de dar una explicación racional de su presencia en el lugar en que se cometió el fraude -un hotel de Madrid- el día en que se dio el cambiazo de los exámenes.
Frente a ese afán pueril por rehuir las consecuencias de las propias acciones se ha elevado la voz del consejero de Justicia del Gobierno vasco, Ramón Recalde. En un artículo publicado en Bilbao ha recordado que el fraude no es una conjetura, sino una evidencia. Y ha reprochado a sus compañeros su incapacidad para reconocer que "el daño no lo ha hecho el juez, sino los autores del fraude". Dice que el PSE debe "asumir la responsabilidad. Esto se hace, en democracia, ante los electores". Al recordar algo tan obvio ha demostrado la lucidez y la honestidad que, a tenor de sus reacciones cobardemente defensivas, parecen faltar a otros socialistas vascos.
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