Siete años sin sueldo

Hilario Aznarte, licenciado en Derecho, percibe sólo 53.000 pesetas mensuales de la universidad. La sanción preventiva le ha supuesto unas pérdidas económicas de 14 millones de pesetas y, aunque confía en que su pleito se resolverá antes de que le llegue la jubilación, los antecedentes no presagian que vaya a ocurrir así. Aznarte, soltero, debe mantener además a su madre, de 89 años y enferma. "Yo podía hiber optado por el alcohol, por el juego, pero me he refugiado en el derecho y por las tardes ayudo, sin sueldo, en un despacho de abogados".El inicio de su intrincada desventura se remonta a 1973, cuando presentó, su primer recurso contra la universidad. Ese año logré la plaza de funcionario -fue número uno en los dos niveles del concurso-, pero los responsables de la universidad no le permitieron elegir destino y fue enviado a la: Escuela de Arquitectura dónde ejerció como administrador y jefe de la secretaría. Su escrupulosidad en el cumplimiento de la ley fue lo que le granjeó, a su juicio, un largo periodo de "persecución" que aún no ha vencido.

En 1973, el Ministerio de Universidades e Investigación, y no el rectorado, como es preceptivo, le abrió expediente disciplinario. En total fueron 24 las imputaciones que el ministerio planteó contra él, entre ellas la de discutir con sus compañeros. "No había pruebas ni constaba la fecha en que se produjerón, para que yo no pudiera alegar su prescripc¡ón", se lamenta.

El expediente terminó en 1981 y Aznarte fue sancionado con un traslado forzoso a Ceuta ciudad que forma parte del distrito universitario de Granada-, con cambio de residencia. Aznarte asegura que cuando se resolvió el expediente éste ya había caducado. Sin embargo, decidió marcharse a Ceuta. "Me encontré, con dos sorpresas,' La primera, que no había sido cesado el adnmistrador delegado a quien debía sustituir, y que el propio. administrador me dijo que volviera a Granada", recuerda.

Retención de haberes

Así que regresó a Granada y traté infructuosamente de hablar con el rector de su universidad, él catedrático de Derecho, José Vida. La universidad interpretó su vuelta como que había cometido una falta muy grave de abandono -del servicio, y otra leve de incumplimiento, del deber de residencia, le abrió otro expediente disciplinario al tiempo que le suspendía de empleo y sueldo de manera "provisional empieza la parte inaudita del relato. Los servicios jurídicos universitarios elevaron el segundo expediente al rector granadino en 1987 para que lo resolviera, sin tener en cuenta que, según la Ley de Reforma Universitaria (LRU), carecía de competencias para imponer sanciones que implila pérdida de la condición de funcionario.

Tras una "considerable dilación", en palabras de Margarita Retuerto, se remitió la propuesta de resolución al Consejo de Universidades, pero, desgraciadamente, la decisión no era acertada, ya que dicho consejo sólo resuelve las sanciones de los funcionarios docentes. De modo que el expediente fue rechazado y puesto de nuevo en curso.

¿Adónde fue? La propuesta llegó al Ministerio para las Administraciones Públicas, que a su vez no se dio por aludido porque las competencias sobre la universidad habían sido ya transferidas a la Junta de Andalucía.

Así que el expediente partió para Sevilla, donde aún permanece, dado que la Administración autónoma no tiene constancia de. la transferencia efectiva de Aznarte como funcionario. Entretanto, Hilario Aznarte no se 'ha quedado quieto. Ha expuesto su caso al Defensor del Pueblo, que el 30 de agosto le respondió con una carta comentando las incidencias y el comportamiento de la maquinaria burocrática, que es lo único que, está en sus manos por el momento. Además, ha requerido a la Audiencia, de Granada para que se pronuncie sobre la retención de sus haberes como funcionario, pero tampoco ha tenido contestacion.

Aznarte, con la barba crecida y ojeroso, muestra como consuelo las palabras de Margarita Retuerto. Lo ocurrido, dice la defensora del Pueblo en funciones, "evidencia que la actuación de las administraciones públicas ha sido, desde diversos puntos de vista, ineficaz y ha dado lugar a dilaciones indebidas y a trámites -innecesarios en razón de los cuales la resolución de los expedientes tramitación de las diversas cuestiones conexas se hayan dilatado mucho más de lo que resulta razonablemente admisible".

"A mí, en cambio, no me reprocha nada", comenta a la defensiva el funcionario.