El Estado cubre el 80% del gasto de los partidos sin que ello evite la financiación ilegal

Ochenta de cada cien pesetas que gastan los partidos políticos españoles "proceden de los presupuestos públicos", pero esa financiación pública "no desplaza la financiación ilegal". Estas son dos conclusiones que contiene un documento elaborado por Luis Mardones, de Coalición Canaria, presidente de la Comisión sobre la Financiación de los Partidos Políticos y su Endeudamiento, y que ha sido distribuido a los otros seis comisionados, uno por grupo parlamentario. El PSOE y el PP prefieren podar el texto y que sea sólo un guión de trabajo sin este tipo de juicios previos.

El documento tiene carácter de propuesta de actuación y síntesis de problemas que la presidencia somete a la comisión, y en él se enumeran unos "presupuestos de partida" en los que se incluye el porcentaje de la financiación pública y se asegura que es algo que "los partidos reconocen". En el texto se señala que la proporción ponderada del número de afiliados a los partidos políticos en España es la más baja de Europa" y que es "todavía menor el número de cotizantes de cuotas".La comisión parlamentaria tiene carácter mixto: por una parte investigará la financiación y el endeudamiento de las formaciones políticas, y, por otra, elaborará propuestas para una futura ley de partidos.

Entre las conclusiones que se ofrecen a la comisión como punto de partida para sus trabajos figura la necesidad de garantizar "la democracia interna de los partidos políticos, en cuanto a su organización y funcionamiento, incluidas las garantías judiciales", con lo que se apunta con claridad el problema de falta de democracia interna que padecen las organizaciones políticas.

El documento recoge el dato de que "en la actualidad se encuentran registrados más de 1.400 partidos diferentes en el registro del Ministerio del Interior", aunque sólo unas pocas decenas alcanzan representación en las instituciones.

En un apartado sobre los problemas respecto a la financiación privada de los partidos, se afirma que, "al parecer, el nuestro es el único país que establece sanciones y restricciones" sobre esta forma de recaudar fondos. Fuentes de la comisión aseguraron que en la práctica totalidad de los países existe algún tipo de topes y de control para las aportaciones privadas a los partidos políticos.

El documento propone a continuación la supresión de los límites legales existentes y, como complemento a esa posible medida, "establecer un régimen de publicidad de los ingresos, los gastos y el balance de los partidos políticos".

Las mismas fuentes matizaron que, desde 1987, cuando se aprobó la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, sus cuentas las fiscaliza el Tribunal de Cuentas y se debaten públicamente en el Congreso.

La comisión deberá decidir si acepta el texto de este documento o se reduce a un guión de cuestiones a debatir por los siete diputados que la integran.