El fiscal demanda que se reforme la ley para que el indulto sea una excepción

La Fiscalía General del Estado aboga por una reforma de la ley de indulto con el argumento de que la medida de gracia debe ser "excepcional" y, en todo caso, "motivada" pues de lo contrario "puede suponer una invasión del ámbito Jurisdiccional, a modo de una nueva sentencia". El fiscal del Estado, Carlos Granados, ha incluido en la última memoria de la institución, asumiéndola, esta petición del fiscal de Valladolid. Granados y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Pascual Sala, intervendrán hoy en la apertura del año judicial presidida por el Rey.

El escrito de la fiscalía recuerda que la ley sobre el ejercicio de la gracia de indulto, de 1870, tenía carácter "provisional" y era el complemento indispensable del "durísinio régimen de penas" decimonónico. Critica la supresión del informe previo del Consejo de Estado, que decidió Franco en 1938 y la democracia no ha subsanado, la "incesante concesión de indultos" y, sobre todo, la "falta de motivación expresa"El fiscal recuerda que la Constitución obliga a cumplir las decisiones de los tribunales y que el excesivo rigor puede paliarse mediante los beneficios penitenciarios y no con la medida de gracia que, en la práctica, es "una nueva sentencia, sin contradicción, sin razonamiento alguno e irrevocable". En todo caso, "el respeto debido al Poder Judicial exige una resolución motivada" y "suficientemente detallada", tanto si se concede el indulto como si se rechaza.

Control sobre la reinserción

La memoria incluye otras alusiones a la reinserción, objeto de una fuerte polémica entre los partidos firmantes del pacto antiterrorista. Un estudio del fiscal de Barcelona Alonso Cristóbal reclama el "control jurisdiccional de las progresiones y clasificaciones de grado" de los presos, que ahora deja en manos de la Administración la concesión del régimen abierto. Hace falta, dice, una "delimitación adecuada de las funciones de los juzgados de vigilancia y de la Administración Penitenciaria, extendiendo al máximo posible la competencia judicial y evitando la existencia de zonas negras no controlables por el Poder Judicial".El Fiscal de Murcia, Lanzarote Martínez recuerda la inexistencia en España, "al margen de algunas iniciativas locales", de programas de "asistencia inmediata, auxilio e indemnización" a las víctimas de delitos violentos, similares a los que hay en muchos países europeos.

En el capítulo de las reformas legales, la memoria recoge una propuesta de la fiscalía de Teruel para que se cambie la pena de dos años y cuatro meses con que se castiga a los insumisos, que califica de "exagerada", por "medidas privativas de derechos", como el acceso a cargos o empleos públicos, como prevé el proyecto de Código Penal.

Como novedad, propone que a los convictos de insumisión se les ofrezca "una ultima oportunidad" de redimir su pena a cambio de realizar un trabajo social bajo control penitenciario. Menos optimista es el fiscal de Cantabria, quien cree que este problema "sólo tendrá término cuando se afronte de una vez la profesionalización del Ejército".

Especiálmente llamativo es el reconocimiento, por parte de la fiscalía de Madrid, del "fracaso del modelo disciplinario" previsto para castigar las faltas de los jueces y magistrados, "cuyos escasísimos frutos son el caldo de cultivo de una cierta sensación de impunidad del colectivo judicial".

Según el escrito, asumido por el fiscal del Estado, la "sola existencia" de estas opiniones, independientemente de su fundamento, debería ser suficiente para estudiar un cambio de sistema. La modificación que propone consiste en atribuir al fiscal buena parte de la instrucción de los expedientes contra jueces y magistrados, quienes ahora se investigan a sí mismos, con un procedimiento que califica de "endogámico".

La menoria se ocupa también de los reality shows "cuyo éxito de audiencia está fundamentado en la explotación de los aspectos más morbosos de la crónica negra del acontecer hurnano", según un escrito de la fiscalía de Madrid, que considera que el secreto del sumario impide participar a los profesionales judiciales en tales espectáculos paralelos o anticipados".

El mismo texto pide que se regule la retransmisión de los juicios por televisión, advirtiendo del peligro de transformar a los testigos, lo que "ya está ocurriendo, en actores involuntarios, al servicio de una programación que ignora sus derechos". Sin olvidar, agrega, a "algunos jueces, cuya actitud cambia radicalmente ante las cámaras, pasando frecuentemente de la apatía a la hiperintervención, en un alarde quizá subconciente de protagonismo".

La ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros es objeto de un análisis de la fiscalía de Barcelona tras nueve años de vigencia. El estudio considera insatisfactoria la intervención judicial en las expulsiones de los extranjeros sujetos a proceso penal y advierte que "la comisión de un delito se convierte, objetivamente, en una garantía para permanecer ilegalmente en España", mientras que el internamiento cautelar de extranjeros no se ajusta a los criterios fijados por el Tribunal Constitucional.

En apoyo a la anunciada regulación por ley de las uniones de hecho, la misma fiscalía reclama una norma que garantice la protección de los derechos de los hijos de parejas no casadas que cesan en su convivencia.