Reflexiones para una negociación

El pasado 31 de mayo de 1994 se constituyó entre el Gobierno y los sindicatos la mesa de negociación sobre la reforma del PER y el Plan Especial de Zonas Rurales Deprimidas, dándose así respuesta tanto a la petición de los sindicatos como al informe aprobado por el pleno del Parlamento el día 19 de mayo.El objetivo de este artículo es reflexionar sobre lo que ha supuesto, después de 10 años de funcionamiento, este sistema de protección al desempleo para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía

Extremadura, las carencias y perversiones puestas de manifiesto y, por tanto, las líneas de reforma necesarias para consolidarlo y adaptarlo a la realidad, corrigiendo sus defectos.

Conviene, por tanto, en primer lugar, resaltar lo que el Parlamento pone de manifiesto:

1. Que sigue siendo necesaria la existencia de un sistema de protección específico para los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura.

2. Que el mismo ha tenido efectos sociales y económicos que merecen una valoración muy positiva: ha contribuido a la reanimación del cielo económico. Ha contribuido decisivamente a fijar la población al territorio. Se han mejorado las infraestructuras y la calidad de vida de la población. Ha supuesto un elemento de protección adicional que ha conseguido aproximar las tasas de cobertura al desempleo de Andalucía y Extremadura a la media nacional.

3. Que no existe fraude generalizado. Yo añadiría que este sistema está sometido a cinco veces más controles que cualquier otro sistema de protección (90.000 controles en 1993, 130.000 previstos para 1994, con un nivel de irregularidades detectado del 7%, del que sólo 1/3 son fraude).

4. Que el sistema puede y debe ser mejorado y realiza una serie de propuestas, entre las que destaca el "definir un procedimiento de acceso al sistema que ajuste los requisitos exigidos con carácter general a cada realidad comarcal".

A estas consideraciones del Parlamento habría que añadir algunas más:

5. El PER es una conquista de los trabajadores del campo, que sin lugar a dudas hay que mejorar, pero tan importante para la dignidad de más de 250.000 trabajadores que nos obliga a cuidarlo con mimo, a defenderlo.

Este sistema, que en 1984 sustituyó, con el acuerdo de UGT y, posteriormente, de CC 00, al viejo y denigrante Empleo Comunitario, está siendo atacado sin piedad de forma permanente y sistemática. El objetivo es acabar con un sistema que, a pesar de sus defectos, ha conseguido un mínimo de dignidad para miles de trabajadores. Cuanto más desprotegidos estén los trabajadores del campo, más obligados estarán a aceptar las condiciones de trabajo que imponga el patrón, piensan algunos ilustres de la caverna.

Para ello no dudan en insultarlos y ofenderlos, relacionando el subsidio con el "voto cautivo", algo que, además de indignación, me produce escalofríos por las connotaciones fascistas que semejante razonamiento tiene.

6. El PER es barato, muy barato. El coste medió por subsidio agrario en 1993 era de 449.907 pesetas (téngase en cuenta que los mayores de 52 años disfrutan de mayor protección, lo cual eleva la media y que el trabajador de vuelve al Estado en forma de cotización a la Seguridad Social algo más de 100.000 pesetas/año), mientas que el coste medio por parado en España es de 863.439 pesetas).

La evolución del gasto aplicado al subsidio ha sido significativamente menor a la del resto del sistema de protección por desempleo. En el periodo 1984-1993 el incremento medio interanual del subsidio fue del 15,4% (de 42.130 millones a 100.745 millones) y la del resto del sistema del 29,6% (de 579.836 millones a 2.123.603 millones). A partir de 1990, como consecuencia de la reforma llevada a cabo de acuerdo con los sindicatos, el incremento interanual se ha reducido del 25% en el periodo 1984-1990 al 1,9% a partir de 1990. Estos datos, además de poner de manifiesto la corresponsabilidad de los sindicatos en preservar y proteger el sistema, demuestran, en contra de la opinión extendida de que el "Sur vive del Norte", que a pesar del subsidio agrario la protección al desempleo es 12 puntos inferior en Andalucía y Extremadura que en el resto del país y ha crecido notablemente menos que la del resto de España, 24,4% anual frente al 30%, lo que ha agravado, en 1993, las diferencias existentes en 1984. En ese mismo año, 1993, se dedicaron en protección al desempleo en Andalucía y Extremadura 760.733 pesetas por parado; en el resto de Europa, sin embargo, fueron 863.439 pesetas. En 1984 el Subsidio Agrario representaba casi la mitad de toda la cobertura al desempleo de Andalucía y Extremadura, en 1993 representó la séptima parte de esa cobertura.

Después de este análisis conviene ahora reflexionar sobre las perversiones y carencias del sistema y sus posibles soluciones.

En relación con las 60 peonadas, tanto el Parlamento como el Gobierno, así como un estudio encargado por el Ejecutivo a petición de los sindicatos, para evaluar el volumen de trabajo que genera la agricultura en Andalucía y Extremadura, ponen de manifiesto algo que los sindicatos venimos diciendo hace algunos años: en muchas zonas del territorio andaluz y extremeño es muy dificil conseguir las 60 peonadas, sencillamente porque la agricultura, y cada vez menos, no las genera. En una parte importante del territorio es incluso incapaz de generar 10 o 15 jornales de media.

Ante esta realidad hemos propuesto al Gobierno que reduzca el número de jornales necesarios para acceder al subsidio mediante una de las dos fórmulas siguientes:

a) Una reducción generalizada y uniforme para Andalucía y Extremadura.

b) Una reducción generalizada y adaptada a la realidad de cada zona agrícola (escala móvil), fórmula esta por la que se inclina el Parlamento.

Se trata, en ambos casos, de adaptar el requisito a la realidad.

Ahora bien, una cosa es adaptar el sistema a la realidad y otra bien distinta eliminar totalmente las 60 peonadas, algo que no compartimos los que desde su nacimiento hemos luchado y seguimos haciéndolo por este sistema.

Esta medida supondría:

-Despojar al sistema del elemento que lo caracteriza y distingue como un sistema de protección al desempleo dirigido exclusivamente a los trabajadores eventuales agrarios y que incluso permite, y así tiene que ser para no obstaculizar el empleo esporádico o eventual de corta duración, compatibilizar el cobro del subsidio con un trabajo eventual, eso sí, con la obligación del trabajador de declararlo con posterioridad.

-Convertir al sistema en un salario social cualquiera, no vinculado al trabajo agrario y donde todo el mundo podría entrar. A corto plazo, en mi opinión, se produciría un aumento espectacular tanto del número de beneficiarios como del gasto, el caldo de cultivo ideal para que a las numerosas voces que claman por su supresión se les sumaran otras nuevas. Voces que cuestionan el incipiente Estado de bienestar; voces, por qué no decirlo, que ya han conseguido aunque sea injusto, erosionar la imagen pública del subsidio.

-Podría producir importantes distorsiones en el mercado de trabajo en el campo y lo que es peor, "no faltarían intentos de restringir el acceso al subsidio endureciendo el acceso y permanencia en el Régimen Especial Agrario, tal y como propone la derecha, con efectos nefastos para muchas futuras pensiones".

Y por último, "abrirles la puerta de par en par a los jóvenes para que se enganchen sin dificultad alguna al subsidio desde los 16 años haría que muchos de ellos, que en la actualidad se esfuerzan por buscar otras alternativas, optaran por lo más fácil". Semejante irresponsabilidad no nos la podemos permitir.

Estamos, por tanto, ante una de esas propuestas ultraizquierdistas que, pretendiéndolo o no, podría acabar con el sistema.

Para la otra gran perversión del sistema, "no incentiva el trabajo", los sindicatos hemos propuesto introducir el derecho al "desempleo contributivo" para todos los trabajadores del campo de España, incluidos los de Andalucía y Extremadura, como fórmula ideal para incentivar y premiar el mayor trabajo.

En Andalucía y Extremadura operarían así dos sistemas de protección: Uno, el actual subsidio reformado que operaría como suelo y garantía de protección para los que trabajen menos; otro, de carácter general, de parecidas características al régimen general, para aquellos que más trabajen.

Con la introducción de esta medida se conseguiría:

a) Empezar a hacer justicia con un colectivo discriminado, yo diría que de forma inconstitucional.

b) Un importante trasvase de beneficiarios del subsidio al sistema general.

c) La afloración de miles de jornadas trabajadas, pero no cotizadas, sobre todo fuera de Andalucía y Extremadura.

d) Incentivar el trabajo, evitando por tanto, el que algunos trabajadores abandonen el mismo cuando han conseguido las 60 peonadas.

En mi opinión éste es el gran reto y la mayor dificultad de las actuales negociaciones. Limitarse a mejorar el subsidio y el PER, algo que, sin duda, es necesario y está ya prácticamente aceptado por todos; o por el contrario, dar un salto cualitativo mucho más importante introduciendo el desempleo contributivo: el Gobierno a petición de los sindicatos, ya está elaborando un estudio sobre el tema, debería superar las reticencias puestas de manifiesto hasta ahora.

En cuanto a los mayores de 52 años, habría que intensificar su protección equiparándola, aunque sea de forma progresiva, al régimen general.

El PER, sobre todo los convenios Inem-Corporaciones Locales debe aumentarse de forma significativa en la perspectiva de duplicar. los fondos dedicados a políticas activas de empleo.

Las inversiones debieran dirigirse prioritariamente a las infraestructuras en el campo, sólo deben participar en las obras los eventuales agrarios y debiera reservarse una parte del presupuesto, no más del 10%, para proyectos generadores de empleo estable (algunos debieran haberse enterado ya de que el PER no está pensado ni puede estarlo para generar empleo estable por su carácter redistributivo y porque los jornales son utilizados para acceder al subsidio). Además, deben introducirse fórmulas de reparto a nivel provincial y local lo más objetivas posibles, eliminando cualquier tipo de reparto político.

El Plan Especial de Zonas Deprimidas, que actualmente afecta a Castilla La Mancha, Castilla León, País Valenciano y Murcia, cuyos fondos han sido reducidos a la mitad en los últimos años, tiene que ampliarse a Aragón y Canarias. Los fondos del plan deben, cuando menos,. ser duplicados y hay que implicar más a los Gobiernos autónomos para que los complementen.

Los consejos comarcales deben ser dotados de los medios adecuados y ampliarse sus competencias.

En cuanto a la formación, el Gobierno ya ha aceptado plenamente la propuesta sindical de apostar por las Casas de Oficio como instrumento fundamental para el futuro, una vez constatado el fracaso de los actuales planteamientos. 5.000 millones se invertirán en 1995 en el mundo rural para poner en marcha una centena de estos centros.

A modo de conclusión pretendemos acercamos lo más posible a la equiparación de derechos con los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social e incentivar el trabajo y la iniciativa, alejándonos de posicionamientos fracasados de dependencia extrema del Estado. El reto siguiente será reformar el REASS, convirtiendo a los trabajadores del campo en ciudadanos de primera clase.