Los tres etarras entregados por Uruguay ingresan en el hospital penitenciario a su llegada a España

El peripecia de los etarras Luis María Lizarralde, Jesús María Goitia y Miguel Ibáñez, detenidos en Montevideo en mayo de 1992, terminó pasadas las cinco de la tarde de ayer, cuando el avión que les traía de vuelta a España aterrizó en la base de Torrejón (Madrid). Atrás quedaba una fuerte polémica que ha dividido a la sociedad uruguaya y que culminó el miércoles en fuertes disturbios en la capital del país. Desde la base aérea, los etarras fueron trasladados al hospital penitenciario de Carabanchel (Madrid), donde a las 18.30 quedaron ingresados, a la espera de que el juez les llame a declarar

Fuentes penitenciarias indicaron que, aunque no se conoce el resultado de los análisis que se les practicaron a su llegada al hospital, "el estado de los tres presos es aparentemente bueno, dentro la lógica debilidad". Los etarras iniciaron una huelga de hambre el día 11, a la que sumaron otra de sed ocho días después, para impedir que les entregaran a España. Esta actitud, según las mismas fuentes, la depusieron ayer, al aceptar la ingestión de líquidos.En la base de Torrejón, los extraditados fueron recibidos por la secretaria del juzgado de instrucción número 5, a cuyo frente se encuentra eventualmente Carlos Bueren, quien les notificó el auto de ingreso en prisión por los numerosos delitos de los que se les acusa, incluidos cinco asesinatos.

Dos de los etarras bajaron del avión por su propio pie, mientras que el tercero necesitó una camilla. Todos ellos fueron examinados en el aeródromo militar por el forense de la Audiencia Nacional. Desde una hora antes de la llegada del Boeing-707, familiares y abogados de los miembros de ETA, una decena de personas se congregaron ante la entrada principal de la base, vigilados por un importante despliegue de Policía y Guardia Civil.

Carmen Galdeano, defensora de los etarras, declaró que había intentado ver a Bueren para pedirle permiso para hablar con sus clientes en el aeropuerto, aunque admitió que legalmente no tenía derecho a ello, pero el magistrado ni siquiera quiso recibirla. "Sólo queríamos explicarles su situación. Darles ánimos", dijo Felisa Zumalde, esposa de Goitia.

Íñigo Elkoro, otro de los abogados, dijo que "el Gobierno uruguayo se ha saltado a la torera los convenios internacionales de derechos humanos al autorizar la extradición de los refugiados vascos" y aseguró temer "por su integridad fisica y psicológica". Cuando las tres ambulancias que transportaban a los presos franquearon la puerta de salida de la base, escoltadas por cinco vehículos policiales, los congregados les aplaudieron y jalearon con gritos de "¡Gora ETA!".

A bordo del avión viajaban también cinco funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y un equipo sanitario formado por un médico y dos auxiliares, al que se sumó en Montevideo otro médico uruguayo, en representación de Cruz Roja Internacional.

Acusaciones a Lacalle

Mientras, Jon Idígoras, diputado de Herri Batasuna, fue expulsado ayer tarde de Uruguay al considerar el Gobierno que efectuó declaraciones "inadmisibles". Se le dieron seis horas para abandonar el país al que había entrado como turista. En una rueda de prensa desarrollada el miércoles en el restaurante Gure Trainera, Idígoras insinuó que el presidente Luis Alberto Lacalle aceptó la entrega a España de tres presuntos miembros de ETA a cambio de ayuda material, aunque reconoció no disponer de pruebas. "Pero sí tengo el convencimiento", dijo. Acusó al ejecutivo de de Montevideo de ceder "a las pretensiones de un Gobierno tan desacreditado como el español" así como de inmiscuirse en los asuntos "de terceros países".

Con la entrega de Lizarralde, Goitia e Ibáñez se cierra un conflicto inciado en mayo de 1992, cuando trece presuntos miembros de ETA fueron detenidos en Montevideo, donde regentaban un restaurante. La Justicia española pidió la extradición de ocho de ellos, pero los tribunales uruguayos denegaron la entrega de los otros cinco. La extradición se ha concedido para que sean juzgados de los siguientes delitos:

Luis María Lizarralde. Está procesado por la Audiencia Nacional en cinco sumarios y su entrega ha sido condicionada a que se le juzgue en cuatro de ellos. Son: el asesinatos del fotógrafo Germán González López, el del coronel Luis de la Parra Urbaneja y del guardia civil Luis Miranda y el asesinato frustrado de guardias civiles en Pasajes.

Jesús Maria Goitia. Podrá ser juzgado por la Audiencia por la colocación de una bomba en Oñate (Guipúzcoa) en 1988, que mató al artificiero Juan Díaz Romano.

Miguel Ibáñez Oteiza. Sobre él pesan cuatro procesos pero su entrega por las autoridades uruguayas a las justicia española sólo autoriza a juzgarle por el asesinato de Sebastián Aizpiri, en 1988.