Libre competencia discutible

En septiembre del pasado año, el Ministerio de Transportes pidió al Tribunal de la Competencia que investigara a las compañías petroleras españolas por prácticas restrictivas a la competencia (EL PMS, 129-93). La decisión cayó como una bomba en el seno mismo del Gobierno, con enfrentamientos entre distintos departamentos, ya que por primera vez un organismo oficial hacía causa común con las acusaciones vertidas por las multinacionales del sector y por los transportistas, que también llegaron a presentar un recurso.Casi un año después, no ha habido ninguna decisión. Pero las acusaciones de entonces siguen valiendo ahora: los precios de venta al público (PVP) en la gasolineras son prácticamente idénticos aunque vendan distintos operadores, los PVP han dejado de tener margen respecto a los precios máximos autorizados hasta llegar a coincidir, existen grandes empresas de transporte que obtienen descuentos de hasta el 25%, y hay indicios de repartos territoriales entre las empresas distribuidoras en algunos productos de venta al por mayor, como fuelóleo y gasóleo.

Hay mucha tela que cortar en este sector, pero las sospechas de prácticas colusorias tienen suficiente fundamento. Los datos son tozudos. Si se observa, centrándonos únicamente en los precios de las gasolineras, la evolución desde principios de 1993 -cuando se liberalizó el sector y las empresas empezaron a fijar sus precios-, éstos son prácticamente iguales que los máximos autorizados, con diferencias rara vez superiores a los 20 céntimos. Además, hay coincidencia entre los distintos operadores. Los precios los fijan las empresas distribuidoras y ese margen se ha quedado reducido a la nada. El resultado fue que, a lo largo de todo el año pasado, los consumidores pagaron unos 25.000 millones de pesetas más que en 1992 por la misma cantidad de litros, y ello dejando al margen la subida de cinco pesetas del impuesto, en agosto de 1993.

Las empresas españolas (Repsol, CEPSA y BP Oil) siempre han negado que se pongan de acuerdo. Aducen que los precios responden a que tienen que rentabilizar sus inversiones, y se refugian en el alza de los precios del crudo y en el mantenimiento de un dólar alto (factores fundamentales a la hora de fijar los precios máximos). Este año, las empresas no se pueden quejar, precisamente, de que les vayan mal los resultados. Las compañías, incluso, han llegado a pedir, aunque no oficialmente, que se suprima, el sistema, de precios máximos para poder fijar los precios con total libertad. El caso es que el consumidor no llega a entender que liberalización haya significado encarecimiento en contra de la doctrina predicada: a más liberalización, más competencia. Y a más competencia mayores posibilidades de elegir y de comprar más barato.

En España, en cualquier caso, los precios de los carburantes siguen siendo de los más baratos de la UE. El consumidor paga en España menos por impuestos (60,50 pesetas en gasolinas y 37,50 en gasóleo más el 15% de IVA) que en el resto de la Unión. Queda margen, incluso, para una nueva subida del impuesto especial, no descartada por el Gobierno.