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Bruselas exige que la reducción de los déficit no recorte la inversión en las regiones pobres

La Comisión Europea ha exigido a los Doce que la reducción de los déficit públicos obligada por las condiciones de convergencia del Tratado de Maastricht no se traduzca en un recorte de las inversionespúblicas en las regiones más pobres de la Unión. Bruselas defiende los fondos estructurales como el método más adecuado para reducir las diferencias entre las regiones ricas y las pobres. Ésta no es una opinión banal en un momento en que los Estados ricos -con Alemania y los cuatro países de la adhesión a la cabeza- se sienten tentados por poner en cuestión las enormes sumas destinadas a ayudar a los cuatro países más pobres: España, Irlanda, Portugal y Grecia.

Competitividad y cohesión: tendencias regionales, el quinto informe periódico de la Comisión Europea sobre la situación y la evolución socio-económicas de las regiones de la Unión Europea, fue presentado por el comisario británico Bruce Millan y aprobado por el Colegio de Comisarios en julio pasado. El informe incluye por primera vez el impacto de la incorporación de los länder orientales.La conclusión más relevante de este texto, que tiene una extensión de más de 200 folios, es la defensa de los fondos estructurales como el sistema más adecuado para recortar las diferencias entre ricos y pobres en el seno de la Comunidad. La opinión de los comisarios no carece de importancia en un momento en que diversos factores tienden a poner en cuestión el futuro de estos fondos comunitarios. Los cuatro países de la adhesión -Austria, Finlandia, Suecia y Noruega- tienen de la Unión Europea un concepto más cercano a la gran zona de libre cambio propugnada por el Reino Unido y los socios norteños que a la idea de gran unión política y solidaridad manejada en el sur comunitario.

Alemania, el defensor tradicional de la cohesión comunitaria como motor de la unión política, no ha ocultado en los últimos tiempos sus reticencias a aumentar la dependencia del sur de las ayudas del norte, en un momento en que los enormes esfuerzos inversores concentrados en la reunificación de Alemania ha pesado como una losa en la economía germana, acentuando los reparos de la población a realizar sacrificios en favor de los países menos favorecidos.

El texto comunitario considera que, es "de una importancia capital que toda reducción de los gastos públicos necesaria para que puedan cumplirse los criterios de convergencia macroeconómica adoptados por el Tratado de Maastricht se vea acompañada de una operación de remodelación del gasto con objeto de mantener las inversiones y de mejorar la competividad de las regiones más débiles". "De esta forma", prosigue, "la convergencia nominal y la convergencia real serán objetivos compatibles".

Según los criterios expuestos por la Comisión, las partidas del presupuesto comunitario destinadas a fomentar la cohesión entre los Estados miembros han de ir creciendo paulatinamente, en perjuicio de los gastos destinados a subvenciones agrícolas. Las acciones estructurales (el Fondo de cohesión y los fondos estructurales de ayuda a las regiones pobres, en declive industrial, etcétera) deben pasar del 30,8% del presupuesto comunitario en 1993 al 35,7% en 1999, mientras las ayudas agrícolas deben caer del 50,9% al 45,7%.

La Comisión hace un balance positivo del papel desarrollado por los fondos estructurales en el desarrollo de los países más pobres. A su juicio, el efecto directo de los fondos estructurales, combinado con su poder catalizador en favor de la captación de inversión extranjera, se ha traducido en un mayor crecimiento del PIB de España, Irlanda y Portugal frente a la media europea. El producto interior bruto de la Unión ha crecido un 2,3% entre 1986 y 1993, por debajo del crecimiento experimentado en ese mismo periodo por la economía irlandesa (4,1%), portuguesa (3,1%) y española (3,0%). Grecia es la excepción a esta regla, con un crecimiento del 1,5% entre 1986 y 1993.

Inversión extranjera

En términos de unidades de poder de compra, el PIB por habitante en España ha crecido del 71% de la media comunitaria en 1986 al 76% en 1993, en Portugal del 52% al 60%, en Irlanda del 63% al 78% y en Grecia ha caído del 5 1 % al 49%, según la Comisión. Estos datos se han visto sustancialmente alterados por los que hizo públicos muy recientemente la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Según Eurostat, las unidades de poder de compra de un ciudadano español en 1993 se sitúan sólamente en el 73,9% de la media comunitaria. Eurostat, en cambio, corrige al alza los datos para los otros tres países de la cohesión: Irlanda (85,5%), Portugal (64,5%) y Grecia (50,9%).

La capacidad para atraer inversión extranjera es uno de los puntos clave para aumentar los efectos redistributivos y de motor económico de los fondos estructurales, según este quinto informe regional de la Comisión. Éste ha sido, de hecho, uno de los mayores factores de éxito de la economía española en los últimos años. España, con un saldo de 29.012 millones de ecus (4,64 billones de pesetas al cambio actual) encabeza el listado de inversión extranjera en el periodo 1986-91, una vez restadas las salidas de capital. Estos datos incluyen tanto las entradas y salidas de capital extranjero comunitario como extracomunitario. Detrás de España se sitúan el Reino Unido (9.560 millones de ecus), Irlanda (7.669), Portugal (6.028) y Bélgica-Luxemburgo (4.636).

Diez regiones españolas, a la cabeza del paro

La Comisión Europea constata que la mayor tasa de crecimiento en los cuatro países de la cohesión no siempre se 1a traducido en una reducción del paro. Ése es un problema que afecta muy especialmente a España y, sobre todo, a sus regiones más pobres. Es, también, un problema de fondo de la economía europea, que pasó de una tasa de paro del 2,6% en 1973 al 10,8% en 1985, tras la llamada crisis del petróleo. En el posterior quinquenio de crecimiento tan sólo se redujo al 8,2% en 1990 para subir inmediatamente con la última crisis y llegar a superar el 11% a principios de este año.La crudeza del problema del paro queda patente si se confronta el listado de las regiones más pobres (en términos de PIB por habitante) con el de las regiones con mayor tasa de paro. Entre las 20 regiones más pobres de Europa sólo aparece una española, Extramadura, precisamente en el vigésimo lugar. Esa triste relación está encabezada por tres länder de la antigua RDA (Turingia, Mecklenburg-Vorponimern y Sachsen) y el Alentejo portugués. En total hay cinco regiones alemanas (todas de la ex RDA), nueve de Grecia, tres de Portugal, dos de Francia (las islas de Guadalupe y Reunión) y una española.

Sin embargo, hasta 10 comunidades autónomas españolas copan los 20 primeros puestos en el ranking de las regiones con mayores tasas de paro. Se trata de Andalucía (número 2), Extremadura (3), Ceuta y Melilla (4), Canarias (5), País Vasco (12), Murcia (13), Comunidad Valenciana (15), Asturias (17), Castilla y León (19) y Cantabria (20). Castilla-La Mancha ocupa el puesto 21, Galicia el 23, Cataluña el 28 y Madrid el 30. Una situación que se agrava si se tiene en cuenta que los puestos 1, 6, y 8 están ocupados por regiones no continentales como Reunión, Guadalupe, Martinica y Guyana, todas ellas departamentos franceses de ultramar.

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