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El PSOE interviene la tesorería del partido en Baleares ante el cúmulo de deudas y embargos

Anabel Díez

La Ejecutiva Federal del PSOE ha intervenido la tesorería del Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE), ante el acoso de los acreedores. La presión de quienes reclaman el cobro de sus deudas ha motiva do ya el embargo de la sede del partido en Palma y la amenaza de que se proceda a hacer lo mismo con todos sus demás bienes. Miembros de la ejecutiva han expresa do su temor de que, al resultar insuficientes los bienes en las islas para hacer frente a la deuda, se pase a órdenes de embargo del patrimonio del PSOE en Madrid, en concreto de su sede federal de Ferraz.

nnLa deuda asciende a 360 millones, pese a que en los tres últimos años la Ejecutiva Federal había transferido 124 millones a la organización balear. El informe de la Ejecutiva recoge incumplimientos y fallos importantes de gestión. El responsable de administración y finanzas del PSOE, Francisco Fernández Marugán, presentó el pasado 24 de julio ante el Comité Federal un informe sobre la angustiosa situación financiera de los socialistas de Baleares. El partido está en el archipiélago en la oposición frente al Gobierno del PP, lo que no le exculpa, en opinión de la dirección socialista, de la quiebra a la que llegado. Miembros del departamento de administración del PSOE aseguran que la situación es grave, pues si no se hace frente a los pagos las órdenes de embargo van a llegar a Madrid. "No se trata del partido de los socialistas de Baleares sólo, sino que jurídicamente a esas siglas les sigue un guión y PSOE, por lo que pueden reclamar aquí", según estas fuentes.

Los miembros del Comité Federal conocieron en esa reunión que el 10 de febrero de 1993 la Ejecutiva Federal revocó los poderes otorgados al secretario regional, Joan March, y al vicesecretario, José Alfonso, y la Ejecutiva pasó a "la intervención financiera efectiva" de la organización balear. Desde entonces, el interventor general de la Ejecutiva Federal se ha hecho cargo de la administración del PSIB.

La primera noticia se tuvo en Madrid en 1992, cuando empezaron a llegar requerimientos de embargo presentados por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, a la que se debían 26,5 millones correspondientes a las cuotas devengadas desde 1987. Igualmente, una empresa de servicios había planteado otra reclamación judicial por casi 11 millones.

El sobresalto de la Ejecutiva se produjo el pasado enero, tras analizar todos los documentos requeridos al secretario y vicesecretario regionales. "Del análisis de la documentación entregada y referida a 31 de diciembre de 1992 se deduce que la deuda del PSIB podría calcularse en unos 360 millones de pesetas. Una parte importante de la misma no estaba contabilizada y no figuraba en el balance". El informe continúa: "Los incumplimientos sistemáticos de las obligaciones con proveedores y suministradores originaron reclamaciones judiciales, algunas ya con acuerdo para la retirada de la demanda en tanto que otras iniciaban en ese momento su tramitación".

"El edificio de la sede del PSIB de Palma de Mallorca tenía además un embargo por impago de unos créditos hipotecarios desde 1986. La Caja de Ahorros de Baleares había formulado la reclamación ante los tribunales". La crítica de la Ejecutiva a sus compañeros baleares señala: "Estas deudas no contabilizadas han sido contraídas sin autorización y sin otorgamiento de poderes" por la dirección federal.

La Ejecutiva ha aportado hasta ahora 162 millones para hacer frente a las reclamaciones más urgentes y se ha instado a la dirección balear a que desde el próximo octubre asuma "su situación al margen de los recursos extraordinarios y especiales que hasta ahora le ha transferido la Ejecutiva Federal".

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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