Margarita Retuerto estudia "a fondo" si lleva la ley de asilo al Constitucional

Margarita Retuerto, titular en funciones de la institución del Defensor del Pueblo, acogió ayer" con gran interés" la petición de que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de asilo, realizada por dirigentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE). Según asistentes a la reunión, Retuerto manifestó su "profunda preocupación por el problema" y su "firme compromiso de estudiar a fondo" el posible recurso "y proceder en consecuencia" antes del 23 de agosto, fecha límite para su presentación.María Jesús Arsuaga, secretaria general de la CEAR, y José Antonio Gimbernat, presidente de la APDHE, informaron de que ya en mayo de este año el presidente de CEAR, Juan María Bandrés, pidió el recurso. En la reunión de ayer se fundamentó que la ley de asilo no garantiza la libertad de quienes soliciten asilo en la! fronteras -a quienes se retiene en ellas hasta cuatro o siete días-, y tampoco la asistencia de letrado e intérprete.

Igualmente, se explicó que falta un mecanismo judicial de suspensión efectiva de la decisión administrativa de expulsar al solicitante de asilo. Condicionar tal mecanismo, como hace la ley, a la iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es considerado inconstitucional, ya que ACNUR, afirman Arsuaga y Gimbernat, "es una organización intergubernamental que no puede sustituir a los jueces, a quienes nuestra Constitución otorga la función de control sobre los actos administrativos".

La sombra de la 'ley Corcuera'

Sobre su predisposición a llevar la ley de asilo ante el constitucional, Retuerto mostró en privado su sorpresa por la información anticipada ayer por este periódico, que "entra en mis más íntimos pensamientos", dijo. Reconoció que considera al asilo "un importante derecho", si bien la decisión de interponer el recurso no de pende sólo de su voluntad, sino también de los informes de sus asesores y de la deliberación de la Junta de Coordinación del Defensor del Pueblo. Precisamente en el seno de esa junta, el 18 de mayo de 1992, Retuerto -entonces adjunta primera-, emitió su opinión a favor de recurrir la ley Corcuera, entre otras razones por estimar inconstitucional la retención policial para identificación, que "supone una forma clara de privación de libertad", dijo en tonces.El diputado de Izquierda Unida Diego López Garrido recordó ayer aquella posición de Retuerto, que no prosperó ante el entonces titular Álvaro Gil-Robles. López Garrido señaló que ante la ley de asilo "es el primer momento en que Margarita Retuerto puede tomar una, decisión importante en defensa de un derecho de solidaridad, capaz de demostrar que no se trata de una mera interina, sino de una auténtica Defensora del Pueblo, sensible a los derechos humanos y a las garantías".