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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Agua cara

NO LLUEVE en España ahora ni más ni menos que antes; lo que sí ha variado, y radicalmente, son los hábitos de consumo de los españoles. Con una medida de más de 300 litros por habitante y día, nuestro país es uno de los que más agua consumen del mundo desarrollado. Era, por tanto, poco menos que programado el conflicto del agua. Y esto con independencia de la estructura de Estado, unitaria o autonómica. Entre vecinos, el que no tiene agua ambiciona, lógicamente, una parte de la que tiene el otro, aun cuando éste no piense que le sobra.Es posible que la estructura unitaria del Estado facilitase la toma de decisiones autoritarias en la resolución de los conflictos del agua. Pero no resolvería los problemas de fondo de una cuestión que exige, ante todo, la participación solidaria de todas las instancias responsables: Gobierno central, representantes políticos de las diversas regiones de España y confederaciones hidrográficas, principalmente. Es imprescindible ese debate global y solidario que debe perfilar la política hidráulica de los próximos años y cuyo objetivo estratégico sería convertir el agua en recurso uniforme y de calidad para todos los habitantes de España.

Hasta ahora, la España húmeda y la España seca han vivido de acuerdo con sus propios recursos hídricos: relativamente abundantes en la primera, manifiestamente escasos en la segunda. El único trasvase de envergadura realizado entre una cuenca hidrográfica y otra -el del Tajo-Segura- ha sido claramente insuficiente, como lo demuestra la polémica nada artificial que se suscita cada vez que se abren las compuertas de los pantanos de la cabecera del Tajo para que fluya el agua hasta las huertas del curso bajo del Segura.

Sin un equilibrio mayor entre todas las cuencas hidrográficas de la geografía española no sólo se pone en peligro la relación ahora existente entre Castilla-La Mancha y el Levante por el trasvase Tajo-Segura; se hipoteca también el futuro de zonas con considerables perspectivas de desarrollo en la España seca. En estas circunstancias, es inconcebible que la España húmeda arroje al mar el agua que le sobra (casi el 60%, y en el caso del Ebro, el 30%). Es una necesidad y un a tarea de España entera buscar las fórmulas y la infraestructura para perder lo menos posible de los 10.000 hectómetros de agua que por término medio caen cada año del cielo.

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Son los principios de equidad y de solidaridad los que deben inspirar la política del agua. El problema radica en articularlos en unas reglas de juego que garanticen el equilibrio entre los legítimos intereses de las diversas regiones (humanos, industriales, agricolas y ecológicos) y los generales del país. Es éste el desafio político que tienen ante sí los redactores del Plan Hidrológico Nacional. Sin esas reglas de juego consensuadas y aceptadas por todos no, es difícil aventurar una preocupante agudización de las llamadas guerras del agua. Definir lo que son o no excedentes, establecer criterios realistas en la política de regadío y un sistema justo de compensaciones entre cuencas donantes y receptoras de agua son algunos ele mentos básicos de un plan sobre el agua que se pretenda racional y duradero.

Además de los problemas estructurales que gravitan desde hace tiempo sobre la política hidráulica (aumento de la capacidad de almacenamiento, aprovechamiento de acuíferos, mejora de la red de distribución en buena medida obsoleta...), existen otros derivados de los hábitos. El ahorro es fundamental en un país en el que el agua es más escasa pero también más barata que en la mayoría de los países europeos. Y en el que se derrocha como en ningún otro de Europa. La propuesta del Plan Hidrológico Nacional de poner un precio al agua según su tipo de uso -a sumar a las tarifas actuales, que sólo amortizan el coste de su tratamiento y condición- será un factor disuasorio para el despilfarro y creará conciencia del coste. Porque es de suponer que no se consumirían esos 300 litros al día por habitante si la factura de 400.000 millones de pesetas que cuestan al año no estuviera subvencionada. Si un bien no cuesta nada, su derroche es inevitable.

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