El Gobierno desperdicia ocasiones de lograr para españoles cargos de la UE

A fuerza de dejar pasar oportunidades, España está empezando a estar subrepresentada entre los altos cargos de las instituciones europeas. Por falta de previsión o de empuje de¡ Gobierno, lo cierto es que entre los altos funcionarios de la Comisión Europea el número de españoles no se corresponde con el peso demográfico de su país. Por si no bastase con este déficit, la secretaría general de la Unión de Europa Occidental (UEO) y el Defensor del Pueblo Europeo, dos cargos que el Ejecutivo quería ver ocupados por españoles, corren el riesgo de ser desempeñados por personalidades de otra nacionalidad.

Tuvo hace algo menos de un mes a su alcance la presidencia de la Comisión Europea, pero Felipe González desestimó la sugerencia de sus homólogos comunitarios y cuando el 12 de julio brindó su apoyo al candidato luxemburgués, Jacques Santer, propuesto por el canciller alemán Helmut Kohl, no solicitó a cambio respaldo para los españoles que aspiraban a otros cargos menores, según fuentes de la Administración.Un ejemplo ilustra el escaso empeño gubernamental por colocar a españoles en puestos relevantes. Hace ya 15 meses dimitió Segismundo Crespo, al poco de ser nombrado director general de Asuntos Sociales de la Comisión Europea con el encargo de administrar, junto con su comisario, Padraig Flynn, un presupuesto anual de 550.000 millones de pesetas de los que la quinta parte corresponde a España.

A pesar de que ese cargo es, en la Comisión, una de las dos direcciones generales importantes con "bandera española", Crespo no ha sido sustituido y es probable que expire el mandato del actual ejecutivo comunitario sin que el Gobierno haya nombrado un sucesor. La razón alegada oficiosamente es que el irlandés Flynn se resiste a ello, pero, recuerda un diplomático, "hay cien maneras desde Madrid de retorcerle el pescuezo y obligarle a ceder".

Siete puestos menos

Además de los directores generales y de los directores, los jefes de división en la Comisión son, de hecho, designados mediante un reparto entre los Doce. Los españoles tienen, según una fuente cercana al comisario Marcelino Oreja, un déficit de siete puestos en esta categoría. De ahí que, con alguna frecuencia, los proyectos de directiva que elabora la Comisión no recojan los intereses de España y que en el Consejo de Ministros de la UE la delegación española deba enmendarlos pagando como precio un cierto desgaste político.

A diferencia de otras capitales comunitarias, no existe en Madrid una célula interministerial que, en colaboración con los comisarios españoles, pase revista a los puestos disponibles, evalúe los que más interesan y proponga candidatos con una lista actualizada. En teoría esta labor es competencia del vicepresidente del Gobierno Narcís Serra, pero en la práctica no la ejerce.

No siempre fue así. Tras la adhesión de España a la Comunidad, en 1986, el entonces director del gabinete de González, Roberto Dorado, trabajó con los comisarios españoles, Manuel Marín y Abel Matutes, para cubrir todos los puestos de primera fila que en las instituciones europeas habían dejado para los recién llegados españoles. Después el asunto quedó en manos de los dos comisarios hasta que con la llegada de Sería a la vicepresidencia, en la primavera de 1991, quiso asumirlo él.

Cuando las competencias exceden al vicepresidente, las cosas tampoco van mucho mejor. En diciembre de 1993, el Gobierno hizo las primeras gestiones para colocar al ex ministro de Transportes, Enrique Barón, en la secretaría general de la UEO, que el holandés Wim, van Eekelen tenía que haber abandonado la pasada primavera y a la que también aspiraba el ex primer ministro belga Mark Eyskens.

Convencidos de que el cargo estaba al alcance de Barón, desde La Moncloa se aceptó prorrogar hasta el próximo otoño el mandato de Van Eekelen. El jefe del Gobierno belga, Jean Luc Dehaene, se pensaba en Madrid, será designado presidente de la Comisión y difícilmente podrá Bélgica ocupar otro puesto de primera fila. Así quedaba eliminada la candidatura Eyskens.

El veto británico impidió a Dehaene ser elegido el 25 de junio en la cumbre de Corfú. Los colaboradores del ministro de Exteriores, Javier Solana, andan ahora diciendo que después de lo sucedido al jefe del Gobierno belga, los Doce son acreedores de. Bélgica, y que lamentablemente la candidatura de Eyskens ha resultado reforzada.

Más llamativo es aún lo que está sucediendo al ex Defensor del Pueblo en España, Álvaro Gil Robles, al que González quiso en diciembre presentar para Defensor del Pueblo Europeo, una figura creada por el Tratado de Maastricht. Los candidatos deben, en teoría, ser apadrinados por al menos 23 eurodiputados y elegidos por el pleno del Parlamento Europeo, que se constituyó la semana pasada, pero en la, práctica las gestiones gubernamentales ejercerán una gran influencia.

Gil Robles es, sobre el papel, un aspirante de peso porque la institución que dirigió en España tiene prestigio en Europa; fue González el primer líder comunitario que, en mayo de 1990, pro

puso la creación de un Defensor del Pueblo Europeo y en el número de febrero de la revista de los ombudsmen de la Unión Europea todos le brindan su respaldo.El 18 de julio, la víspera de la sesión de la Eurocámara, casi todos los miembros del grupo socialista español ignoraban que existía un aspirante español que había que promover y el mismo desconocimiento mostraban los eurodiputados españoles de otros partidos. El Gobierno tampoco había hecho gestión alguna con sus socios para impulsar la candidatura de Gil Robles.

La competición por el cargo parecía tan abierta en Estrasburgo que se animaron a medir sus fuerzas ex europarlamentarios como la socialista francesa Marie Claude Vayssade. También sondearon sus posibilidades el conservador británico Christopher Brodt y el democristiano alemán Alter.

El jueves quedó abierto la presentación de candidaturas, que concluirá el 23 de septiembre, y es posible que esa misma semana el pleno del Europarlamento designe al primer Defensor del Pueblo Europeo, que empezará a ejercer sus funciones el 1 de enero.