Rodríguez-Piñero pide a los jueces que no cedan a la presión social para dictar prisión

Los jueces "no deben dejarse presionar por la opinión pública" a la hora de decretar la prisión preventiva de las personas", según dijo ayer el presidente del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, de Santander. Tras recordar que la alarma social es una de las causas que en la legislación española justifican la reclusión de una persona, Rodríguez-Piñero apuntó que "en su momento" habrá que definir mejor cuándo esa circunstancia aconseja constitucionalmente la detención de un ciudadano.Según el presidente del Constitucional, en el fondo del polémico decreto de Silvio Berlusconi presidente del Gobierno italiano, "hay cosas que son ciertas", aunque matizó que el problema de la prisión preventiva, que debe de replantearse también en España, hay que analizarlo de forma global y no en términos de "corruptos o no corruptos".

Rodríguez-Piñero opina que los países latinos han seguido unas políticas de "facilitar" las prisiones preventivas y que en el futuro habrá que replantearse la duración excesiva de éstas y el "derecho constitucional a no declarar contra uno mismo, que en otros países se cuida mucho".

El presidente del más alto tribunal afirmó que la detención de una persona para tranquilizar a la prensa, a la opinión pública, o al Poder, "no es una causa que justifique la pérdida de libertad de la personal". También criticó a la prensa porque "en un caso concreto le puede parecer muy bien que detengan a fulanito y en otro le parece muy mal que detengan a menganito".

Por su parte, el director general de Instituciones Penitenciarias, David Beltrán, pidió ayer a la sociedad "confianza" en las decisiones que adopte la Administración sobre el pase de los reclusos al régimen de semilibertad y recalcó que "no hay ningún preso que pueda estar al margen de la reinserción". Beltrán recordó ayer en la prisión de Alcalá-II (Madrid) que en los últimos anos se ha concedido el pase al tercer grado penitenciario a 54.000 internos, que así pueden pasar el día trabajando en el exterior e ir a pernoctar a la prisión. "Deslegitimar a la Administración del Estado", dijo, "es deslegitimar la democracia".