Bono pierde la guerra del agua en La Moncloa
José Bono jugó ayer sin éxito su penúltima baza en la guerra del agua. El presidente del Gobierno, Felipe González, le recibió y es cuchó sus argumentos contra el trasvase de 60 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, pero no atendió sus quejas. El Consejo de Ministros aprobará hoy, con toda probabilidad, medidas de emergencia en auxilio de las sedientas plantaciones de las comunidades de Valencia y Murcia. Bono, que considera la medida "contraría a la ley" prepara "actuaciones sorpresa". Para frenar al presidente castellano-leonés, más de 5.000 agricultores de Murcia, Alicante y Almería se concentrarán en las proximidades de La Moncloa. Gritarán en demanda de "agua, solidaridad y justicia".
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos dejó ayer vista para sentencia la guerra del agua, que enfrenta a los presidentes de Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad- Valenciana, todos socialistas. La decisión, que hoy hará suya el Consejo de Ministros, se perfiló en el Ministerio de Obras Públicas, del que es titular José Borrell, en una reunión en la que participaron los responsables del agua de este departamento, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo y varios técnicos. Los detalles concretos del acuerdo se guardaban en secreto, pero no el veredicto. Bono, que fue recibido momentos antes por Felipe González para que depusiera su negativa a ceder "ni una gota de agua", es el perdedor. La resolución será favorable al trasvase.Mientras González escucha a las razones de Bono -alega que su comunidad necesita toda su agua, ya que hay más de 107 pueblos con problemas de abastecimiento en los hogares-, el consejero portavoz del presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, advertía que, en previsión de que el Consejo de Ministros dé luz verde al trasvase, el Gobierno de Bono tiene ya preparadas iniciativas contundentes, que no quiso revelar "para no darle una baza al ministro Borrell".
"El Tajo sería más duro"
Pese a la derrota, Bono siguió anoche con su batalla. "De los temas del agua en Castilla-La Mancha yo se más que Borrel", aseguró en Polán (Toledo), donde inauguró una fábrica de muebles. Bono dijo que en su entrevista con González dejó muy claro al presidente del Gobierno que "no es ni la intransigencia ni la codicia" la que le mueve en su negativa q los trasvases, "porque no puede haberlos con los pantanos de Entrepeñas y Buendía al 15%" y con "más de 100 pueblos con problemas de suministro". Para remachar esta idea, afirmó: "Si el Tajo hablara, sería más duro que yo".
. Borrell, por el contrario, defendió en El Escorial que con trasvase o sin él, Ias necesidades de abastecimiento de las ciudades de la cuenca del Tajo están garantizadas", informa Efe. El ministro se reunió ayer mismo con los alcaldes de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, ante los que se comprometió "a analizar a fondo" un plan para revitalizar la zona. Los representantes municipales hicieron público un comunicado en el que afirmaban que su principal preocupación "no es la falta de agua, sino la falta de infraestructuras para su mejor aprovechamiento".
La economía de estos municipios -Cañaveruelas, Pareja, Alocén y Villaba del Rey- se sustenta en el atractivo turístico de los embalses de Entrepeñas y Buendía, gravemente deteriorados por el descenso del nivel de las aguas de estos pantanos.
El miércoles por la tarde tres millares de personas residentes en el entorno de los embalses de Entrepeñas y Buendía, de donde se hacen las tomas para el trasvase, se concentraron en Buendía, arropadas por los alcaldes ribereños. Sus protestas se dirigieron contra Borrell y el presidente de la Confederación del Tajo, a quien calificaron de "traidor que desconoce la situación de la cuenca que vigila desde un despacho de Madrid".
Simultáneamente, en La Herrera (Albacete) una veintena de alcaldes y dos consejeros autonómicos -Sanidad y Administraciones Públicas- dirigían otra manifestación. En el acto se leyó el manifiesto promovido por Bono, en el que se niega la cesión de agua en tanto no se hayan resuelto las deficiencias que padece La Mancha. En El Picazo la protesta la encabezaron dos diputados nacionales y otro regional del PP, además de representantes de organizaciones agrícolas y el consejero regional socialista de Agricultura, Fernando López Carrasco.
A las quejas contra el trasvase se sumaron las juventudes socialistas de Castilla-La Mancha, que han programado una acampada frente al embalse de Buendía para las 11 de la mañana de hoy, momento en el que Gobierno sentenciará presumiblemente a favor de Valencia y Murcia.
En el frente contrario, en las comunidades receptoras del trasvase, más de 5.000 regantes de Alicante, Almería y Murcia emprendían esta madrugada viaje a Madrid para manifestarse hoy ante el palacio de la Moncloa. Los organizadores de la marcha, la Plataforma Social por el Agua, informaron que estaba confirmada la salida de 112 autocares. Los gastos del viaje son sufragados por entidades públicas y colegios profesionales. La Plataforma, insistió en que su iniciativa es pacífica y "no contra Bono". Su lema será "Agua para todos. Agua, solidaridad y justicia", informa José Rocamora.
En esta situación, el presidente valenciano, Joan lerma, que también se entrevistó a principios de semana con Felipe González, insistía ayer tarde en la necesidad del trasvase. "Hay agua para el consumo y para trasvasar". A su juicio, si el Consejo de Ministros no adopta una solución positiva, "se originaría un perjuicio irreparable para las vegas regadas por el Segura".
Escasez para todos
I. G. M. Los presidentes de Aragón y Cataluña aliviaron ayer la tensión originada por la escasez de agua. Al término de un encuentro en Barcelona entre José Marco y Jordi Pujol, éste afirmó: "En la polémica del agua se injertan viejos agravios, planteamientos erróneos y distintos grados de desarrollo económico; una muestra explosiva de fácil manipulación".
Los catalanes evalúan en su plan hidrológico interno un déficit de 416 hectómetros de agua, que sólo puede cubrirse con aportaciones del Ebro.
Pujol allanó el camino sumándose expresamente al Pacto del Agua aprobado el 30 de junio de 1992 por todos los partidos políticos aragoneses. Este pacto contempla que antes de considerar cualquier trasvase del Ebro deben regularse previamente las infraestructuras de su cuenca, garantizarse unos caudales mínimos para Aragón y atenderse las nuevas zonas de regadío previstas en esta comunidad.
Este pacto, asumido por el ministro de Obras Públicas, supone inversiones de 200.000 millones en veinte años.
La iniciativa aragonesa ha sido copiada por Castilla y León, donde se ubica la cuenca del Duero, el segundo río en capacidad de donación en las previsiones del Plan Hidrológico (el Ebro cedería 1.642 hectómetros cúbicos al año y el Duero 155).
Los parlamentarios castellano-manchegos han propuesto también un pacto similar entre las zonas afectadas en tanto el Plan Hidrológico decida la distribución de un recurso que sigue siendo escaso.
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