El plan de convergencia, apoyado por PSOE y nacionalistas, recibe duras críticas de IU y PP

El debate sobre la Actualización del Programa de Convergencia con la Unión Europea, que tuvo lugar ayer en la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas, no aportó prácticamente novedades ni sobre el plan de convergencia en sí mismo, ni sobre las posiciones que los distintos grupos parlamentarios vienen adoptando sobre los problemas de ámbito nacional. El Gobierno contó con el apoyo total del PSOE, Convergencia i Unió y Coalición Canaria, el apoyo matizado de los nacionalistas vascos y el rechazo frontal de Izquierda Unida y del Partido Popular.

El ministro de Economía, Pedro Solbes, señaló en su intervención la necesidad de interpretar en clave política si algunos de los criterios de Maastricht están vigentes y pueden seguir exigiéndose de manera mecánica o si la realidad acabará imponiéndose y los objetivos de convergencia se adaptarán. Fue el elemento novedoso del debate, planteado por Jon Zabalía, del PNV, y al que Solbes se sumó.Zabalía había planteado cómo el programa de convergencia no cumplía ni el criterio de déficit público, ni el de volumen de deuda pública. Añadió que parecía que el Gobierno introducía el desempleo como nuevo criterio y planteaba si ello llevaba aparejado un nuevo calendario. Solbes replicó entonces que la conferencia intergubernamental que está convocada deberá reinterpretar los criterios a la luz de la situación actual. El ministro señaló que, en todo caso, el desempleo -aunque se ha planteado en alguna reunión de ministros de Economía y Finanzas nunca será un criterio para medir la convergencia porque, entre otras cosas, "antes debería haber uniformidad a la hora de calcular el desempleo". La economía española ahora sólo cumple el criterio de tipos de interés y no alcanza los de volumen de déficit, deuda pública y diferencial de inflación. El criterio de tipo de cambio dejó de existir cuando se eliminó la banda estrecha de fluctuación de las divisas.

Las posibilidades de que esta situación sea diferente a finales de 1996 son escasas. El Gobierno ha dejado para un año después el objetivo de terminar con un déficit público global del 3%. También ese año será el primero en el que empiece a descender el volumen de deuda pública, que alcanzará un porcentaje superior al 65% del PIB, cuando el límite es del 60% en 1996. La reducción del déficit hasta llegar al 3% del PIB fue cuestionado por PNV y también por Coalición Canaria, a pesar de que este último grupo apoyó el programa. Para estos grupos, bajar del 6,7% actual al 3% en tres años es un esfuerzo muy fuerte a compartir con comunidades, ayuntamientos y organismos autónomos.

En su intervención, Solbes dijo que el objetivo de crear un millón de puestos de trabajo hasta finales de 1997 "era perfectamente realista y posible", y pidió que todos "pusieran toda la carne en el asador para lograrlo", ya que es algo que necesita la economía española. Joaquim Molins, de CiU, apoyó sin reservas el plan, señalando que "la economía era capaz de alcanzar los objetivos marcados, pero que para ello se exige un tremendo rigor en la actuación pública". Molins pidió que se siga apoyando que el sector exterior de la economía sea uno de los motores del crecimiento económico.

El enfrentamiento llegó con las intervenciones de IU y del PP. Diego López Garrido, de IU, dijo que el programa no cumplía las características básicas que debería tener: facilitar el empleo, ayudar a la convergencia real y mejorar la competitividad. Cristóbal Montoro, del PP, reiteró las acusaciones de que el plan es un conjunto de vaguedades que esconde que el Gobierno no quiere reconocer que "la victoria electoral del PP del pasado 12 de junio deslegitima al Gobierno y a quien le apoya". Montoro dijo que el plan "es electoralista, voluntarista y que deberíamos enterrarlo". Solbes recordó a Montoro que el Gobierno está respaldado por una mayoría parlamentaria surgida de unas elecciones legislativas.