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¿Crímenes sin castigo?

Tres meses después de que los presidentes de Ruanda y Burundi muriesen en el atentado del pasado 6 de abril estamos en condiciones de afirmar con rotundidad que la comunidad internacional no ha estado a la altura de las circunstancias al afrontar la crisis humanitaria que vive la región. Es más, la inactividad que la ha caracterizado no constituye una novedad. Desde la descolonización, siempre que la violencia ha asolado a estos dos países se ha optado por actuar tan sólo con medidas a corto plazo, desplazando la atención hacia otros lugares en el momento en el que el baño de sangre empezaba a remitir. Incluso en fechas recientes, tan recientes como el año pasado, la ONU no tuvo en cuenta las advertencias sobre Ruanda de los expertos en ejecuciones extrajudiciales de la Comisión de Derechos Humanos. No resulta exagerado concluir que en los últimos 30 años la actuación internacional con respecto a Ruanda y Burundi ha sido cuando menos insuficiente.Todo ello se ha visto favorecido por el hecho de que buena parte de la opinión pública tiende a considerar que en África es normal que un país entero se vea sumido en la locura más sanguinaria tan sólo porque sí.

Es importante subrayar que lasociedad en la que vivimos, y muchos de los medios de comunicación que nos informan, tienden a simplificar en exceso el problema buscando explica ciones fáciles. En este sentido, una idea parece calar rápida mente entre quienes contemplan las dantescas imágenes de las matanzas: que lo que ocurre en Ruanda y Burundi es una mera disputa tribal, un enfrentamiento étnico al cual están inevitablemente predestinadas las comunidades hutu y tutsi. Es un planteamiento determinista, sin duda superficial y en la medida de lo posible tranquilizador para nuestras conciencias, ya que ante lo irremediable nada cabe solucionar.

En realidad, nos encontramos frente a una mezcla de lucha por el poder y de locura desatada, una batalla política a la que se superponen -radicalizándola- los enconos de tipo étnico. En los momentos de crisis política, las élites tutsi y hutu han incitado o tolerado la violencia entre ambas comunidades, con finalidades puramente partidistas. De este modo, se ha entrado en un ciclo en el que las violaciones de los derechos humanos más elementales han quedado invariablemente impunes. Los responsables de sucesivas matanzas indiscriminadas, que han segado la vida de centenares de miles de personas, no han tenido que responder nunca de sus actos ante un tribunal. Tanto en Ruanda como en Burundi, la impunidad ha alentado nuevas barbaridades, animando a que los que las sufrían se tomasen la justicia por su mano.

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Si pretendemos romper este sangriento círculo, es esencial llevar a los culpables ante la justicia, con el fin de proteger a la población de la repetición de los homicidios indiscriminados. Gran parte de las atrocidades cometidas en ambos países son crímenes contra la humanidad, sometidos a la jurisdicción universal del Derecho intemacional. Si queremos ser congruentes con este principio, y puesto que no resulta posible celebrar juicios justos en Ruanda y Burundi, es imprescindible establecer un tribunal criminal internacional para tan graves delitos.

Amnistía Internacional considera que las atrocidades de Ruanda y Burundi demuestran, una vez más, la necesidad de un tribunal internacional permanente que juzgue a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, sea cual sea el país donde éstos tengan lugar. Una resolución de la próxima sesión ordinaria de la Asamblea General de la ONU sería la mejor vía para sentar las bases de un tribunal permanente y eficaz.

Pero, lógicamente, cualquier medida debe de ir precedida de un reforzamiento de la presencia de las Naciones Unidas en Ruanda, ampliando la capacidad y el mandato de Unamir para asegurar que las tropas y el resto del personal de la ONU no son testigos silenciosos de las atrocidades y dando instrucciones para que se informe fielmente de las transgresiones del derecho humanitario. Es más, las fuerzas de las Naciones Unidas deben poder tomar medidas preventivas para proteger a las posibles víctimas.

Asimismo, sería sensato que las actuaciones internacionales se extendiesen a Burundi. Las tensiones políticas y étnicas que provocaron los asesinatos en masa del año pasado en ese pequeño país siguen presentes. No se ha hecho gran cosa para afrontarlas. Sí no se toman medidas adecuadas, podemos vernos ante una nueva ola de matanzas. Hay que señalar que los acontecimientos de la vecina Ruanda se han inspirado en parte en las matanzas de Burundi y que la violencia podría volver a rebotar sobre el pueblo burundés, originando otro baño de sangre. Antes del 6 de abril, nadie se ocupó de prevenir lo que podía ocurrir en Ruanda, y da la impresión de que en este momento nadie se acuerda de Burundi. Esperemos no tener que lamentarlo.

es coordinador para África Central en España de Amnistía Internacional.

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