Audiencia pública en el Constitucional

El Tribunal Constitucional celebró ayer su quinta vista pública en los 14 años que lleva funcionando, tras ser creado por la Constitución de 1978 como su máximo intérprete y árbitro, que ha corregido a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Es a los miembros de este último poder a los que más ha molestado, hasta el punto de intentar varios de ellos, magistrados del Tribunal Supremo, dirigirse al Rey sobre una sentencia que les anuló un fallo sobre investigación de la paternidad.La sesión pública de ayer -insólita en un órgano que funciona habitualmente sólo por escrito- dejó vista para sentencia la petición de amparo por la expulsión en diciembre de 1993 del argelino Omar Ras Lograhw, en sustitución de las penas por varios delitos menores. El abogado consideró que tal medida, no suficientemente motivada ni legal, produjo indefensión, mientras que el fiscal se opuso al amparo.

Las otras cuatro vistas públicas se produjeron en los años siguientes: dos en 1985, una a petición de unos concejales de La Guardia (Pontevedra), que impugnaron la composición de unas comisiones municipales, y otra a instancia del Ministerio Fiscal, en defensa del derecho de educación; en 1986, sobre un hábeas corpus, y en 1990, una demanda electoral.

Sólo una mujer

Durante sus 14 años de funcionamiento, el Tribunal Constitucional ha estado intregrado por un total de 28 juristas, sólo uno de ellos mujer, Gloria Begué, que fue vicepresidenta. De los 28, 19 proceden de la Universidad, ocho de la carrera judicial y uno de la abogacía. No ha habido ningún fiscal, jurista también previsto en la Constitución para formar parte del alto tribunal.Los presidentes sucesivos fueron tres catedráticos: Manuel García-Pelayo, de Derecho Constitucional; Francisco Tomás y Valiente, de Historia del Derecho, y el actual, Miguel Rodríguez-Piñero, de Derecho del Trabajo. Los 12 magistrados actúan en pleno, para decidir sobre la impugnación de normas legales, o en sendas salas -cada una de seis miembros, presididas, respectivamente, por el presidente y vicepresidente del tribunal-, para resolver los recursos de amparo de los ciudadanos que consideran vulnerados los derechos y libertades reconocidos en la Constitución.

La maquinaria que funciona en el moderno edificio de la madrileña calle de Doménico Scarlati, número 6, con un presupuesto para 1994 de 1.400 millones de pesetas, está integrada -además de por los 12 magistrados- por 117 funcionarios.

De los 12 jueces constitucionales, cuatro son propuestos por el Congreso, cuatro por el Senado , dos por el Gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La próxima renovación se producirá en 1995 y afectará a los dos propuestos por el Gobierno -el actual presidente y el vicepresidente, Luis López Guerra- y a los dos propuestos por el CGPJ: Carlos de la Vega y Eugenio Díaz Eimil.