Bloqueadas las nuevas competencias por su repercusión en dinero y funcionarios

La Comunidad de Madrid es una autonomía con competencias limitadas y el calendario de nuevos traspasos no se cumple. Desde diciembre, el presidente, Joaquín Leguina, debería gestionar los 40.000 millones que se manejan anualmente en la región en casinos y apuestas. No es así. Leguina querría mantener algún control sobre los policías que vigilan esta materia. También quiere -como ya sucede en Cataluña, Andalucía o Valencia- que los inspectores de Trabajo dependan de él.

En el calendario de traspaso de 32 competencias del Estado a la Comunidad se marcaron dos fechas (diciembre de 1993 y junio de 1994) que han sido sobrepasadas. "Efectivamente, hay un bloqueo porque no nos ponemos de acuerdo en los temas económicos y en la repercusión en personal", admitió Agapito Ramos, consejero de Presidencia.Los diputados del PP y de IU, María Teresa de Lara y Jaime Ruiz, criticaron a Efe "la paralización" y "lentitud" de este proceso.

Leguina debería tener ya bajo su tutela todos los asuntos relacionados con los expedientes de regulación de empleo, convenios y arbitrajes en conflictos colectivos o los cursos de formación ocupacional del Inem. Esta negociación se ha pospuesto para noviembre. El presidente regional reclama el traspaso de los 90 inspectores y 70 controladores laborales del Ministerio de Trabajo que operan en la región, lo que daría un mayor calado político a esta transferencia. Hay materias totalmente cerradas para su trasvase (gestión de las licencias de Frecuencia Modulada de radiodifusión, mutualidades no integradas en la Seguridad Social o colegios profesionales), pero están a la espera de que se defina un paquete mayor para convocar una Comisión Mixta de Transferencias, que en el caso de Madrid no se reúne desde el pasado noviembre.

El asunto del juego (casinos, 104 bingos, 5.000 locales de máquinas y 60.000 máquinas tragaperras), los espectáculos y el control de las asociaciones tiene dos aspectos. El Ministerio del Interior pretende entregar su competencia con unos 20 funcionarios y la Comunidad querría "alguno menos". Es la diferencia menor. La mayor se encuentra en que Leguina quiere suscribir directamente con la Dirección General de la Policía -sin la participación de la Delegación del Gobierno- un convenio para que los mismos agentes que ahora vigilan el juego continúen cubriendo este servicio con su nivel actual. La recepción del cobro y de la gestión de las tasas del juego se discutirá en el futuro.

Hasta enero se aplazará la negociación para los dos asuntos más importantes que recibirá la Comunidad: universidades y servicios sociales.