El juicio del 'violador del ascensor' acaba con incidentes entre el público y el físcal

Pedro Luis Gallego Fernández, conocido como el violador del ascensor, volvió a declararse inocente del asesinato de la joven vallisoletana Leticia Lebrato durante la segunda y última jornada del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Valladolid. La última parte del juicio se desarrolló a puerta cerrada, pues el presidente del tribunal mandó desalojar la sala tras los incidentes que se produjeron cuando el fiscal, José Carlos Jaramillo, dijo que no consideraba que "se hubiera producido ensañamiento" contra la víctima.

Cuando el fiscal hizo públicas sus conclusiones, el numeroso público asistente al juicio empezó a insultar al acusado, llamándole asesino y gritando: "¡Que lo maten!". A la vista del alboroto, José Miñambres, presidente del tribunal, ordenó desalojar la sala, donde sólo permanecieron los familiares de Leticia Lebrato y los medios de comunicación.El fiscal pidió 42 años de prisión por asesinato, intento de violación, rapto y robo, y señaló, según su versión, que Leticia Lebrato fue raptada por Gallego Fernández en la tarde del 19 de julio de 1992. "A punta de navaja la obligó a meterse en su coche y se la llevó a un pinar" cercano al lugar donde la víctima veraneaba con sus padres. Según José Carlos Jaramillo, el violador del ascensor mató de 11 puñaladas a su víctima al oponerse ésta a los abusos sexuales de que era objeto, mientras permanecía con las manos atadas con esparadrapo.

La defensa de Pedro Luis Gallego pidió la absolución de su patrocinado, de quien dijo que "ya ha sufrido un juicio paralelo", e insistió en que no hay pruebas concluyentes que le imputen la autoría del asesinato. El abogado defensor también indicó que las 'contradicciones en que había incurrido el acusado fueron producto "de las promesas incumplidas" por parte del juez que, a cambio de confesarse culpable, le habría propuesto ingresar en un centro psiquiátrico y no en la cárcel. Igualmente, advirtió de las importantes lagunas que persisten en la investigación y señaló que se desconoce con exactitud el lugar donde fue asesinada la joven Leticia.

Por su parte, la acusación particular solicitó una pena total de 62 años y seis meses de prisión por los delitos de asesinato, violación consumada, rapto e inhumación ilegal. En sus conclusiones, aseguró que si las audiencias de Alicante y Palencia no hubieran tenido en cuenta los informes psiquiátricos que permitieron la excarcelación de Gallego Fernández, que cumplía prisión por los delitos que cometió en 1985, "no estaríamos ante un asesinato con alevosía y ensañamiento en el que además se produjo una violación".

El abogado de la familia Lebrato, Luis Lavín, mantuvo que la versión del acusado era "un cuento chino", pues reconoció haber estado en el lugar de los hechos el día del crimen. Para Lavín, es significativo que, durante la reconstrucción de la muerte, el acusado se le dirigiera personalmente para "solicitar el perdón de la familia", lo que fue negado por éste.

Gallego Fernández cumple actualmente una condena de 110 años de cárcel por seis violaciones cometidas a principios de 19.92 en Valladolid y en otros puntos de Castilla y León.