Gobierno, sindicatos y patronal retoman el diálogo con la ley de riesgos laborales

El Gobierno, los sindicatos y la patronal retomaron ayer el diálogo social tripartito, roto en noviembre pasado a causa de la reforma laboral, y empezaron a discutir el anteproyecto deley de prevención de riesgos laborales. Este texto sustituye a la fallida ley de salud laboral -pactada hace tres años entre las centrales y el anterior Gabinete- y que UGT y CC OO piden que se respete.

El primer encuentro negociador se saldó con el rechazo inicial de los sindicatos a la nueva ley. En cambio ha sido bien recibida por la patronal, que mantuvo una oposición radical al anteproyecto de ley de salud laboral pactado por las centrales y el anterior ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval.El equipo del actual ministro, José Antonio Griñán, ha cambiado el nombre y el contenido del borrador de ley. La novedad fundamental es que elimina el crédito horario a los delegados de prevención, que serán elegidos entre los miembros del comité de empresa. Anula así el punto más controvertido para la patronal del anterior texto, que liberaba delegados sindicales para las tareas de prevención, al margen de los que forman parte de los comités.

Debido a esos cambios, CC OO y UGT mostraron ayer su rechazo al nuevo texto por razones "de forma y de fondo". Agustín Moreno, representante de CC OO, subrayó que supone la ruptura de un acuerdo que costó dos años de negociación. "Eso demuestra", dijo, "la insolvencia política de este Gobierno, que cede al chantaje de CEOE y Convergència i Unió y supone un fraude a los electores". Pese a ello, dejó claro que su sindicato va a seguir negociando.

El secretario general de Empleo, Marcos Peña, precisé que, desde el comienzo, el Gobierno ha dicho que no existía compromiso ni pacto formal en relación a un texto con el cual el actual equipo de Trabajo no está de acuerdo porque "burocratiza la actividad sindical y no existe relación entre horas sindicales y salud".

Pedro Díaz Chavero, representante de UGT, criticó también que el Gobierno acceda a la petición empresarial de eliminar los liberados de prevención en la empresa y defiende que esta ley salga de un consenso.

José Luis Pastor y Felipe Manzano, en nombre de la patronal CEOE, acogieron de forma diferente el texto del Gobierno y aseguraron que "se trata de un proyecto técnicamente correcto" y "se adapta mejor que el anterior a la normativa comunitaria".

Las negociaciones van a proseguir hasta el próximo 10 de septiembre, ya que una moción aprobada en el Parlamento insta al Gobierno a que el anteproyecto le sea remitido antes del 30 de octubre. En el texto se recogen las obligaciones del empresario para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, y entre ellas el deber de proteger frente a los riesgos laborales, adaptar el trabajo a la persona con especial vigilancia en el caso de las embarazadas, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso, planificar la prevención, y el deber de información, consulta y participación de los trabajadores.

Las sanciones en caso de infracciones leves van de las 50.000 a las 250.000 pesetas; de 250.001 a cinco millones para incumplimientos graves; y de cinco a cien millones cuando haya infracciones muy graves. Esa última calificación tiene la inobservancia de las normas relativas a embarazo, lactancia o salud de los menores, no paralizar los trabajos a requerimiento de la Inspección de Trabajo, la superación de los límites de exposición a los agentes nocivos y las acciones u omisiones que impidan el derecho de los trabajadores a paralizar su actividad en los casos de riesgo grave o inminente.

Por otra parte, el director general del Inem afirmó ayer que el paro registrado volverá a caer en junio.