Los derechos de los quintos

ES MÁS fácil cambiar las leyes que cambiar la realidad, pero es muy difícil lograr lo segundo si no se hace lo primero. El Reglamento del Servicio Militar, aprobado por el último Consejo de Ministros, supone el primer intento de regular la vida cotidiana en el interior de los cuarteles y hacerla compatible con los preceptos constitucionales. En la memoria de muchos españoles, su primer día de mili es aquel en que, sometidos al rito iniciático del pelado y la puesta de uniforme, dejaron de ser ellos mismos para convertirse en seres privados de cualquier derecho y sometidos al capricho de otros.El reglamento recién aprobado establece justamente lo contrario: los soldados son ciudadanos con todos los derechos, y éstos no tienen más limites que los imprescindibles para garantizar la eficacia de las Fuerzas Armadas. Lo primero que cabe decir de este reglamento es que llega tarde. Han tenido que pasar casi 16 años desde la aprobación de la Constitución para que los soldados cuenten con un estatuto de derechos y deberes. Cabe preguntar se si habría visto alguna vez la luz de no alcanzar la contestación a la mili, manifestada en el espectacular aumento de objetores -multiplicados por cuatro este año- e insumisos, sus actuales dimensiones.

Algunas de las previsiones contenidas en el reglamento causan sonrojo: que en un Estado laico haya que decir que la asistencia a actos religiosos es voluntaria; o que la jornada de trabajo del soldado de reemplazo debe tener algún límite y no prolongarse más que la de los militares profesionales.

Pero no por tardío o por obvio es menos importante que se aplique. Las leyes disciplinarias o penales militares, con sus severos correctivos, garantizan el cumplimiento de las obligaciones. No ocurre siempre igual con los derechos. Por ejemplo, el derecho a percibir una cantidad mensual para los gastos personales, que figura ya en la Ley del Servicio Militar de 1991 y se ha incumplido desde entonces. Mientras los soldados españoles reciban una asignación, miserable, unas 1.500 pesetas al mes, argumentar que el Ejército mixto es más barato que el profesional resulta casi un sarcasmo. Se está utilizando mano de obra, más que barata gratuita, sustraída de la producción. El coste social del servicio obligatorio debería incluir lo que esos mozos dejan de producir durante los meses de mili.

Otros cambios no dependen del dinero. ¿Cómo asegurar que, contra lo que sucede con demasiada frecuencia, no se mandará a los soldados realizar "prestaciones de tipo personal"? ¿Cómo conseguir que los superiores "cuiden solícitamente" de sus subordinados, y que éstos se convenzan de que "se les trata con el respeto y la consideración que merecen"? Lograrlo exige un cambio de mentalidad que, si bien ya se ha producido entre muchos militares, aún encuentra notables resistencias.

Para vencerlas, el reglamento prevé "mecanismos de inspección", aunque deja en una nebulosa su capacidad sancionadora. También obliga al ministro de Defensa a elaborar anualmente un informe sobre las condiciones de cumplimiento del servicio militar. No parece ocioso, aunque el reglamento no lo diga, que ese informe se presente al Parlamento y éste sepa si el recién nacido estatuto se ha convertido en una norma de vida o ha quedado en un catálogo de buenas intenciones.