Críticas de los empresarios al decreto sobre libre amortización

El decreto de libertad de amortización, aprobado por el Gobierno la pasada semana, ha provocado entre los empresarios una reacción a medio camino entre el respaldo y la crítica contenida. La CEOE lo califica de política responsable de relanzamiento de la demanda, aunque contesta "su incompatibilidad con otros estímulos fiscales". El Instituto de la Empresa Familiar (IFE) lo considera "una medida en cierto modo encorsetada en tanto que se vincula unívocamente a la creación de empleo", según Mariano Puig, propuesto a la presidencia de esta organización.Otros foros más favorables a la medida, como el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios, coinciden en que el decreto, anticipa los planes de inversión de las empresas con un efecto despegue muy similar al que tuvo el decreto Boyer del 85, umbral de la reactivación en la segunda mitad de los ochentas.

Las organizaciones empresariales consideran en general que la libertad de amortizaciones se justifica para periodos cortos que "permiten anticipar la realización de proyectos empresariales mediante inversiones cuando la economía repunta tras un periodo de crisis", señala el equipo de análisis de la CEOE dirigido por José Folgado. La CEOE considera que el coste fiscal para las empresas será el mismo pero se pagará de forma diferida en el tiempo, "produciéndose un coste financiero sobre Hacienda".

El Estado podrá compensar este coste con los incrementos de recudación de impuestos "producidos por la creación de empleo y la mayor producción derivada de las nuevas inversiones", explica Joan Pujol, secretario de Fomento del Trabajo Nacional.

Empuje a la economía

En esta misma linea, otros foros consultados coinciden en que al fomentar la reactivación económica a corto plazo, Hacienda compensará por otras vías el menor ingreso derivado de la libertad de amortización de 1994. Además en una situación como la actual, caracterizada por un fuerte caída de ingresos por el impuesto de sociedades consecuencia de los menores beneficios empresariales, "el gasto fiscal ocasionado por el decreto resulta menor de lo que en un principio podía preveer Hacienda", según el Circulo de Economía.Al condicionar la libertad de amortización a la creación de empleo, el Ministerio de Economía quiere que las inversiones en activos fijos nuevos supongan un incremento simultaneo de los puestos de trabajo. Algunos miembros de la junta del IEF, instituto representativo de la gran empresa familiar, consideran que condicionante "no tiene en cuenta que toda inversión genera empleo aunque sea de forma indirecta en otra empresa, como se observa en el sector industrial entre las firmas de cabecera y las de componentes".