El Supremo anula una sentencia absolutoria y condena por primera vez a Juan Guerra

La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó ayer a Juan Guerra y a sus socios Juan José Arenas Casas y Manuel Macías como autores de un delito de prevaricación dolosa, en grado de inducción y como cooperadores necesarios, por la compra de fincas no edificables y mediar ante el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla) para recalificarlas. El fallo, que revoca una sentencia absolutoria de la Audiencia de Sevilla, fija penas de seis años y seis meses de inhabilitación especial a Guerra y Arenas y de seis años y un día a Macías.

Ésta es la primera sentencia que condena a Guerra, quien hasta ahora había logrado salir absuelto de los cuatro juicios penales a los que se había visto sometido. El fallo hecho público ayer considera igualmente responsable del delito de prevaricación al arquitecto municipal de Alcalá, Ernesto Ollero, también absuelto en primera instancia, a quien ahora se condena a siete años de inhabilitación especial. Por este caso fueron ya condenados por prevaricación el alcalde de Alcalá, Manuel Hermosín Navarro y tres concejales -Bernabé Sánchez, Antonio. Martín y Emilio Nieto-, todos del PSOE, a siete años de inhabilitación especial, por la que quedan privados del cargo público y la posibilidad de obtener durante ese tiempo otro análogo.La condena se refiere al denominado caso Fridex, en el que Juan Guerra y sus socios en la empresa Cimpa, Juan José Arenas Casas y Manuel Macías, lograron la recalificación de dos fincas, La Espaldilla y Polígono Fridex -una rústica y no edificable la otra- después de comprarlas a la empresa pública Ensidesa y tras mediar ante el ayuntamiento para obtener dicho cambio. Ensidesa, cuatro meses antes de la venta, había recibido de la corporación una rotunda negativa a la recalificación urbanística, lo que motivó que sus responsables decidieran vender a bajo precio.

La Audiencia de Sevilla consideró probado que Cimpa se constituyó días antes de la compra de terrenos y una vez que el Ayuntamiento, a través de su alcalde y concejales, "prometieron la eliminación de obstáculos" en una reunión celebrada en el municipio con los socios.

La sentencia de la Audiencia de Sevilla, dictada el 9 de julio de 1993, consideró probado que existió "una resolución injusta" por parte del alcalde y los concejales de Alcalá, a los que condenó, pero absolvió a Guerra al estimar que en la fecha de los hechos "era tan sólo merecedor de un reproche moral o social".

El fallo absolvía entonces a Guerra, Arenas, Macías, y al arquitecto Ernesto Ollero, "al no concurrir en los acusados la condición que exige el tipo de ser funcionario público". Añadía el fallo que no cabía la condena a título de inducción ni podía serle aplicado el delito de tráfico de influencias por haber sido tipificado con posterioridad a los hechos.

Sin embargo, el Supremo estima que sí es aplicable la condición de inductores. Por contra, rechaza el recurso interpuesto por los abogados el alcalde y los concejales condenados.

El Supremo descarta también el tráfico de influencias, pero considera que la conducta de los acusados "encaja en la prevaricación", y afirma que el arquitecto municipal "sí es funcionario público", por lo que le eleva en un año la pena. Entiende la sala -a raíz de la doctrina marcada por la sentencia sobre la construcción de Burgos- que en la prevaricación pueden integrarse "en el círculo de partícipes en el hecho delictivo", los particulares que no sean jueces o funcionarios "como inductores o cooperadores necesarios".

Dimisiones masivas en Alcalá

El alcalde de Alcalá de Guadaira, Manuel Hermosín, presentó ayer su dimisión irrevocable tras ratificar el Supremo la condena de inhabilitación impuesta por la audiencia contra él y los tenientes de alcalde Bernabé Sánchez, Emilio Nieto y José Antonio Martín Rivas. Todos los miembros del Grupo Municipal Socialista han secundado la decisión del alcalde y han presentado la dimisión en masa. En una nota hecha pública anoche, los socialistas de Alcalá consideran "injusta" la resolución, aunque la acatan, y convocan un pleno extraordinario para hacer efectivas sus dimisiones.

El PP de Andalucía pidió ayer en un comunicado la dimisión como diputado a Cortes de Alfonso Guerra, tras conocer la condena a su hermano Juan, quien no podrá ejercer el derecho de sufragio, ni para elegir ni para ser elegido, durante el tiempo que marca la sentencia. Juan Guerra rehusó ayer en Conil (Cádiz) hacer comentarios.