Los nuevos alquileres se renovarán cada año hasta un máximo de cinco
El debate en comisión del proyecto de ley de arrendamientos urbanos ha arrojado la primera gran novedad sobre el texto que en su día remitió el Gobierno a las Cortes. Los nuevos alquileres de vivienda no tendrán una duración mínima de cuatro años, con la potestad del inquilino de acortarlo. En virtud de una enmienda del PP, admitida por el PSOE, ese plazo pasará a ser de un año, pero con la salvedad de que el inquilino puede prorrogarlo año a año hasta totalizar cinco.
El debate parlamentario va a introducir importantes novedades en el documento aprobado por el Ejecutivo a finales de enero. De momento, y tras la primera sesión de la comisión del Congreso, los partidos políticos han modificado notablemente el articulado del proyecto de ley. La principal novedad consiste en cambiar el plazo de vigencia de los contratos de alquiler de viviendas hasta un máximo de cinco años, prorrogables año a año, según fuentes parlamentarias. Esta modificación ha provocado un torrente de retoques técnicos en el articulado para contemplar la nueva situación.Al margen de estos cambios, también hay acuerdo para que la fianza de los arrendamientos de los locales comerciales sea obligatoria y para que se mantenga el derecho de traspaso. Ambas iniciativas han sido defendidas por Convergècia i Unió desde el comienzo del debate sobre el futuro de los alquileres. Los cambios no acabarán ahí. El lunes se volverá a reunir la comisión del Congreso para analizar las modificaciones de las disposiciones transitorias del proyecto. En ellas se recoge la polémica actualización de rentas congeladas, en viviendas y en locales comerciales, anteriores a 1965.
La intención de los partidos políticos es afrontar la actualización de todas las rentas. Las discrepancias han surgido en la forma de aplicarla, sobre todo en función del nivel de renta de los inquilinos.
El PSOE pretende establecer una subvención directa a las familias cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. El PP, CiU y PNV quieren que se establezcan exenciones fiscales para estos casos. La diputada del PP Teófila Martínez manifestó que la propuesta socialista puede ser inconstitucional.
