Dos funcionarios de Obras Públicas se lucraban con la concesión de gasolineras en las carreteras estatales

La Fiscalía de Madrid investiga el alcance de una trama urdida por dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para lucrarse de la concesión de estaciones de servicio en la red de carreteras dependientes del Estado. En la trama participaban, presuntamente, Alejandro Rodríguez Elvira, jefe de sección de la subdirección de conservación y explotación de la Dirección General de Carreteras, y el contratado laboral Agustín del Castillo.

La investigación formal de los hechos se inició a principios de abril de 1993, a raíz de una denuncia anónima en la que se involucraba a dos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que intervenían en la concesión de autorizaciones para los accesos desde las carreteras de titularidad estatal a las estaciones de servicio. Los anónimos mencionaban como artífices de la trama a Alejandro Rodríguez Elvira, jefe de sección en la gestión técnica dependiente de la subdirección de conservación y explotación de carreteras, y Agustín del Castillo, contratado laboral.El subsecretario del ministerio, Antonio Llardén Carratalá, ordenó la apertura de sendos expedientes el 2 de abril de 1993. A finales de ese mismo mes, el día 26, se remitió su contenido al ministerio fiscal, quien, en paralelo a la investigación de los servicios de inspección internos del MOPTMA, inició la apertura de las diligencias correspondientes.

En el caso del contratado laboral Agustín del Castillo, el expediente administrativo determinó la ausencia de responsabilidad alguna, debido a que las irregularidades supuestamente cometidas habían prescrito al haber transcurrido más de seis meses, plazo por encima del cual los funcionarios de su condición laboral se liberan de responsabilidades. No obstante, ha sido trasladado de puesto de trabajo.

Tráfico de licencias

El expediente de Rodríguez Elvira prosiguió sin que se pudiera llegar a formular una acusación sustanciada. Se sobreseyó. Pero llegado el día 1 de agosto, Rodríguez Elvira solicitó la excedencia voluntaria de su puesto de trabajo. Ya no trabaja en el MOPTMA. En el curso de la investigación ha llegado a declarar que desconoce que exista ninguna relación filial con una socia de Huroca cuyo nombre y apellidos coinciden con los de su hija.La Fiscalía de Madrid, entre tanto, ha continuado sus indagaciones y ha citado a declarar al director general de Carreteras, al subdirector de Explotación y Conservación y al inspector de Servicios.

El modus operandi de esta red viene de atrás, según han declarado fuentes cercanas al MOTMA, y surge con motivo de levantarse el monopolio de los carburantes y la construcción de las autovías, que dejaron en precario la obsoleta red de estaciones de servicio. Un reglamento caduco y la fuerte demanda de nuevas gasolineras facilitaron lo demás.

Según el viejo reglamento, que aún no ha sido modificado, el expediente de concesión de una gasolinera se inicia con la presentación de un proyecto visado, cuyo coste ronda los dos millones de pesetas. Para evitar el riesgo de perder este dinero en caso de no obtener la concesión, los promotores presentaban una especie de anteproyecto que no iba mucho más allá de señalar el tramo concreto donde ubicarían la gasolinera.

Con estos datos en sus manos, los funcionarios aludidos trasladaban esta información a la empresa intermediaria que se encargaba de elaborar un proyecto como si fuera iniciativa suya y lo presentaban al ministerio, de manera que se situaban en una posición preferente entre la lista de aspirantes a implantar una gasolinera en el tramo señalado.

Su objetivo no era la gasolinera, sino traficar con la concesión. Esto es, se presentaban ante el promotor original y le ofrecían la cesión de la licencia a cambio de dinero. El lucro por cada operación oscila en torno a los 15 millones de pesetas, cantidad considera excesiva por fuentes del MOPTMA.

Estas prácticas fraudulentas se conocían en el ministerio desde hace años. Llegaban a través de quejas de promotores de concesiones y multinacionales de distribución, pero siempre verbalmente y sin aportar pruebas que pudieran sustanciar una acusación formal como la de ahora.