Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El informe final de la comisión atribuye indicios de delito a Luis Roldán y "otras personas"

La comisión Roldán ha hallado "indicios racionales de criminalidad en las actuaciones de don Luis Roldán Ibáñez durante el tiempo en que fue titular de la Dirección General de la Guardia Civil. Asimismo, a la vista de lo actuado, esta comisión no descarta la existencia de indicios de criminalidad referidos a otras personas". Así se inicia el documento de conclusiones de la comisión de investigación del Congreso, cuya primera parte fue acordada ayer por unanimidad de todos los grupos. La aprobación del dictamen completo se ha aplazado hasta el 15 de junio.

Los comisionados decidieron "notificar los referidos indicios", atribuidos a Roldán y a sus cómplices, a quienes no se identifica en el texto, "a la Mesa del Congreso para que ( ... ) lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal".Los indicios apuntan, en primer lugar, según el documento, al "menoscabo de caudales o efectos públicos", cuya cuantía corresponderá determinar al Tribunal de Cuentas, a iniciativa del juez.

La comisión constata también que Roldán no realizó hasta 1990 la declaración de actividades a la que, como alto cargo, le obligaba una ley de 1983. Este incumplimiento, subraya el texto, ya se produjo durante su etapa "como delegado del Gobierno en Navarra", antes de ser nombrado director general del instituto armado, en 1986.

Respecto a la declaración de bienes y patrimonio, Luis Roldán debió realizarla antes del 4 de noviembre de 1992, pero no la hizo hasta más de un año después. Todo ello ha impedido, según la comisión, un análisis de su enriquecimiento patrimonial al frente de la Guardia Civil.

Abusiva y fraudulenta

Las conclusiones constatan que Roldán utilizó "de forma, al menos, abusiva y ciertamente fraudulenta" el procedimiento de adjudicación directa de obras, aduciendo razones de urgencia primero y de seguridad después, totalmente injustificas: "No puede hablarse de adopción de medidas de seguridad cuando se ha permitido, hasta extremos insostenibles, la subcontratación de obras con múltiples empresas, sobre las que resulta imposible la vigilancia y garantia".

El objetivo de Roldán, concluye la comisión, fue "favorecer a determinadas empresas que resultaron adjudicatarias de los contratos, existiendo signos de concertación previa de las ofertas".

El mismo sistema de adjudicación a dedo se empleó en la contratación de técnicos y arquitectos: "Dado que también estos contratos se realizaron siempre con un pequeño grupo de profesionales, sobre ellos pesa la sospecha de haberse producido con los mismos vicios e irregularidades".

La comisión considera que, aunque formalmente se respetó la ley de incompatibilidades, "se ha producido de hecho un incumplimiento de la misma al nombrar [Roldán] a un administrador único de Europe Capital [la empresa tapadera de su patrimonio inmobiliario] que, en la práctica, lo era sólo de manera nominal v en el que concurría la condición de director comercial de una de las empresas más favorecidas en la adjudicación de obras". Se refiere a Jorge Esparza, testaferro de Roldán y directivo de la constructora Huarte.

Josep López de Lerma, presidente de la comisión, explicó que los representantes del PSOE e Izquierda Unida eran los únicos que ayer le presentaron las conclusiones finales totalmente elaboradas.

López de Lerma dijo que las conclusiones se extienden en cuatro campos: jurídico-penal, jurídico-administrativo, responsabilidades políticas y recomendaciones de lege ferenda, es decir, propuestas de modificaciones legales para evitar supuestos como el que se ha investigado.

Tras aprobar los apartados correspondientes a las responsabilidades penales y administrativas, la comisión se suspendió antes de determinar las responsabilidades políticas, el punto más espinoso, y las recomendaciones de reformas legales y normativas.

[Por otra parte, la cadena Cope aseguró ayer que Luis Roldán ha enviado un mensaje al Gobierno en el que insiste en no entregarse, pero asegura que dejará de "verter basura" contra sus antiguos compañeros. Fuentes de Interior indicaron ayer que la existencia de esta supuesta misiva es una "mera especulación", mientras la familia de Roldán y su abogado afirmaron a Servimedia que no tenían ni idea de la existencia de ese mensaje].

La batalla de las responsabilidades políticas

La delimitación de responsabilidades políticas por el caso Roldán impidió que la comisión concluyese ayer el dictamen y cumpliera el plazo de tres meses que le concedió el pleno del Congreso. Ayer tarde, la comisión solicitó que se prorrogue el plazo hasta el 18 de junio.Alvaro Cuesta (PSOE) fue rotundo al asegurar que su grupo no ve más responsabilidad política directa que la de Roldán. Según él, "de las deficiencias" que hayan podido existir en el Ministerio del Interior en el seguimiento de la gestión de Roldán no pueden deducirse responsabilidades políticas ni para José Barrionuevo ni para José Luis Corcuera, ex ministros del Interior, ni para Carlos Solchaga como ministro de Hacienda.

En el polo opuesto, Rosa Aguilar (IU) aseguró que su grupo exigirá que las conclusiones contemplen la responsabilidad política de José Barrionuevo y de Narcís Serra por el nombramiento de Roldán. También creen responsable a José Luis Corcuera y a Antoni Asunción, ex ministros del Interior; Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad; Carlos Solchaga; Emilio Alonso Manglano, director del Cesid, y Eligio Hernández, ex fiscal del Estado. Y al frente de todos ellos IU coloca al presidente del Gobierno, Felipe González.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 1 de junio de 1994

Más información