El Gobierno sólo está dispuesto a ayudar a Seat si Volkswagen concreta sus proyectos de inversión

El Gobierno sólo está dispuesto a conceder ayudas a Seat si Volkswagen concreta sus proyectos de inversión tecnológica en su filial española, pero no le dará dinero para jubilaciones anticipadas, según el secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó. El ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, rechazó de plano cualquier presión de Volkswagen para conseguir ayudas públicas y criticó al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que horas antes se había alineado con la multinacional alemana y había acusado al Gobierno español de "dilación" por prolongar de forma innecesaria las conversaciones con Volkswagen para solucionar la crisis de Seat.

"El Gobierno no aceptará las exigencias" de Volkswagen, afirmó Eguiagaray, que rechazó así las amenazas del presidente de Baja Sajonia y consejero de Volkswagen, Gerhard Schroeder, que afirmó en una entrevista publicada el lunes en Alemania que Seat corre peligro de desaparecer si el Gobierno español no aporta 66.000, que se destinarían básicamente a reducir la plantilla.En declaraciones a Catalunya Ràdio, Eguiagaray dijo: "Al Gobierno y a todos los españoles la actual crisis de Seat nos va a significar no menos de 30.000 millones de pesetas por ajustes laborales. Hay además compromisos adicionales que ya hemos establecido. Y, ciertamente, seguimos hablando para establecer mecanismos que eliminen toda posibilidad de que puedan existir esas amenazas veladas de quiebra o de que Seat pueda desaparecer".

Las amenazas sobre el futuro de Seat fueron confirmadas ayer por el director de empresas participadas de Volkswagen, Hans Dieter Wiederhold, que se entrevistó en Madrid con Juan Ignacio Moltó. El secretario de Estado de Industria declinó concretar el volumen de las posibles ayudas "ya que estamos en una fase previa de las negociaciones", pero descartó que el Ejecutivo vaya a financiar el plan de jubilaciones anticipadas de Seat: "El excedente laboral es un problema de gestión empresarial privada", dijo, yjustificó la negativa del Ejecutivo a financiar las bajas laborales tanto en la política industrial española como en las limitaciones que impone la legislación comunitaria.

El mensaje de Volkswagen originó ayer una cascada de declaraciones. El ministro de Economía, Pedro Solbes, señaló en Barcelona que "el Gobierno tiene el máximo interés por intentar mantener a Seat como empresa integral". Sin embargo, el ministro también advirtió que la Administración tiene limitaciones jurídicas para ayudar a la empresa derivadas de la legislación comunitaria. "'Estamos dispuestos a hacer el máximo pero las posibilidades de ayudas públicas deben someterse a ciertas reglas", dijo.

El secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, aseguró que no le impresionan las amenazas de Volkswagen, informa Victoria Carvajal. Pastor fue contundente: "Partimos de la posición inicial de que lo que ha ocurrido en Seat ha sido sólo responsabilidad de Volkswagen. El INI le vendió la empresa limpia de polvo y paja hace años".

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se desmarcó de las críticas a Volkswagen y acusó al Gobierno de mantener una actitud de "dilación" en la crisis de Seat que dificulta la salida del problema, según Efe. Estas declaraciones le sentaron muy mal a Eguiagaray: "No me ha gustado que Pujol acuse al Gobierno de dilación conociendo los esfuerzos que estamos haciendo", declaró el ministro.

El lunes por la noche, el presidente de la Generalitat ya adelantó que confía más en la opinión del presidente de Volkswagen que en la del presidente de la Baja Sajonia. Pujol señaló que "lo que ha dicho Schroeder no debe modificar la versión que me ha dado Piëch", informa Efe.

El presidente de la Generalitat quiere utilizar la crisis de Seat en la campaña de las elecciones europeas para poner de relieve lo que él considera los incumplimientos del Gobierno, según fuentes próximas a los nacionalistas catalanes. La Generalitat ha mostrado su disposición a destinar a Seat 8.000 millones si el Gobierno inyecta en torno a 30.000 millones, aunque el ejecutivo catalán nunca ha concretado esta oferta de modo oficial.