Un juez implica en un caso de corrupción al ministro de Industria francés

Las acusaciones de corrupción empiezan a pesar sobre Gérard Longuet, ministro de Industria francés. El juez Renaud van Ruymbecke remitió el jueves al Ministerio de Justicia un expediente sobre Longuet en el que se recogían indicios de "delito de tráfico de influencias y corrupción. Era el tercer expediente que tramitaba Van Ruymbecke sobre el ministro, quien afirmó inmediatamente su inocencia ante las cámaras de televisión y proclamó que "el éxito no es un delito".
Los indicios acumulados por el juez se referían a actividades financieras desarrolladas personalmente por Gérard Longuet, a actividades conectadas con su cargo ministerial y, en tercer lugar, a su responsabilidad como presidente del Partido Republicano (PR).El PR, integrado en la coalición centrista Unión por la Democracia Francesa (UDF), del ex presidente Valéry Giscard d'Estaing, aparece en el nudo de múltiples marañas político-financieras. Es, además, el partido de la difunta Yann Piat, la diputada asesinada a tiros en marzo por un asunto directamente relacionado con la mafia de la Costa Azul, según las pesquisas policiales.
El juez de Rennes (noroeste de Francia) Van Ruymbecke hizo hincapié, en su último informe ante el Ministerio de Justicia, en las operaciones financieras realizadas por el ministro Longuet entre 1989 y 1991. Especialmente, en la venta de una sociedad de estudios técnicos llamada Investel, fundada por Gérard Longuet en 1989 con una inversión de 150.000 francos (cerca de ,3,5 millones de pesetas).
Plusvalías y favores
La venta de Investel proporcionó a Longuet, dos años después de la fundación, una plusvalía neta de 2,1 millones de francos (unos cincuenta millones de pesetas). El generoso comprador fue una sociedad filial de la Compagnie Génerale des Eaux, a la que Longuet otorgó, en cuanto le nombraron ministro de Industria en 1993, la concesión de una red de radiofonía. Según el juez Van Ruymbecke, pudo haber conexión entre ambas operaciones y, por tanto, un caso de corrupción y tráfico de influencias.En dos informes anteriores, presentados en marzo y abril de este año, el juez Van Ruymbecke hizo notar al ministerio las múltiples conexiones entre una sociedad de asesoría en comunicación fundada por Longuet y las vías de financiación de su partido, el PR. Según las pesquisas judiciales, el PR ingresó 28 millones de francos (unos 670 millones de pesetas) entre 1987 y 1991, cuyo origen era "particularmente sospechoso".
En opinión del juez, Gérard Longuet prometió sistemáticamente favores a grandes empresas a cambio de financiación para su partido y para sí mismo. Longuet adquirió, entre 1987 y 1991, un lujoso apartamento en París y una villa en la Costa Azul.
El Ministerio de Justicia debe decidir ahora si se abre un proceso contra Longuet y el Partido Republicano, o si se archivan las diligencias intruidas por el juez Van Ruymbeke.
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