Inversores de Bankpyme prefieren donar a la Iglesia que pagar a Hacienda

Algunos titulares de participaciones de los fondos de inversión del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) han decidido donarlas anónimamente a la Iglesia para no ser identificados por Hacienda, que, junto con una juez de Barcelona, investiga una bolsa de dinero opaco evaluada en unos 58.000 millones de pesetas. La juez Montserrat Comas de Argemí, al saber que hay inversores que persisten en no aflorar para evitar una inspección fiscal, ha resuelto que los propietarios de los fondos los perderán si no se identifican.

En esta situación se encuentra un número indeterminado de personas que invirtieron 3.300 millones de pesetas en los fondos multivalor y multidinero de Bankpyme.Hace varias semanas se presentó en las oficinas de Hacienda un párroco de una iglesia de Barcelona para explicar que tenía unos títulos por valor de unos ocho millones de pesetas de los fondos de Bankpyme y preguntando qué podía hacer con ellos. Nunca se supo si los títulos eran inversiones suyas o de un tercero que prefirió donarlas antes de correr el riesgo de que Hacienda y la juez le identificaran. Los investigadores tampoco descartan que tal vez el inversor indicó al religioso que hiciera la gestión por él con la seguridad de que la Iglesia no tropezaría con el obstáculo de la identificación ya que alegaría que se trataba de una donación.

Por esas fechas aparecieron en el cepillo de la catedral de Barcelona dos participaciones de los mismos fondos multidinero de 200.000 pesetas de valor nominal cada una de ellas. Es decir, 400.000 pesetas que poseía una persona que prefirió desprenderse del dinero que había invertido en unos títulos expedidos al portador antes que tener que identificarse en la ventanilla del banco para liquidar.

La investigación de la juez y Hacienda se inició en diciembre pasado, al detectarse una posible bolsa de dinero negro en los fondos de inversión de Bankpyme. Se trataba de títulos al portador que con la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores -el 31 de enero de 1989- tenían que haber sido sustituidos por el banco que debía identificar a los inversores. El procedimiento judicial -en el que está inculpada la cúpula del banco y unos 80 inversores por delito fiscal- se fue complicando al descubrir Hacienda y la juez que los títulos al portador habían generado un mercado secundario.

La mayoría de los poseedores de los títulos al portador han respondido a los anuncios insertados en prensa por el propio Bankpyme, obedeciendo una orden de la juez, que instó a los inversores a canjear las participaciones por anotaciones en cuenta que suponía la identificación real a efectos fiscales. También se produjo una cierta picaresca en ese momento, ya que hubo bastantes inversores que no dudaron en enviar testaferros. "Muchas señoras y bastantes extranjeros se presentaron en las ventanillas para los reembolsos", explicó una fuente conocedora del proceso de liquidación de los títulos. La juez optó por extremar cautelas y ahora es el juzgado quien autoriza los reembolsos.

Pero existe una bolsa de dinero en los citados fondos por valor de 3.300 millones de pesetas cuyos propietarios siguen sin aparecer. Debido a esa situación, la juez ha dictado otra resolución que, en la práctica, supone un ultimátum a los inversores no identificados. El auto obliga al banco a insertar de nuevo anuncios en prensa "tanto de ámbito estatal como autonómico", llamando a los poseedores de los fondos a identificarse y sustituirlos por certificados nominativos.

Banco de España

La juez advierte que "de no comparecer en el plazo de un mes, el 30 de junio se procederá por parte de la gestora -el banco- a la cancelación y liquidación de los títulos". El auto prosigue que ello supondrá "la pérdida de sus derechos como partícipe y la suspensión del derecho al reembolso, ingresándose la cuantía total que resulte en la Caja de Depósito del Banco de España".La magistrada también dispone que el gobernador del Banco de España estará obligado a identificar y dar cuenta a la Agencia Tributaria de Barcelona de "aquellas personas que en un futuro soliciten la liquidación de los títulos al portador por existir indicios más que suficientes para entender que están infringiendo sus obligaciones tributarias".