Irregularidades en el departamento vasco de Industria por casi 15.000 millones

El Tribunal Vasco de Cuentas reveló ayer la existencia de deficiencias en la concesión por el departamento de Industria del Gobierno vasco, controlado por el PNV, de 14.733 millones de pesetas en ayudas a empresas en crisis durante 1992. El presidente del tribunal, Juan Luis Laskurain, indicó que los controles en la tramitación y resolución de las solicitudes son deficientes y apenas hay seguimiento del uso dado a las ayudas por los benefic¡arios. La existencia- de expedientes incompletos impide además verificar la idoneidad de algunas ayudas.En concreto, Industria concedió un total de 7.486 millones de pesetas a 38 empresas en dificultades, a las que se exigía el cierre para obtener el dinero. Estas cantidades debían servir para el pago de las indemnizaciones por despido a los trabajadores. Sin embargo, el tribunal comprobó que al poco tiempo todavía continuaba la actividad de esas firmas.

También se concedieron ayudas a cinco empresas por un importe global de 3.515 millones de pesetas, a pesar de que las mismas no estaban al corriente de sus obligaciones, ni fiscales ni con la Seguridad Social.

El Tribunal Vasco de Cuentas enumera además una lista de varias ayudas por valor de 3.732 millones de pesetas que tenían que haberse destinado a empresas con un número de trabajadores entre 50 y 250, y fueron a parar a algunas con hasta 1.000 empleados.

Incumplimientos

Juan Luis Laskurain pidió ayer al Ejecutivo que tenga en cuenta sus recomendaciones y denuncias. "Seguimos constatando incumplimientos de la legalidad y discrepancias contables después de miles de horas de trabajo, sin que los criterios contables expuestos por el Tribunal Vasco de Cuentas sean tenidos en cuenta".Laskurain hizo un llamamiento casi dramático al asegurar: "No queremos que se nos utilice políticamente, pero que tampoco se nos ignore".

El presidente del Tribunal de Cuentas regional precisó que las principales leyes incumplidas son la de Régimen Presupuestario del País Vasco, la de Función Pública Vasca y la de Contratos del Estado, así como diversos decretos reguladores de la concesión de ayudas.

Otro de los principales aspectos analizados es la contratación administrativa. Se han descubierto irregularidades en el 86% o de los casos estudiados, en cuestiones como la- elaboración de cláusulas administrativas y en la acreditación de estar al corriente de las obligaciones sociales y tributarias.

Un portavoz de industria descartó ayer la existencia de tales irregularidades y acusó al tribunal Vasco de Cuentas de "parcialidad y subjetividad" a la hora de establecer sus conclusiones. El departamento, que encabeza el peneuvista y vicelehendakari Jon Azua, añadió que el tribunal demuestra un "escaso conocimiento de la materia a fiscalizar".