Despedida y cierre de un magistrado
La Operación Pelícano desencadenada hoy por el juez Manuel García-Castellón, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional durante el periodo de excedencia de Baltasar Garzón, es su primera y última gran operación antidroga, salvo giros imprevistos. García-Castellón ha demostrado su competencia en sus contados meses al frente del número 5. Ha puesto el juzgado al día al interrogar a todos los detenidos heredados, y ha pisado el acelerador en la investigación, congelada durante años del secuestro de Segundo Marey por los GAL, lo que le ha supuesto enfrentamientos con Interior y la fiscalía.Ha aplicado la tozuda doctrina Garzón que comparezcan las decenas de agentes que pudieran saber algo de este caso, por más que sospechara que no saldría nada de una investigación que se centra en unos teléfonos presuntamente usados en 1986 por Amedo y otros policías en Bilbao para establecer contactos con los secuestradores de Marey. También citó a todos los guardias civiles que vigilaban el paso fronterizo de Dantzarinea por donde se introdujo al rehén.
Se ha atrevido incluso a negar a dos prestigiosos funcionarios de policía, con el aval de La Moncloa, el permiso de salida al extranjero del traficante de armas Monzer Al Kassar. Entre un bien por conocer -entrega de explosivos- y un mal potencial -posible huida-, se curó en salud. Esto le valió la enemistad de Interior.
A García-Castellón se le imputa desde el Plan Nacional sobre la Droga que adelantó la Operación Pelícano para no dejar tan brillante herencia a Garzón. García-Castellón sospechó quizá lo contrario: que se le pedía retrasarla para beneficiar al recientemente dimitido diputado del PSOE.
Al margen de posibles polémicas entre dos jueces, firmar esta operación es la compensación mínima para este magistrado, que, cuando empezaba dirigir investigaciones ambiciosas, pasa a cualquier nevera de la Audiencia Nacional. Sus amigos le han prometido la creación de un sexto juzgado en la Audiencia Nacional con tal de recuperarle, algo poco creíble.
Más necesitados de piropos se hallan los agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio antidroga -la UCIFA, desmantelada hace un año por Garzón- y a Información. Los guardias precisan lavar el sentimiento de culpa generado por su ex director Luis Roldán.
Información elaborada por los miembros del Equipo de Investigación Francisco Mercado y Carlos Yárnoz.
