Los socialistas reclaman a González un gesto político para que no se 'pudra' la crisis interna

El debate sobre el relevo de Carlos Solchaga al frente del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados como consecuencia del caso Rubio ha hecho aflorar, con una inesperada virulencia, la fractura que existe en el PSOE. Tanto renovadores como guerristas están a la espera de que Felipe González tome la iniciativa para desbloquear una situación que puede pudrirse con más rapidez de la prevista. La perspectiva de que el caso del ex gobernador del Banco de España permanezca en el ámbito personal -fraude fiscal de un alto funcionario- se desvanece por momentos al adquirir el tono de un asunto de tráfico de influencias de peligrosas consecuencias políticas para el ex ministro de Economía.

La retirada de Carlos Solchaga de la presidencia del Grupo Socialista -a la que llegó el pasado 28 de junio con 87 votos a favor frente a los 66 del candidato guerrista Eduardo Martín Toval- está pendiente del informe de la fiscalía del Estado, que investiga el caso de Mariano Rubio, para fijar un marco de referencia más objetivo sobre el que discutir las posibles responsabilidades políticas del ex ministro de Economía y Hacienda.Las peticiones de dimisión de Solchaga realizadas por destacados miembros del sector guerrista -primero, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, luego Carlos Sanjuan y últimamente el mismo Alfonso Guerra- han envenenado políticamente la discusión, que el sector oficialista del partido quería que fuese lo más pulcra posible.

La posición del sector renovador consiste en fijar un marco de responsabilidades políticas que parece inspirada en la doctrina Laporta, publicada por este catedrático de universidad y secretario general de la Fundación Giner de los Ríos Instituto Libre de Enseñanza en EL PAÍS el pasado 18 de abril (ver recuadro).

Responsabilidades

Mientras se discute cuál es la norma del partido sobre responsabilidades políticas, el Gobierno y el sector del partido que le apoya intentan ganar la batalla de la opinión pública impulsando comisiones parlamentarias de investigación, cambios legislativos y actuaciones del poder judicial que ofrezcan el máximo de trasparencia sobre los escándalos políticos.

Miembros del Gobierno, sin embargo, reconocen en privado su desilusión ante la falta de respaldo de muchos medios de comunicación a su esfuerzo de transparencia, cuyo fin es delimitar lo que son responsabilidades penales y políticas del pasado -todas ellas previas a las elecciones del pasado 6 de junio- y las que son del actual Ejecutivo.

El acierto táctico del Partido Popular de incluir el caso Filesa en los debates sobre el estado de la nación -y la consiguiente crisis generada en los bancos socialistas por la actitud investigadora de los diputados independientes Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño- ha puesto de manifiesto las contradicciones internas del Grupo Socialista, cuyo sector guerrista sigue reprochando a González su inclinación por personalidades políticas independientes, incluidas las que están en el Gobierno.

La tensión partido-Gobierno -origen de la crisis que divide al PSOE- tiene en el caso Filesa el ejemplo de la disputa entre el llamado aparato del partido y el sector renovador. Un miembro del viejo aparato, que ha conseguido sobrevivir al último congreso, reconocía en privado que al PSOE no le costaría nada admitir públicamente sus responsabilidades políticas en el caso Filesa si no hubiera un juez -el magistrado Marino Barbero- dispuesto a meter en la cárcel a quién acepte la menor responsabilidad en la financiación ¡legal del partido, una práctica, alegan, habitual en el resto de los partidos.

Este sector del partido socialista no oculta su desagrado por aquéllos que pretenden colgar de anteriores responsables del partido las culpas de una financiación irregular del partido que contó con el consenso de toda la dirección.

El sector guerrista, que consiguió resistir en en el congreso federal la ofensiva renovadora, considera que la situación ha alcanzado un grado de deterioro sufiente para que González haga un gesto político que favorezca la reunificación del partido.

El caso de Andalucía -en el que la falta de acuerdo entre los dos sectores pone en serio riesgo el resultado de las elecciones del próximo 12 de junio- es el mejor ejemplo de la profunda división que separa a ambos sectores. Manuel Chaves, que intentó sin éxito llegar a un acuerdo con Alfonso Guerra para que éste admitiera la unificación de la la secretaría general y la presidencia de la Junta de Andalucía en su persona, se debate ahora con las dificultades de hacer una campaña electoral con el partido divido y tiene serias dificultades para cerrar las listas electorales.

La ambición guerrista, sin embargo, es mucho mayor que un acuerdo sobre las listas de unas elecciones autonómicas, o el acuerdo en los congresos regionales de Castilla y León o Madrid. Dice aspirar a que la reconciliación se plasme en un nuevo Gobierno, aunque ello suponga desplazar a un político tan influyente como Narcís Serra, actual vicepresidente del Gobierno, y auténtico hombre fuerte de los últimos gabinetes de González.

Catastrofismo

Las pretensiones guerristas se enfrentan, sin embargo, a todo un diseño estratégico que ha llevado a González a confiar a Solchaga la dirección de la política económica de sus últimos gobiernos y la dirección parlamentaria en esta última legislatura. En caso de que su relevo sea inevitable, se abre una nueva situación en la que tendrán un papel importante los llamados barones del partido, que en el último congreso federal jugaron un papel decisivo.

La batalla política para González se despliega, por tanto, en un doble frente. La interna, más enconada si cabe que durante el último congreso, y la externa, con un PP que siente la proximidad del poder y se prepara a marchas forzadas para unas elecciones anticipadas.

En opinión de la mayoría de los sectores consultados, el tiempo comienza a ser clave para González. La combinación de una crisis económica con escándalos de corrupción en el horizontes de una elecciones europeas y autonomicas, opinan, le obligan a actuar con rapidez y decisión para que la crisis no le estalle en las manos.