Solchaga plantea al PSOE su disposición a dimitir por su responsabilidad en el 'caso Rubio'

El ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, consultó ayer su posible dimisión como presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Ejecutiva Federal del PSOE por su presunta responsabilidad política en el caso Rubio. La dirección socialista se comprometió a debatir a fondo la cuestión en cuanto la comisión parlamentaria de investigación del ex gobernador del Banco de España presente indicios de culpabilidad sobre Mariano Rubio y el juez intervenga, lo que puede suceder en "los próximos días" según precisó el secretario de organización socialista, Cipriá Ciscar. No obstante, se abrió un debate en el que la mayoría de los dirigentes se inclinaron por introducir las responsabilidades políticas en la cultura socialista.

Ésta es la segunda vez que Carlos Solchaga plantea la posibilidad de su dimisión al frente del Grupo Parlamentario Socialista, que preside desde el pasado junio, por el caso Rubio. Ya lo hizo hace 15 días ante la propia dirección del Grupo, pero en aquel momento encontró un apoyo mayoritario. Sólo el ex magistrado Ventura Pérez Mariño pidió entonces que Solchaga asumiera su responsabilidad política por las presuntas irregularidades cometidas por el ex gobernador del Banco de España. Rubio estuvo al frente del banco emisor durante los seis años en que Solchaga ocupó la cartera de Economía y Hacienda.El presidente del Grupo Socialista fue ayer más allá que hace dos semanas y dijo ante la dirección del PSOE que no buscaba su respaldo y que asumiría cualquier decisión que adopte la ejecutiva. "Entendería cualquier decisión", llegó a decir. El ex ministro planteó, a renglón seguido, la posibilidad de abandonar la reunión para facilitar el debate en su ausencia, pero sus compañeros le instaron a que permaneciera.

La dirección socialista cogió el guante y, aunque eludió debatir concretamente el caso particular de Solchaga, decidió abordarlo a fondo en cuanto haya indicios claros de culpabilidad en la comisión parlamentaria de investigación del caso Rubio. Sólo el presidente de la Junta de Extremadura, el guerrista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, reiteró la conveniencia de que Solchaga dimita. El vicesecretario general, Alfonso Guerra, no intervino en este apartado.

No obstante, los dirigentes socialistas abrieron un debate genérico, que se alargó una hora, para establecer una doctrina sobre la responsabilidad política en un país como España en el que "no hay cultura" sobre la cuestión, según señaló el secretario de Organización, Cipriá Ciscar, al finalizar la reunión.

Dos posturas

Como ejemplo, Ciscar dijo que el primer partido de la oposición, el PP, está esgrimiendo la necesidad de que los socialistas asuman responsabilidades políticas "cuando luego no la aplican en sus casos".

La dirección socialista abrió un amplio debate en el que se plantearon dos posiciones. Una minoritaria, se inclinaba por limitar las responsabilidades a las penales, derivadas de actuaciones jurídicas. La posición mayoritaria defendió la tesis de que "la responsabilidad política es exigible cuando se conocen los hechos, sean lícitos o no, y se toleran".

El secretario de Organización aclaró al final de la reunión que las responsabilidades políticas serán posteriores al esclarecimiento de lo sucedido en los casos de corrupción. "Esta reflexión la haremos, de forma serena y tranquila, una vez que se esclarezcan los hechos", en referencia a los casos Rubio y Roldán.

Ciscar insistió en que el Gobierno tiene interés en resolver "con prontitud" estos casos y dejó claro que la posible asunción de responsabilidades políticas se abordará en los "próximos días", una vez que las comisión de investigación parlamentaria del caso Rubio ofrezca indicios para la intervención del juez.

La actuación de los ex magistrados Ventura Pérez Marifio y Baltasar Garzón, que amenazaron el pasado miércoles durante el debate del estado de la nación con romper la disciplina de voto si no se aceptaba una comisión de investigación sobre la financiación de partidos, incluido el caso Filesa, fue también abordada en la reunión de ayer.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, rompió una lanza a su favor poco antes de iniciarse la reunión. Bono dijo: "Haber dado la impresión de que se querían ocultar supuestos ilícitos sobre Filesa hubiera sido más grave que la actitud de Garzón y Pérez Mariño por no ajustarse a los reglamentos que regulan la formación de la voluntad colectiva en el Grupo Parlamentario Socialista. Deberíamos cambiar la prudencia que nos lleva a callar por la prudencia que nos invita a hablar y mostrarnos transparentes".

Guerra mantuvo en el debate una posición moderadamente crítica hacia los ex magistrados, pero la cuestión fue zanjada enseguida y con una posición de compromiso. Ciscar manifestó al finalizar la reunión que no hubo indisciplina en los independientes ya que "todos votamos lo mismo". El secretario de Organización defendió la libertad de los componentes del Grupo Parlamentarlo a "contribuir a formar la opinión colectiva".