El gobierno del PP atribuye a la ignorancia las denuncias de anomalías del Tribunal de Cuentas

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid rechazó ayer el informe del Tribunal de Cuentas que halló anomalías en 30 contratos municipales de 1990.Arguye que algunas irregularidades responden a la ignorancia de los autores del informe, que aplican a los municipios una ley que no corresponde. Pero sus compañeros del PP en Leganés se muestran satisfechos por las conclusiones del mismo informe sobre el equipo socialista del municipio. El concejal socialista Joaquín Garcia Pontes exigió ayer la dimisión del alcalde, José María Álvarez del Manzano.

García Pontes, presl dente de la comisión municipal de Vigilancia de la Contratación, hace responsable de las 30 "irregularidades significativas" que encuentra el Tribunal de Cuentas en la gestión municipal de 1990 al regidor. "Álvarez del Manzano era entonces primer teniente de alcalde y a su cargo estaba la coordinación de todas las áreas municipales. Por tanto, es el principal responsable de lo ocurrido", afirma García Pontes.El edil socialista exigió la dimisión del alcalde y calificó de "chapuzas y golferías" algunas de las actuaciones irregulares observadas por los auditores públicos. "Detrás de todo esto se mueve el PP y su presidente ' José María Aznar, que le ha dicho al alcalde cómo se hacía esto. Porque Aznar ya tenía experiencia en Castilla y León", denunció García Pontes.

. El Grupo Municipal Socialista reclamará al gobierno popular el próximo lunes toda la documentación sobre los 30 contratos investigados por el Tribunal de Cuentas.

El concejal de Obras, Enrique Villoría, aseguró ayer que el Ayuntamiento no está obligado a pedir un dictamen del Consejo de Estado cuando aumenta el presupuesto de una obra en más de un 20% de su coste. "La Ley de Contratos del Estado es subsidiaria de ¡a de Régimen Local, que no exige tal dictamen", arguye Villoria. "Jamás el Ayuntamiento de Madrid ha pedido ese dictamen, a pesar de que, por ejemplo, el túnel de Atocha costó un 300% más. de lo presupuestado", añade. "Gran parte de las anomalías que se denuncian son administrativas y corresponden a problemas de organización y defectos de funcionamiento en los servicios municipales, porque andamos con prisa, y porque no estudiamos en profundidad los problemas", argumenta el secretario general del Ayuntamiento, Mario Corella.

"Me parece incalificable que lo que son meros errores administrativos se pretendan mezclar con el clima generalizado de corrupción en el partido socialista de desvío de fondos a bolsillos particulares y del partido", replica la concejal de Medio Ambiente, Esperanza Aguirre.

"Que el Tribunal de Cuentas haya descubierto irregularidades en 30 de los 4.170 contratos que hizo el Ayuntamiento en 1990 es insignificante", puntualiza el primer teniente de alcalde, Luis María Huete. Sin embargo, esos 30 contratos corresponde a 7.000 de los 45.470 millones (un 15%) que gastó el Ayuntamiento en ese año. "Pongo la mano en el fuego sobre la limpieza de los 30 contratos y sobre la honestidad de los concejales que los, adjudicaron", dice, y añade que pedirán los contratos realizados por el PSOE durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

Los números de Leganés

Pero mientras el PP de Madrid rechaza las conclusiones del Tribunal, sus compañeros de partido en Leganés (quienes pidieron que se investigasen las cuentas municipales en diciembre pasado) se congratulaban de que se hayan investigado y se señalen varias irregularidades en los números del municipio de las que podrían derivarse responsabilidades contables, según informa

El informe destaca que el Ayuntamiento se excedió en los límites legales marcados para solicitar créditos y operaciones de tesorería sin la pertinente autorización, un 25% y un 35%, respectivamente, de los ingresos corrientes del año anterior. Al mismo tiempo, considera "necesario ampliar la información contenida en la nota del interventor del Ayuntamiento, de 19 de junio de 1992". En ese informe, un funcionario, ya jubilado, manifestaba que los mandamientos de pago estaban "pendientes de colocación y sin sus cuentas justificativas".

Por su parte, IU de Fuenlabrada propuso ayer que se elabore un reglamento orgánico para obtener transparencia, según informa

. "No aceptaremos otras adjudicaciones", indicaron fuentes de IU, "hasta que no se cree una comisión de Obras y Contrataciones".