El alcalde de Colmenar de Oreja reparte varias obras entre dos concejales y su hermano

En Colmenar de Oreja (5.400 habitantes) todo queda en casa. El alcalde, Antonio García Fernández, del PP, encarga al concejal de Cultura, Angel Benavente, la arena de las obras municipales. A su hermano Miguel le adjudica los ladrillos del cementerio. La empresa del primer teniente de alcalde, Francisco Haro, arregla el suelo del Ayuntamiento. "Así todo es más barato", aduce el alcade. El alcalde es constructor y conoce la técnica de la adjudicación a dedo. Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, le encargó así ocho obras por 2.000 millones.

Estas prácticas, según la Ley de Contratos del Estado, son ilegales. Los ediles no pueden ser contratados o subcontratados para ejecutar obras municipales. Sin embargo, es un hecho habitual en esta localidad cercana a Aranjuez que se está preparando para ser plato natural de la última película de Luis García Berlanga. Para la cinta, que se inspira en el en frentamiento de dos pueblos, se ha pintado la plaza del municipio de azul y amarillo.Angel Benavente Sánchez, concejal de Cultura y Teatro, pasó al Ayuntamiento el año pasado nueve facturas por valor de 1.287.000 pesetas en concepto de portes. La mayor parte de los trabajos consistieron en trasladar arena a obras municipales. Este edil, en 1992, también cobró 151.000 pesetas por "servicios varios". En 1991, sus emolumentos fueron de 300.000 pesetas, de las cuales 123.200 correspondían a un "viaje a Villamanrique" (población distante unos 15 kilómetros de Colmenar de Oreja).

Antonio García, alcalde de la localidad, justifica esta contratación así: "Ninguno de los transportistas del pueblo quería hacer estos trabajos porque pagamos con varios meses de retraso y el acarreo de arena no es rentable. Han de adelantar de su bolsillo el precio de los áridos. Reconozco que esta contratación no se ajusta a la ley de contratos públicos. Se lo encargué, simplemente, porque nadie quería efectuar los portes. Se puede decir que casi obligué al concejal a hacerlos", explica.

El regidor considera que con esta contratación no se han lesionado los intereses del municipio, "que es lo que busca el espíritu de la ley".

Ampliación del cementerio

Pero los presupuestos de esta localidad también tienen ramificaciones familiares. El Ayuntamiento abonó, en 1993, 3.178.000 pesetas a Miguel García Fernández, hermano del regidor municipal, en concepto de material empleado en la ampliación del cementerio. En la memoria municipal sólo se indica, como justificante de estos pagos, el concepto "cementerio".

El alcalde lo explica así: "En los pueblos pequeños casi todos somos familia. Cuando pedimos presupuesto en los diversos almacenistas de la localidad se me olvidó decirle a la interventora que no se lo pidiese a mi hermano. Como no lo hice, y mi hermano es el más barato, le fue adjudicado. Miguel, incluso, pierde dinero con estos trabajos".

El grupo socialista de Colmenar de Oreja, en la oposición, considera, no obstante, más llamativo que el Ayuntamiento haya reembolsado al primer teniente de alcalde, Franciso Haro, las 400.000 pesetas que le debía Construcciones Atocha en el momento de su quiebra, en mayo de 1991.

Según explica la concejal del PSOE Visitación González, "la Comunidad decidió restaurar el Ayuntamiento en 1991. Para llevarlo a cabo, encargó a Construcciones Atocha los trabajos. Esta empresa, a su vez, subcontrató las obras con Francisco Haro por valor de 400.000 pesetas, ya que no tenía capacidad suficiente para efectuar los trabajos en nuestro pueblo. Como Atocha quebró, el Ayuntamiento se hizo cargo de la deuda, pero no por valor de las 400.000 pesetas convenidas, sino por 1.600.000 pesetas. Mañana pueden aparecer más acreedores y no se les podría denegar el pago ya que hay un precedente muy claro".

El alcalde, Antonio García, justifica estos abonos: "Si no se los pagamos, no nos termina el solado del Ayuntamiento porque Construcciones Atocha había quebrado. Eso ha ocurrido en muchos otros lugares y yo no estaba dispuesto. Así que le dije al concejal que los acabase y que el Ayuntamiento se haría cargo de los gastos. La diferencia en el precio con el contrato firmado con Atocha es el coste del material de construcción empleado".

A la espera de facturas

La jefe de la oposición municipal, Visitación González, espera todavía las facturas que justifiquen el gasto del material empleado.

En el artículo 9 de la Ley de Contratos del Estado se afirma que no podrán contratar con la Administración "cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985 del Regimen Electoral General". A su vez, en esta ley se señala que los concejales no podrán nunca ser "contratistas o subcontratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes".

Antonio García Fernández, propietario de la constructora Diafer, recibió, a su vez, adjudicaciones directas de la Dirección General de la Guardia Civil, en 1991, por valor de 2.000 millones de pesetas. Diafer es una de las empresas más beneficiadas por las contrataciones del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán. Según la comisión parlamentaria que investiga los hechos, Diafer recibió ocho adjudicaciones directas ese año. Sólo la reforma de la cafetería de la Dirección General costó 375 millones.

Fuentes municipales aseguran que en Diafer trabajan unas 100 personas.