Investigación en Getafe sobre una trama de funcionarios corruptos
Las contrataciones de la empresas Praper y Acuarán están bajo sospecha, igual que algunos, funcionarios municipales de Getafe. El alcalde de esta localidad de 142.000 habitantes, el socialista Pedro Castro, anunció ayer, en una conferencia de prensa, que ha creado una comisión investigadora para dar respuesta a las informaciones aparecidas en El Periódico de Catalunya donde se afirma que "un empresario de Getafe ha destapado el pago de supuestas comisiones ilegales al PSOE y a concejales socialistas de la localidad". El regidor getafense desmintió "absolutamente" estas acusaciones en lo que respecta a responsabilidades políticas, pero dejó abierta la vía de la implicación de varios trabajadores municipales.El pasado 24 de marzo, El Periódico publicó que el empresario Enrique Álvarez Arana, ejecutivo de las empresas Praper y Acuarán, y actualmente en paradero desconocido, había entregado comisiones ilegales a cambio de la obtención de obras públicas. El empresario detallaba tales pagos en una carta a su hermano José María Álvarez Arana, residente en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), y en una serie de documentos que fueron puestos a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Getafe. La juez ha admitido a trámite la querella interpuesta por José María Álvarez Arana y su esposa, Catalina Anillo, ambos vecinos de L'Hospitalet, contra el hermano del primero, el empresario Enrique Alvarez, así como contra dos directivos de Cajamadrid y dos técnicos del Ayuntamiento de Getafe. La acción penal recoge varios delitos, entre ellos la estafa y el cobro de comisiones ilegales. El motivo de la querella entre hermanos -además de los otros implicados- consiste en que José María era el avalista de Enrique, el empresario que ha desaparecido.
Uno de los escritos que Enrique Álvarez Arana dirige a su hermano de L'Hospitalet asegura: "He pagado al PSOE de Getafe alrededor de cuatro millones de pesetas". El diario barcelonés añadía la sospecha de que el empresario haya construido un chalé, valorado en 18 millones de pesetas, para José Antonio Serrano, concejal de Servicios Generales, quien sólo pagó 2,5 millones.
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Un funcionario de Getafe cobró presuntamente 10 millones
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Además, Serrano recibió otros siete millones de pesetas en metálico "y otras cantidades, en época de elecciones municipales, para pagar actuaciones de conjuntos y otros gastos", según señalan los documentos. El alcalde de Getafe ha negado la veracidad de estas acusaciones.
Otra de las personas a las que acusa el empresario getafense es el técnico municipal M. Á. M., quien recibió presuntamente más de 10 millones de pesetas. Este funcionario, que negó a El Periódico cualquier implicación en el caso, murió ahorcado en Villaviciosa de Odón. el pasado día 3. EL PAÍS intentó ayer sin éxito conversar tanto con Serrano como con los familiares de M. Á. M.
Sobre el técnico municipal, el primer teniente de alcalde de Getafe, Antonio Alonso, aseguró ayer que "tenía auténtico terror a que su nombre pudiera aparecer en los medios de comunicación", y añadió: "Gozaba de toda nuestra confianza".
El alcalde de Getafe también ha sido citado a declarar en el juzgado. El empresario Enrique Álvarez aseguró haber realizado diversas reparaciones en la casa de Pedro Castro y haber instalado un sistema de seguridad que el alcalde no pagó. Castro aclaró ayer: "No estoy en las diligencias, previas, y mi nombre aparece en un documento colateral; en relacion a mí, se dice que se ha hecho una obra de un timbre-alarma en casa de mi mujer por valor de 191.000 pesetas, y tengo la correspondiente factura".
140 millones
El primer teniente de alcalde concejal de Hacienda, Antonio Alonso, explicó que la relación mantenida por el Ayuntamiento con Praper y Acuarán se extendía a lo largo de cuatro años y el volumen de facturación alcanzado asciende a 140 millones de pesetas.
"Nosotros", continuó Alonso, "no tenemos constancia de que hubiera concurrido en los trabajos o en los documentos presentados por esta empresa ningún daño para el Ayuntamiento, pero si como consecuencia de estas diligencias se pudiera producir alguno, los servicios jurídicos tienen dada la orden de actuar para defender los intereses municipales y los de los dos; técnicos acusados".
Este periódico conversó ayer con Catalina Anillo -la esposa del hermano del querellante-, quien remitió a su abogado. El letrado se encontraba ayer por tarde ilocalizable en Madrid, según fuentes de su gabinete. El consistorio getafense, tras reunir y analizar toda la documentación relacionada con Praper y, Acuarán, hará públicos los resultados de la investigación el próximo viernes 22 de abril. Precisamente, la primera de estas empresas patrocinó el equipo de balommano femenino municipal durante la temporada 92-93. El conjunto, que militaba en la división de honor, se vio afecta de económicamente por la desaparición de Enrique Álvarez Arana a mitad de la campaña.
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