El Congreso sólo votará la candidatura de Jiménez de Parga para defensor del pueblo

La guerra de guerrillas entre las fuerzas políticas a propósito del nuevo defensor del pueblo continúa con toda intensidad, sin que los sucesivos movimientos alteren las líneas del adversario. La comisión mixta Congreso-Senado encargada de proponer candidatos a los plenos de ambas cámaras acordó ayer por mayoría dar luz verde a la propuesta de Manuel Jiménez de Parga, suscrita por el Grupo Socialista y otros cuatro grupos parlamentarios, y rechazar la de José Antonio Martín Pallín, presentada en solitario por el Grupo Popular. La falta de apoyo del PP al único candidato sobre el que podrá debatir y votar el pleno del Congreso hace prácticamente imposible su elección y deja las cosas como estaban.Tanto el portavoz de CiU, Jordi Casas, como el de IU, Pedro Antonio Ríos, anunciaron su apoyo a Jiménez de Parga por fidelidad al acuerdo suscrito con otros grupos. Ríos recordó que Martín Pallín había sido propuesto por su coalición en la anterior legislatura, pero advirtió que votarían a favor del candidato común porque pretenden "buscar el consenso, no torpedearlo". También el portavoz socialista, Francisco Valls, declaró el respeto de su grupo a Martín Pallín y el reconocimiento a su trayectoria "humana y política".

"Nos hubiera gustado que ese nombre se nos propusiera por parte del PP", aseguró Valls, "pero no podemos aceptar la forma en que se ha traído, sin hablar antes con nadie". El portavoz del PSOE interpretó que la presentación de la candidatura de Martín Pallín no pretende más que "obstaculizar, retrasar o impedir" el nombramiento de un nuevo titular para la institución.

"Van a ser ustedes"', les dijo a los diputados del PP, "los únicos responsables de que no se cubra la vacante y no se pueda atender la demanda de la sociedad, que quiere que se resuelva este vacío". Valls fue más allá al acusar a los populares de adoptar una postura de "filibusterismo" y obstruccionismo".

Paradójicamente, tanto los portavoces de CiU e IU, citándola expresamente, como el del PSOE, sin mencionar su nombre, hicieron público su reconocimiento a la tarea de Margarita Retuerto al frente de la institución del Defensor del Pueblo en su año largo de interinidad, mientras el portavoz del PP, Balbino Bados, no hizo la menor referencia. Margarita Retuerto fue designada adjunta al Defensor precisamente a propuesta del Grupo Popular.

Bados se limitó a leer un historial académico y profesional de Martín Pallín, desde el bachillerato, a destacar su actividad en defensa de los derechos humanos y a dar lectura a la relación de la decena de organizaciones no gubernamentales que propusieron su nombre a los grupos parlamentarios. A continuación pidió que la comisión diera paso al pleno de las cámaras a ambos candidatos y solicitó votación secreta.

Las votaciones

Las dos votaciones sucesivas arrojaron el siguiente resultado: Jiménez de Parga obtuvo 24 votos a favor, 14 en contra y uno en blanco. El número de votos contrarios coincide con el de comisionados del PP sobre el total de 39. Martín Pallín cosechó 14 votos a favor, 23 en contra y 2 en blanco. Todos los grupos menores aseguraron haber votado por Jiménez de Parga y contra Martín Pallín, lo que alimenta la sospecha de que fueron dos diputados socialistas los que se abstuvieron frente al candidato de los populares.

El portavoz del Grupo Popular anunció un posible recurso nada más conocer el resultado. Argumentó que la ley orgánica que regula la institución del Defensor del Pueblo se refiere a la posibilidad de que la comisión eleve a pleno uno o varios candidatos, pareciendo ignorar que el mismo texto establece una votación sobre cada propuesta, de forma que lleguen al pleno las que consigan mayoría simple (más votos a favor que en con tra). Este resultado sólo lo obtuvo ayer Jiménez de Parga.

La candidatura aprobada por la comisión debe ser sometida a votación en el pleno del Congreso de los Diputados no antes de 10 días. Para su aprobación se requiere una mayoría de tres quintos (210 votos), que sólo podría conseguirse con el voto de todos los diputados de todos los grupos -incluidos los dos parlamentarios de Herri Batasuna- más el voto de un diputado del Partido Popular. La falta de acuerdo con los populares, por tanto, hace prácticamente imposible su aprobación.