El Supremo confirma 11 años de prisión para tres condenados del 'caso Uteco'
Los tres inculpados por el caso Uteco -Domingo Solís, su hijo Felipe Solís y Ricardo Cruz- ingresarán en prisión después de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de casación que interpuso el abogado José María Stampa Braun, tras la sentencia dictada por la Audiencia de Jaén en junio de 1992. La sentencia condenaba a los tres máximos responsables de la Caja Rural y Unión Territorial de Cooperativas (Uteco) a un total de 11 años de cárcel por delitos de falsedad en documento mercantil y por apropiación indebida de 170 millones de pesetas. Los inculpados, según se recoge en la sentencia conocida ayer, utilizaban recursos ajenos de la Caja Rural Provincial para financiar a Uteco y a la Cooperativa Provincial Agrícola (CPA), lo que desencadenó un caos financiero detectado por el Banco de España.
Los tres inculpados han presentado en la Audiencia de Jaén la solicitud de indulto, basada en que carecen de antecedentes penales, están insertados en la sociedad y en el hecho de que la sentencia refleja que ninguno de ellos se lucró con el dinero, aunque se desconoce el destino final del mismo. Por tanto, será ahora la Audiencia quien tenga que determinar si entrarán o no en prisión de forma inmediata.
Ricardo Cruz, director gerente de la Caja Rural, con el conocimiento de Domingo Solís, presidente de esta entidad así como de Uteco y CPA, alteró el balance de resultados de la caja en diciembre de 1981. Ambos, junto con el director del departamento de exportación de Uteco, Felipe Solís, se apropiaron entre los meses de junio y septiembre de 1982 de 177 millones de pesetas, que sacaron sin realizar las justificaciones contables pertinentes de la Caja Rural Nacional.
Felipe Solís firmó ocho talones por un importe de 177 millones de pesetas de la cuenta de Uteco.
La sentencia restó a esta cantidad los ocho millones de pesetas que el economista José Terceiro cobró por la realización de un estudio de viabilidad de las dos empresas de Jaén, por lo que impuso una indemnización de 170 millones de pesetas, a la que tendrán que hacer frente los tres acusados.
La resolución del Tribunal Supremo acaba con un caso que se remonta al año 1982. Los autos de procesamiento se dictaron en 1986, mientras que el juicio se retrasó hasta 1992 después de que se produjese un primer aplazamiento de la vista oral en el año 90.
