Moreiras se inhibe del 'caso Enatcar' en favor de un juzgado de Madrid

El juez central de delitos monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, se inhibió ayer en favor del juzgado de instrucción numero 10 de Madrid del denominado caso Enatcar, relacionado con el presunto pago de comisiones al sindicato UGT. El juez considera que de las diligencias se puede desprender un presunto delito de malversación de caudales públicos que no es competencia de la Audiencia Nacional, por lo que ha aceptado la inhibición propuesta por el ministerio fiscal.

En el auto de inhibición, Moreiras sintetiza en cuatro operaciones las "anomalías" detectadas y acepta, en los mismos términos que empleó el presidente de Enatcar, Rafael Ortega, que algunos de los presuntos hechos que se desprenden de la investigación son "muy gordos".

La primera de las presuntas operaciones reflejada por Moreiras se refiere a la compra por Enatcar de 80 autocares Mercedes a 23 millones cada uno, por los que se pasaron facturas falsas de 29 millones, expedidas por Antonio Teruel Urbaneja. La diferencia de seis millones en cada autocar arrojó un montante de 480 millones que cobró Fernando Calvo, cuñado del presidente de Enatcar, Rafael Ortega y presidente a su vez de una filial de Enatcar. Al parecer, Calvo dió una comisión a Teruel Urbaneja, ingresó a su nombre 54 millones en un banco de Portugal "y el resto, parece ser, lo entregó a UGT".

La segunda "anomalía" consiste en la venta por Enatcar a la Federación de Transportes de UGT de un autocar en 1,3 millones de pesetas. Enatcar hizo una reforma al vehículo para adaptarlo a la oficina rodante de "UGT-En ruta" que costó unos 10 millones. Según el auto judicial, esta cantidad "se cargó en concepto de supuestas reparaciones como si hubiesen sido hechas en otros diez autocares de Enatcar, pues así le exigieron que lo facturara al taller que hizo la reforma, poniéndoselo como condición indispensable si quería cobrar ese trabajo".

Pago de comisiones

La tercera operación se remonta a la venta de líneas de transportes de pasajeros por carretera que tuvo que hacer Enatcar a la entrada en vigor de la ley de Transporte por Carretera. Uno de los empresarios privados del transporte, Cecilio Cereceda González, manifestó que para poder comprar la línea que venía explotando como concesionario "tuvo que dar a UGT 20 millones de pesetas que entregó a Paulino Barrabés, entonces tesorero de ese sindicato". Ese dinero se ingresó en una cuenta del BCH de la que, según Moreiras, son titulares además de Barrabés, Nicolás Redondo y Sebastián Reyna. La última "anomalía" se refiere al pago de 17 millones de pesetas a la fundación Fundescop, de UGT, en pago a un supuesto informe sobre el futuro del transporte ferroviario "que nadie parece haber encargado, ni fue recibido en Enatcar, ni aparece en sus archivos".