"Castilla y León era una región resignada y ahora se ha puesto en pie"
Juan José Lucas asegura que Castilla y León ha dejado de ser una región resignada y se ha puesto en pie. El dirigente del PP quiere que su región aporte "un toque de mesura, se diálogo y de vitalidad". Sin que eso le impida exigir respeto como una autonomía de primera.
Este soriano de 50 años, casado y con dos hijos, asegura que su estilo no es "el del grito destemplado, sino el de la exigencia en un tono de dignidad".
Pregunta. ¿Cuál es el papel de Castilla y León dentro del Estado de las autonomías?
Respuesta. Es un papel vertebrador e integrador de la España de las autonomías. Si yo fuera presidente del Gobierno, aprovecharía esta comunidad, que ofrece un principio de lealtad constitucional y que pide confianza, para que desde ella se vertebre el Estado de las autonomías como concepto dinámico, no cerrado ni dogmático. De manera que esta región puede establecer un toque de mesura, de diálogo y de vitalidad.
P. Sin embargo, hace pocos días, Juan Morano, alcalde de León y militante del PP, puso en tela de juicio el papel de las administraciones regionales.
R. Somos autonomistas por que somos municipalistas y, desde luego, el PP tiene cerrado, como creo que, con fortuna, también el PSOE, el mapa autonómico de Castilla y León. Cualquier exigencia de individualismos o de revisión de ese mapa sería la locura colectiva.
P. ¿Castilla y León sufre atrasos por haber sido poco reivindicativa ante la Administración central?
R. Tradicionalmente ha sido una comunidad resignada que, a propósito de los últimos meses y de determinados acontecimientos que han ocurrido, a lo que no es ajeno el primer monumento de los romanos en Occidente, que es el acueducto de Segovia, se ha puesto en pie. He encontrado una respuesta social como nunca. Se ha bloqueado la centralita con las llamadas de apoyo a la postura del Gobierno regional, que ha exigido respeto hacia el patrimonio histórico-artístico de esta comunidad.
P. ¿Eso quiere decir que Castilla y León ya no está por callarse?
R. No, Castilla y León no está por el silencio. Tampoco está por el grito destemplado, sino por la exigencia en un tono de dignidad, de reconocimiento del momento de crisis económica que vivimos, pero con una vitalidad interna como yo no conocía desde hace muchos años.
P. Usted suele hablar de cierta desconsideración política y deja vislumbrar en sus discursos quejas ante la posible discriminación del Gobierno central hacia Castilla y León.
R. Castilla y León apela a una situación de exigencia, de reivindicación, de dignidad y de respeto. Esta comunidad reclama la dignificación de los castellanos y leoneses y de la condición política de esta autonomía como autonomía de primera.
P. ¿Qué función juega su Ejecutivo en la promoción del castellano ante el creciente protagonismo de las lenguas de otras comunidades?
R. Está pendiente el gran homenaje a la lengua española, creo que en 1994 se puede producir, como una lengua a la que no se puede acusar de centralista, sino, al contrario, como un elemento de riqueza que es simultáneo con el respeto que nos merecen todas las lenguas de España.
P. ¿Qué futuro vislumbra para su región, cuando va a cumplir mil días en el gobierno?
R. En 1993, el producto interior bruto (PIB) ha sido el mayor de España, con un aumento próximo al 3%, superando en cuatro puntos la media nacional, y la primera comunidad que ha generado riqueza. Esto es un motivo de satisfacción y de esperanza, pero, con todo, la mayor riqueza de esta comunidad está en la cualificación y en la formación de sus hombres y mujeres.
P. ¿El hecho de que usted suba en popularidad puede provocar celos en el PP nacional?
R. La sintonía personal y política del Gobierno de Castilla y León con el partido que le apoya es absoluta. En ningún caso podría existir esa posibilidad que apunta. Sí es verdad que Castilla y León se ha puesto de moda, en el sentido de que ha manifestado aspectos positivos, como su ascenso económico en el PIB, la reciente visita de los Reyes, que ha generado esperanzas, y la reivindicación de la defensa del patrimonio, que no iba contra ninguna comunidad, sino contra el Gobierno central.
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