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La Seda absorbe su patronato laboral para evitar la quiebra técnica de la empresa

La Seda de Barcelona ha absorbido el patronato laboral de la empresa -propiedad de los trabajadores y de la propia empresa- para evitar la situación de quiebra técnica. Antes de cerrar el ejercicio del pasado año, con unas pérdidas de 4.000 millones de pesetas, la compañía se comió el 80% de sus recursos propios (5.000 millones). Con el fin de restablecer su equilibrio patrimonial, La Seda ha incorporado los activos inmobiliarios de su antiguo patronato. Las tensiones entre el presidente de la empresa, José María Villamarín, y el director general, Rafael Español, abren otro episodio en el conflicto iniciado con la salida de Akzo.

Las pérdidas de La Seda en 1993 ascienden a 4.000 millones, de los cuales 2.800 corresponden a la actividad industrial-sobreproducción y difícil situación del mercado nacional de la fibra- y "el resto se deriva del coste financiero", afirman medios del equipo de gestión. La Seda tiene una deuda global de 12.000 millones entre préstamos bancarios a largo plazo y deudas con la Seguridad Social, Hacienda y el Fondo de Garantía Salarial.

El presidente de la compañía, José María Villamarín, manifestó el jueves a este diario que las pérdidas son superiores y ascienden a 4.500 millones, "lo que demuestra la crítica situación de La Seda". Villamarín admitió que está investigando la gestión del director general, Rafael Español, "tanto por la situación financiera como por las demandas presentadas por un grupo de accionistas minoritarios que acusan al director general de haber cometido irregularidades". Villamarín destacó que el consejo no ha tomado "todavía ninguna decisión respecto al futuro de Español porque, a pesar de la situación, la destitución sería prematura". Otros medios del consejo de La Seda denunciaron que Villamarín actúa de común acuerdo con el abogado Jacinto Soler Padró, titular del 58% del capital de La Seda desde que en 1991 la multinacional holandesa Akzo le cedió su participación al precio simbólico de una peseta. Soler Padró intentó vender la compañía, pero una serie de demandas judiciales, que lo enfrentaron con los gestores de la empresa, desembocaron en el depósito cautelar de sus acciones decretado por un juez.

Ante la difícil situación de la compañía, el equipo de gestión de La Seda consiguió el apoyo de los trabajadores para fusionar la empresa con el patronato laboral traspasando al balance de la compañía 3.500 millones de pesetas correspondientes al valor contable de los activos inmobiliarios del patronato. Estos activos constituyen la reserva técnica de los pasivos en pensiones de los trabajadores de La Seda desde los años cincuenta, cuando gestionaba la empresa Laureano Lopez Rodó, ex gerente del Plan de Estabilización, con los criterios paternalistas de aquel tiempo.

Ahora, para absorber el patronato laboral, la empresa ha tenido que dotar primero su fondo de pensiones con 250 millones de pesetas obtenidos a través de un crédito hipotecario de 750 millones del Banco de Sabadell ofreciendo como garantía la sede social de la compañía en la Vía Augusta de Barcelona. Los restantes 500 millones de este crédito se destinarán de momento a un fondo social sobre el que se diseñará el futuro fondo de pensiones externo de la compañía, que en la actualidad tiene una plantilla de 1.700 trabajadores.

Las pérdidas de La Seda antes de cerrarse el ejercicio de 1993 superaban el 50% de los recursos propios de la compañía. "Si no se hubiese realizado la fusión con el patronato, La Seda se encontraría en situación de quiebra técnica como prevé la normativa de la Ley de Sociedades Anómimas", coincidieron en señalar a este diario medios del consejo de la compañía y fuentes de la Generalitat de Cataluña, que tutela el futuro de la empresa de común acuerdo con sus gestores tras haberle concedido un aval de 1.500 millones de pesetas.

Pujo] se distancia

La preocupación de la Generalitat por el futuro de La Seda se ha incrementado estos últimos días tras conocerse las pérdidas de 1993, cuya magnitud intensifica el deterioro del primer fabricante español de fibras químicas. Por este motivo, y ante la existencia de una nueva situación de crisis en el órgano de representación mercantil de la empresa, el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha declinado el ofrecimiento de los gestores para que efectuara una visita oficial a La Seda el próximo 7 de abril.

La actual situación de La Seda se debe en gran medida a que no ha podido aplicarse el plan de viabilidad diseñado por el actual equipo de gestión. Este plan establece las bajas incentivadas de 200 empleados y un amplio programa de desinversiones. Rafael Español afirma: "No podemos aplicarlo [el plan] porque, cada vez que nos sentamos a negociar la venta de un inmueble, Jacinto Soler Padró entorpece la operación presentando la titularidad de su participación en el capital y haciendo valer la anotación del Registro Mercantil que le reconoce ciertos derechos aunque no esté representado en el consejo".

Un ejemplo del acoso mercantil que aplica Soler Padró en La Seda es la frustrada venta de un inmueble de la empresa por el que el grupo Pryca ofreció 1.500 millones. El grupo March, propietario de Pryca, decidió no realizar la operación al comprobar que las dificultades legales presentadas por Soler Padró podía enmarañar la operación.

El letrado 'vienés'

Para marcharse de La Seda, la holandesa Akzo buscó un hombre de paja y encontró al letrado Jacinto Soler Padró, a la sazón cónsul de Austria en Barcelona. Pero a los pocos días de convertirse en el patrón, la cancillería vienesa lo destituyó sin contemplaciones. El atrabiliario Jacinto Soler Padró quiso atrapar la quimera de Midas: compró La Seda por una peseta porque los holandeses no la querían e intentó vender la en varias ocasiones convencido de materializar los 50.000 millones en activos inmobiliarios que posee esta empresa. Poco le importan los 1.700 trabajadores distribuidos en la cuenca del Llobregat y un polígono de Alcalá de Henares (Madrid); mucho menos las voluntades políticas y sindicales de la mayoría, representada ahora en el consejo de administración que gestiona la empresa. Un año y medio después de la venta ficticia, la empresa de fibras era un campo de batalla, hasta que un juez puso freno a Soler decretando el embargo cautelar de sus acciones y la suspensión de los derechos políticos.

Llegaba la solución. La Generalitat concedió un aval público, propició el nombramiento de dos consejeros afines al pujolismo económico -Carles Vilarrubí y Artur Mas-, auspició a Rafael Español para el cargo de director general y balanceó la solución con los socialistas Pere Grau, ex presidente de Catalana de Gas, y Joan Majó, ex ministro de Industria. Sólo quedó un cabo por atar: Villamarín, un antiguo mando intermedio de La Seda que se encontró con la presidencia de la empresa más por omisión ajena que por méritos propios. Ahora Villamarín es la baza de Soler Padró, dispuesto a reabrir el penúltimo capítulo de una crisis episódica.

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