"Algunas gratificaciones pueden ampararse por los fondos reservados"

Las acusaciones de rápido enriquecimiento contra el último director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, han suscitado algo más que sospechas sobre el uso de los fondos reservados del Ministerio del Interior. Todas las miradas se han concentrado en lo que vaya a hacer el fiscal del Estado, Eligio Hernández.Pregunta. ¿Es o no delito de malversación disponer de fondos reservados en beneficio propio?

Respuesta. Yo creo que ha quedado claro que los fondos reservados no pueden ser utilizados para enriquecimiento personal. Si se demuestra que una persona se ha enriquecido, evidentemente ahí hay un delito. Pero la investigación es enormemente complicada porque son materias clasificadas y tienen la consideración de secreto. Lo cual no quiere decir que no se puedan y deban investigar. En este caso, lo que ha hecho la Fiscalía del Estado ha sido reconducir el tema a la investigación del caso Roldán. En ese marco procesal es donde el fiscal y los jueces tienen que investigar si hubo o no enriquecimiento con fondos reservados.

P. Pero esos 28 altos cargos del Ministerio del Interior que presuntamente han cobrado gratificaciones se habrán enriquecido.

R. Bueno, yo no diría eso, porque puede haber gratificaciones concretas para servicios que afecten a la seguridad del Estado, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, que podrían estar amparadas por los fines de los fondos reservados. O dicho de otra forma: no toda gratificación supondría un enriquecimiento indebido. En todo caso, se trata de una noticia periodística que, dada la naturaleza de los fondos reservados, no puede provocar una investigación.

P. Y al margen del caso Roldán, ¿va usted a instar una investigación sobre los eventuales destinatarios de esos fondos?

R. No, porque desde el momento en que hay un procedimiento judicial abierto en el que se está investigando a una persona que aparece como la principal implicada, no puede haber una investigación paralela.

P. Usted dijo en una ocasión que un hecho puede ser éticamente reprobable, políticamente reprochable o socialmente impresentable y no ser delito. ¿Bajo qué etiqueta puede clasificarse el caso de los fondos reservados?

R. El enriquecimiento personal con fondos reservados es social, ética y jurídicamente reprochable. Pero hay que distinguir entre gratificaciones de una naturaleza y de otra. Las que son para gratificar servicios que afectan a la seguridad del Estado, creo que están amparadas. Todos sabemos dónde están los límites, aunque es muy difícil establecerlos luego.

P. Pero al no haber ningún control parlamentario...

R. Control hay, y si no, que se perfeccione. Eso es una cuestión distinta. Es ahí hacia donde hay que reconducir la cuestión. Pero el control no tiene por qué ser in vestigar en todo caso si ha habido un delito. Es una investigación judicial que a priori está destinada al fracaso, porque siempre se puede alegar que los fondos se destinaron a los fines correspondientes... Tendría yo que tener una prueba en contrario, y la administración judicial tiene sus limitaciones en esta cuestión. Se demostró en el caso Amedo.

P. ¿No pensó usted que recibir a José Amedo, policía condenado por su vinculación con los GAL, podía perjudicar la imagen de la Justicia?

R. Yo no recibí a Amedo a medianoche, ni clandestinamente. Fue a media mañana y estaba todo esto lleno de gente. Había solicitado una entrevista conmigo, y normalmente a los penados que solicitan entrevistas conmigo les recibo, no sólo a Amedo. Me pareció conveniente conocer las razones que le llevaban a pedir su indulto y lo hice a sabiendas de que iba a ser criticado.

P. ¿Le ha vuelto a recibir?

R. No. Y han desfilado por aquí no menos de diez presos que están cumpliendo condena.

P. ¿Cómo va el indulto?

R. Bueno ... me imagino que ése es un tema que ya no se puede atar mucho tiempo y que habrá que emitir un informe por parte de la Fiscalía del Supremo.

P. ¿Es inminente?

R. No, no es inminente, pero será en un plazo próximo.

P. ¿No se siente usted incómodo cuando asociaciones de fiscales y jueces han impugnado su nombramiento?

R. No me molesta especialmente. No tengo ninguna duda de que el nombramiento es legal. Ni la tuvo el Gobierno ni el Consejo del Poder Judicial.

P. ¿Conoce ya la fecha en que el Supremo verá el recurso?

R. Está pendiente de señalamiento. Si hubiera un pronunciamiento contrario al que yo espero, me iría a casa tranquilamente. Soy magistrado en Canarias y esta responsabilidad en la que estoy ahora para mí ha sido apasionante, a pesar de las críticas. No soy un político a la busca de cargos y no tengo ninguna preocupación por mi porvenir político.

P. ¿Nunca ha querido ser ministro del Interior?

R. No, no, nunca he luchado por ninguno de los cargos que he ostentado. Me he limitado a aceptar las propuestas.

P. ¿Con qué ministro del Interior le ha ido mejor, con Corcuera o con Asunción?

R. Siempre he apoyado la política del ministro del Interior, con independencia de cómo se llame. Incluso cuando era juez de la Audiencia Nacional, mucho antes de gobernar el PSOE, procuré siempre apoyar al ministerio del Interior por la misión delicada que tiene. Siempre he sido sensible con todos los ministros del Interior, con independencia de la persona.

P. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha quejado de las penas pedidas por los fiscales del País Vasco para dos intermediarios que negociaron con ETA la liberación del industrial Emiliano Revilla. ¿Quién lleva razón?

R. La discrepancia la, he sometido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, y estoy pendiente del dictamen. Lo que lamento profundamente es la filtración de una queja interna de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El fiscal de Bilbao merece todos mis respetos, goza de mi absoluta confianza y admiración personal y le tengo un afecto especial.

P. ¿Cómo va el caso de las viviendas de la PSV?

R. Se han interpuesto más de 20 querellas sólo en Madrid y las estamos remitiendo a la Audiencia Nacional. Solicitaremos al juez que paralice los juicios ejecutivos contra los cooperativistas, que no sólo perdieron el dinero y la vivienda sino que además firmaron letras. Queremos paralizar las acciones civiles hasta que se diluciden las responsabilidades penales.

P. ¿Por qué hay esa sensación de que la Justicia no investiga la corrupción?

R. Yo lo que creo es que el ciudadano percibe un ineficaz funcionamiento de la Justicia y tiene que entender es que si los casos de corrupción no se esclarecen con prontitud es por defectos de funcionamiento, no porque no haya la voluntad categórica de fiscales y jueces de investigarla. Ni el Gobierno ni el fiscal del Estado son, ni pueden ser, obstáculo para que fiscales imparciales y jueces independientes investiguen un hecho delictivo. ¿Algún juez en otro país ha puesto en marcha todas las facultades para investigar como aquí ha hecho el juez de Filesa? Ha recabado todos los documentos, ha hecho todas las diligencias habidas y por haber, y a nadie se le ha ocurrido limitar su actuación en ese tema, ¿no?

P. En Italia la Operación Manos Limpias es más contundente.

R. Porque hay privaciones de libertad que aquí no se producen. Allí la financiación ilegal es delito y aquí no.

P. Últimamente se observa la proliferación de profesionales de las querellas...

R. Sí, en efecto, hay una proliferación de querellas infundadas, un uso y abuso de la acción popular, que es lo que transmite luego la imagen de que existen casos de corrupción que no se investigan. Es muy dificil atajarlo. Yo cometí la osadía de ordenar a los fiscales que se opusiesen a las acciones penales infundadas contra los políticos y... ¡vaya andanada que me dieron! No sé cómo se me ocurrio a mí defender a los políticos honrados, que los hay.